Burro-cracia y Simplificación de Trámites

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Con el apoyo de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de México (“CONAMER”), el Consejo Nacional de Competitividad (el “CNC”) presentó el informe conjunto sobre Simplificación de Trámites en la República Dominicana.

Este informe – sin precedentes en la República Dominicana – estima el Costo Económico Social (CES) de 1,873 trámites y servicios correspondientes a 43 instituciones del país. Partiendo de una metodología adoptada del CONAMER, el CES combina tanto el tiempo que los usuarios privados tardan en reunir los requisitos de los trámites, como el tiempo que las instituciones tardan en solucionar dichos trámites y servicios.

El estudio concluye que el CES de los trámites analizados asciende a DOP 197,163,949,959 – lo que representa 5.46% del producto interno bruto (PIB) de la República Dominicana para el año 2017.

El 93.8% de dicho Costo Económico Social lo sufragan los usuarios. Es decir, los ciudadanos y agentes económicos que requieren de los servicios. Mientras que el restante 6.2% corresponde al componente del sector público. Sin embargo, el contribuyente es que termina pagando este último indirectamente, a través de los impuestos.

Por lo que la carga completa la paga usted, lector.

El CNC enfocará sus esfuerzos en la simplificación de 88 trámites prioritarios que estima generarían un ahorro de DOP 130,965,956,855. Es decir, 2/3 partes – aproximadamente, un 66.42% del CES.

Los trámites prioritarios más socialmente dispendiosos corresponden a: Ministerio de Salud Pública (13 trámites), Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (8 trámites), Dirección General de Impuestos Internos (5 trámites), Ministerio de Educación (5 trámites) y Dirección General de Migración (3 trámites).

Es aparente que el Costo Económico Social total identificado es una cifra alta, pero difícil de comprender. Por eso resulta útil compararlo con otros indicadores para tener una idea de la dimensión envuelta.

Por ejemplo, al 31 de diciembre de 2018, el Banco de Reservas – el más grande del país medido por activos – tenía activos totales por DOP 491,486,413,558.

En comparación, el CES de los trámites equivaldría a un 40.12% de los activos del Banco de Reservas (ver comparación visual en la Gráfica 1). También a un 11.06% de los activos totales en el sistema financiero dominicano a la misma fecha de corte, según estadísticas de la Superintendencia de Bancos.

Gráfica 1

CES 1

De hecho, si el CES representara activos bancarios, la tramitomanía burocrática total del Estado Dominicano fuera el cuarto banco más grande del país – después de Banreservas, Banco Popular y el BHD León – superando incluso los activos resultantes de la fusión del Scotiabank con el Banco del Progreso.

Si nos vamos al Presupuesto General del Estado (“PGE”), que para 2019 asciende a DOP 921,810,546,351, apreciamos que el CES representa aproximadamente un 21.39% del PGE 2019.

La tramitología se traga casi 3 veces el presupuesto de la Presidencia de la República para 2019, que ronda los DOP 66,429,285,067. También 11.05 veces lo que se presupuestó en 2019 para el Poder Judicial y los órganos de rango constitucional – incluyendo la suma de los presupuestos de la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas.

De hecho, la Gráfica 2 muestra cómo se compara visualmente el CES total a la suma de los presupuestos asignados en 2019 a la Presidencia de la República, el Poder Judicial, Poder Legislativo y Órganos Constitucionales. Estos presupuestos combinados apenas equivalen a un 46.44% del CES.

Gráfica 2

CES2

Es más, si nos acreditaran el dinerito que nos cuesta la tramitología, podríamos financiar 27 años del presupuesto de ambas cámaras del Poder Legislativo, manteniendo el mismo presupuesto nominal asignado en 2019.

Si llevamos el costo de las regulaciones a Dólares de los Estados Unidos (USD) – asumiendo una tasa de cambio USD/DOP de 50.60 – estamos hablando de aproximadamente USD 3,896 millones. Según los datos del Fondo Monetario Internacional para 2018, este monto sería mayor al PIB de varios países, incluyendo: Surinam (USD 3,840 millones), Sierra Leona (USD 3,754 millones), Guyana (USD 3,636 millones), – y mayor que el PIB de muchos otros países y microestados más.

Ciertamente, si la tramitomanía alborozada de los distintos reguladores nos está costando el PIB de otros países – es un buen momento para despertar.

Por esto hay que apoyar el Plan Nacional de Mejora Regulatoria, y la iniciativa de RD + Simple del CNC.

A pesar de estos esfuerzos incipientes, los reguladores nacionales y el congreso a menudo parecen tener una agenda de desmejora regulatoria – buscando contrarrestar la mejora con tonterías como la ley que prohíbe la hookah, leyes que nombran edificios o con la ley que establece la colegiatura obligatoria de los abogados.

¡Llegó el momento de regular mejor!

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