Cuatro jinetes del apocalipsis judicial dominicano (1 de 2)

Jinetes del Apocalipsis1Figura 1. Cuatro Jinetes del Apocalipsis, de Viktor Vasnetsov (1887)

El profesor y analista económico del derecho, Santos Pastor-Prieto (Q. E. P. D.), escribió sobre lo que él consideraba eran entonces los “cuatro jinetes del apocalipsis judicial” español: “lentitud, costes, ineficacia e imprevisibilidad”.

Al estudiarlo desde el contexto dominicano uno necesariamente se pregunta: ¿cuáles son los jinetes o problemas que afectan al sistema de justicia dominicano – específicamente, al Poder Judicial? ¿Son menos o más de cuatro?

Un análisis estrictamente positivo (descriptivo) no puede enfocarse sólo en el tema de la percepción de corrupción y de falta de independencia que aquejan a la justicia dominicana desde que inició la reforma judicial de 1997. Más que un jinete, la falta de credibilidad e independencia son huestes. Estos son problemas arraigados y atrincherados que la nueva dirección del Poder Judicial y del Consejo del Poder Judicial deberán encarar.

Al margen de estos problemas, que no voy a tratar aquí, el Poder Judicial tiene sus jinetes del fin – o sus caminantes blancos, si se quiere (ya que muchas personas están más familiarizadas con Juego de Tronosy la serie de novelas Canción de Hielo y Fuego, que con la escatología cristiana). Estos son problemas macro de orden estructural (no microproblemas relacionados con la falta de asientos en los palacios de justicia o inodoros que no descargan). No argumento que son todos los problemas, ni los únicos que existen.

En mi opinión, los jinetes del apocalipsis judicial dominicano son:

  1. Mora judicial (lentitud del Prof. Pastor-Prieto)
  2. Presupuesto y recursos
  3. Gestión humana
  4. Coordinación interinstitucional

Para mantener el artículo breve, en esta primera parte me referiré a la mora judicial y a los problemas presupuestarios. Los dos últimos problemas se tratarán en un segundo artículo.

Mora judicial

La mora judicial, ya está caracterizada por los jinetes del profesor Pastor-Prieto. La mora es un jinete que viste toga con ribetes morado-obispo y cabalga sobre una tortuga, cargando un saco lleno de expedientes retrasados. La mora blande lentamente un mallete que nunca golpea.

La mora judicial está relacionada con la demanda del sistema de justicia. También con la oferta de justicia – medida por la cantidad de casos que los tribunales resuelven (tasa de resolución). Para combatir la mora se necesita más que un plan improvisado. Se requiere de políticas sistemáticas que eviten que vuelva a ocurrir en el futuro.

En un reflexión anterior, propuse el diseño de cuatro nudgeso empujoncitos que combinados con nuevas tecnologías podrían ayudar a combatir la mora judicial. Los nudges son herramientas de la economía conductual propuestos por el laureado Nobel de Economía Prof. Richard Thaler y el Prof. Cass Sunstein de la Universidad de Harvard.

Los nudges propuestos son: (1) los recordatorios automatizados (notificaciones y alertas), (2) la revelación inteligente de información (Smart Disclosure); (3) las estrategias de compromiso previo (metas de resolución y calidad de sentencias); y (4) el uso de las normas sociales (informar sobre estadísticas y desempeño de jueces y tribunales similares).

Estos nudges podrían implementarse a través de una aplicación móvil o desktop (de escritorio) del Poder Judicial, y del sistema de correos electrónicos, donde los jueces reciban notificaciones, recordatorios y puedan continuamente visualizar estadísticas sencillas sobre su carga de trabajo en tiempo real. Lo más importante de esta propuesta es que puede ser implementada de manera relativamente poco costosa – al menos en comparación con el costo de los planes ad hocde combate contra la mora judicial que se han llevado a cabo en el pasado.

Falta de presupuesto

La falta de recursos es el segundo jinete apocalíptico – o caminante blanco, que deberá encarar el Poder Judicial. Este es un jinete limosnero que anda sin caballo (porque no tiene con qué comprar uno).

A través de rigurosos estudios en los que he tenido el privilegio de participar, trabajando con los más connotados expertos nacionales, identificamos que muchos de los problemas que viene arrastrando el Poder Judicial tienen su origen en una década presupuestaria perdida (entre 2006-2016), donde el gasto asignado a las instituciones del sistema de justicia no aumentó en sintonía con la criminalidad existente y el aumento de la demanda del sistema.

La Figura 2 muestra visualmente esta década presupuestaria perdida, presentando el gasto real per cápita en el Poder Judicial entre 2006-2019. La gráfica permite apreciar que los niveles de gasto real per cápita que existían en 2006 (aprox. DOP 605.41 por persona[1]) no volvieron a igualarse sino hasta 2016, cuando el gasto real per cápita superó nuevamente el umbral de DOP 600 por persona, colocándose en DOP 639.82 de gasto presupuestado por cada dominicano.

Figura2Figura 2

El resultado equivale a darle el mismo monto de dinero a sus hijos para merendar durante 10 años. Esto sin tomar en cuenta que los niños van creciendo y que los precios de las meriendas van aumentando. Prácticamente, es enviar a sus hijos a pasar hambre a la escuela.

Este descalce deficitario anual entre el presupuesto asignado y la demanda de justicia se fue acumulando como bola de nieve, produciendo una deuda presupuestaria técnica. Esto es como intentar levantar un rascacielos sobre la base de una zapata mal construida.

Todo esto sin considerar que el Poder Judicial y el Ministerio Público nunca han recibido las partidas presupuestarias que le corresponden según la Ley núm. 194-04. Encima, a partir de la Constitución de 2010 se crearon nuevos órganos jurisdiccionales que también necesitan ser financiados, compitiendo por recursos presupuestarios con el Poder Judicial. Todo esto incide en que se traten de buscar recursos a través de tasas parafiscales, que no hacen más que crear barreras de acceso para los usuarios de las instituciones del sistema de justicia.

El reto presupuestario será uno de los primeros que deberá enfrentar la nueva directiva del Poder Judicial Dos factores incidirán en el proceso. Primero, en 2020 se celebrarán las elecciones más complejas y costosas de la historia de la República Dominicana. Esto implica que existirá mayor constreñimiento presupuestario (budget constraint) para financiar las necesidades de las distintas instituciones (ver la Figura 3).

Figura3Figura 3

El segundo factor es que históricamente, el presupuesto que recibe el Poder Judicial poco tiene que ver con las necesidades reales del sistema. De hecho, típicamentese asigna en función del monto presupuestado para el Poder Judicial en el año inmediatamente anterior. Tampoco se asigna tomando en cuenta otros factores objetivos como: demanda y litigiosidad, niveles de criminalidad, necesidades de inversión de capital o desarrollo de infraestructura física y tecnológica, etc.

Todo esto hace que el desafío de contar con un presupuesto adecuado sea aún más complejo. También es una de las razones por la cual el 95% de los gastos presupuestados del Poder Judicial (en 2019) corresponden a gastos corrientes, donde la mayor parte se disipa en el pago de salarios, quedando pocos recursos para realizar las transformaciones que requiere la siguiente ola de reformas de la justicia dominicana.

Una solución podría ser la creación de un fondo patrimonial para todo el sistema de justicia. Pero esto tiene sus propios retos, como discutiré en una siguiente entrega, cuando enfoque el jinete de la coordinación interinstitucional.

[1]Precios de enero de 2019.

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¿Por dónde deben comenzar las reformas del Poder Judicial?

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En las últimas semanas, la renovación de gran parte de la matrícula de la Suprema Corte de Justicia – y el perfil de su nuevo magistrado presidente, Luis Henry Molina hijo, han generado muchas expectativas positivas de reforma para el Poder Judicial dominicano. En parte, estas expectativas se alimentan del perfil técnico de Molina y su dossier de trabajo desde su paso por la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) hasta sus más reciente tareas como presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL).

Algunos analistas, como Boni Guerrero Canto ya han avanzado propuestas sobre reformas que la justicia dominicana requiere. Thiaggo Marrero Peralta también tiene una serie detallada de artículos en Acento.com.do al respecto.

Del perfil y el portafolio de trabajo del magistrado Molina se vislumbra que la importantísima y necesaria transformación digital de la justicia dominicana será uno de sus ejes de enfoque. De hecho, el primer tuit del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial luego de haber sido juramentado, fue sobre el uso de algoritmos para impartir justicia.

Todo esto augura que se aproximan reformas judiciales potencialmente revolucionarias. Pero también hay ruedas dentadas dentro del engranaje del sistema que deben ser calibradas. Este artículo se enfoca en dos propuestas puntuales: (1) el desarrollo de un sistema integrado de estadísticas, y (2) el uso de nudges o empujoncitos para combatir la mora judicial y mejorar el desempeño de los jueces.

Estadísticas Confiables e Integradas

Dicen que “lo que no se mide, no se puede mejorar”. Uno de los retos que tiene el Poder Judicial – y todo el sistema ampliado de justicia – es mejorar e integrar sus estadísticas.

A la fecha, no se han publicado boletines estadísticos del Poder Judicial para el año 2018.

¿Cómo sabemos la demanda, la cantidad de sentencias, los niveles de congestión y las tasas de resolución de los distintos tribunales? ¿Cómo podemos verificar qué el Plan Nacional de Lucha contra la Mora Judicial que se llevó a cabo durante 2018 fue efectivo?

Realmente, sin estadísticas, no se sabe cómo están funcionando los tribunales del país. A veces no se publican las estadísticas para que no se verifique un desempeño insatisfactorio. Esto afecta doblemente a la sociedad porque tampoco permite identificar qué necesita mejorarse ni dónde deben enfocarse los recursos.

Sin datos confiables no se puede renovar la justicia. Este debe ser uno de los primeros pasos: registrar y publicar datos que permitan identificar problemas – pero también llevar la cuenta de los efectos y consecuencias de las políticas públicas que se implementen.

Medir permite mejorar. También permitirá testear de manera aleatoria distintas políticas públicas, ahorrando costos, y asignando recursos más efectivamente.

A mediano plazo, el objetivo debe incluir el desarrollo de un plan nacional de estadísticas integradas para todo el sistema de justicia.

Los datos que ofrecen las distintas instituciones de justicia no son uniformes. No se mide lo mismo. Por ejemplo, el Poder Judicial mide asuntos – mientras que el Ministerio Público mide expedientes. Esto implica que cada institución tiene una visión distinta de lo que está haciendo. No hablan el mismo idioma.

Mientras tanto, ni el formulador de políticas públicas judiciales, ni el encargado de asignaciones presupuestarias del gobierno central ven el panorama completo (the whole picture). Tener puntos ciegos no permite evaluar el pasado para corregir el futuro. Es como manejar un carro sin parabrisas y con retrovisores rotos, en medio de una tormenta.

Un plan nacional de estadísticas integradas permitiría crear un lenguaje interinstitucional común para todos los actores del sistema de justicia. A largo plazo, esto permitirá obtener datos longitudinales – no sólo datos de corte transversal – sobre cómo evolucionan los asuntos de los usuarios del sistema de justicia.

La meta debe ser que un analista pueda ver cómo un hecho punible, se transforma en querella, por ejemplo, y evoluciona a través de las distintas instituciones – permitiendo calcular la duración media de los asuntos, sus costes, identificar cuellos de botella, obstáculos, etc. Todo a través de las instituciones del sistema justicia – y no sólo de manera segregada.

Si bien estos problemas se minimizan cuando opera un ministerio de justicia, la resistencia a implementar uno en República Dominicana no debe ser un obstáculo para al menos ponerse de acuerdo para definir e integrar los sistemas estadísticos – y eventualmente, los informáticos. Además del Poder Judicial, en la mesa de discusión deben estar la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, la Oficina Nacional de Defensa Pública, la Oficina Nacional de Estadísticas, entre otras instituciones.

Nudges Contra la Mora

Uno de los retos del Poder Judicial seguirá siendo combatir la mora de una manera costo efectiva y continua. El problema de la mora judicial evoca la frase que se atribuye al expresidente Ulises Heureaux (otros al expresidente Joaquín Balaguer) sobre la deuda pública: los casos viejos no se fallan, y los nuevos se dejan envejecer.

Como analista económico del sistema de justicia dominicano he escrito sobre las limitaciones presupuestarias del Poder Judicial – y sobre cómo la creación de nuevas instituciones jurisdiccionales en 2010 implicó una contracción presupuestaria (budget crunch) para este. Las restricciones presupuestarias se relacionan directamente con la eficiencia productiva – e indirectamente con la congestión y la mora.

En un año preelectoral – con el presupuesto del 2020 asignándose en los próximos meses, las expectativas de aumento presupuestario del Poder Judicial deben ser modestas. Además de la baja marea de la cooperación internacional – principalmente, de la estadounidense.

Por esto, es recomendable que se implementen políticas costo-efectivas que no requieran de erogaciones extraordinarias ni ad hoc de recursos, como fue el caso del Plan Nacional de Lucha contra la Mora Judicial de 2018.

Los nudges o empujoncitos conductuales pueden ser una vacuna contra la mora. Según Cass Sunstein y Richard Thaler, los nudges son intervenciones de bajo costo a los marcos de toma de decisiones, que preservan la libertad de los agentes. En este caso, los empujoncitos diseñados deberían guiar a los jueces y a los tribunales a aumentar o mantener sus niveles productivos sin menoscabar la calidad de sus sentencias – y preservando la libertad y la autonomía de los jueces.

En un trabajo de investigación titulado Nudges for Judges propongo cuatro tipos de empujoncitos que combinados podrían reducir la mora judicial a un bajo costo. Estos son: (1) los recordatorios, (2) la revelación inteligente de información (smart disclosure); (3) las estrategias de compromiso previo; y (4) el uso de las normas sociales.

A través de recordatorios– vía correo electrónico, mensajes de texto (SMS), o de llamadas telefónicas automatizadas – se les informaría periódicamente a los jueces datos sobre su desempeño y su carga de trabajo. Esto les permitiría a los jueces organizar mejor su trabajo y su tiempo de ocio de manera que tomen en cuenta los asuntos que entran a sus tribunales y los que tienen pendientes. Por ejemplo, se pueden programar alertas automatizadas que notifiquen cuándo un asunto pasa de ciertos umbrales de antigüedad o excede los tiempos de respuestas acordados (Acuerdo de Nivel de Servicio –  NPA o “SLA” por sus siglas en inglés).

La revelación inteligente de información (smart disclosure) permitiría crear tableros de datos (dashboards) fáciles de leer e interpretar, para cada juez y tribunal del país. Cualquier juez o evaluador de desempeño podrá conectarse al tablero y saber en tiempo real el estado de la carga de asuntos en el Poder Judicial – a nivel de tribunales, departamentos y distritos judiciales. Los evaluadores tendrían visibilidad de todo el sistema, pudiendo identificar oportunamente dónde se requieren recursos adicionales para evitar la congestión.

Es más fácil quedarse en medio de una carretera sin combustible –por ejemplo, sin un tablero que marque el nivel de gasolina ni la bombilla de reserva.

Estos datos se pueden combinar con los recordatorios inteligentes para enviar boletines periódicos – como si fuera una factura de consumo de energía eléctrica o de un servicio telefónico – pero mostrando de forma sencilla el desempeño de cada juez y de cada tribunal. Lo mejor de las notificaciones es que evitan el riesgo moral y el gasto ad hoc que existen con los operativos improvisados de lucha contra la mora, donde se premian a los jueces y tribunales con bajo rendimiento, resolviéndoles su trabajo acumulado, sin planificar cómo evitar que se formen nuevamente las mochilas de congestión (como ingeniosamente le llama Thalía Goldberg).

Los recordatorios y la revelación inteligente de información se combinarían con datos sobre carga existente y sobre el desempeño promedio de otros jueces y tribunales similares, con el objetivo de utilizar las normas sociales para motivar a los jueces. No es lo mismo que te digan que tienes cantidad de asuntos, con una duración promedio de tiempo, y que tu tasa de resolución es de tanto por ciento – a que te digan que otros jueces similares se están desempeñando mejor (o peor) que tú. Las normas sociales ayudarán a los jueces a alinearse con el desempeño de sus pares.

Finalmente, las estrategias de compromiso previo ayudarían a combatir la inconsistencia temporal que la psicología y la economía conductual identifican que nos afectan a todos. La idea es decirle a los jueces y tribunales cuáles deben ser sus metas y objetivos periódicos de desempeño (incluyendo tasas de resolución, pero también métricas de calidad – por ej. decisiones revertidas en alzada, expedientes retrasados, etc.).

Estas metas periódicas se vincularían con el desempeño (promociones, salarios), de forma que el mismo sea más objetivo y creíble que el sistema actual donde todos los jueces sacan consistentemente excelentes calificaciones. Por definición, todos los conductores no pueden manejar mejor que el conductor promedio. Tampoco todos los jueces pueden tener mejor desempeño que el juez promedio. Abultar el desempeño erosiona la credibilidad de todo el sistema.

Desencajar el desempeño y la remuneración de los jueces del escalafón jerárquico debe ser una meta a largo plazo. Hay buenos jueces con un desempeño meritorio y una hoja de vida intachable que nunca alcanzarán la cima de la carrera judicial. Estos jueces deben ser remunerados conforme a variables objetivas y sus años de servicio – y no necesariamente en función del peldaño alcanzado dentro de la carrera. Los peldaños son pegajosos – y los procesos de selección de las altas cortes son políticos.

La mejor manera de tener a los jueces motivados y fuera de las tentaciones que vienen con el cargo, es creando incentivos para que puedan ser remunerados mejor sin tener que ser ascendidos.

Estas son propuestas que no deben ser muy costosas ni complicadas de implementar. Si parecen demasiado teóricas o su efectividad no está del todo clara, que me tomen la palabra. Probémoslas aleatoriamente en algunos tribunales, y comparemos el desempeño de los tribunales que reciban el tratamiento con el desempeño de grupos de control comparables. Al menos no habría que implementarlas en todo el sistema para saber si funcionan o no.

 

 

 

 

 

 

Siete Años de Desempeño del Tribunal Constitucional Dominicano

En enero de 2019 se conmemoró el séptimo aniversario del Tribunal Constitucional de la República Dominicana (“TCRD” o el tribunal). En 2016, publiqué una serie artículos con estadísticas e indicadores de desempeño del TCRD. Conmemorando el aniversario del tribunal y aprovechando la publicación de los boletines estadísticos para el cierre de 2018, este artículo presenta algunas de sus métricas financieras y de desempeño.

Los indicadores incluyen información sobre tasas de resolución (clearing rates), entradas y salidas de expedientes, y datos presupuestarios del TCRD. Es importante resaltar que estos datos son cuantitativos. Es decir, que no dicen mucho sobre el fondo de las decisiones del tribunal.

La disponibilidad y publicación de estadísticas del TCRD permite realizar varios análisis sobre su desempeño y su carga de trabajo. Esto contrasta con la indisponibilidad de datos de otros tribunales – como los del Poder Judicial – que a la fecha no ha publicado las estadísticas correspondientes al año 2018.

Los datos motivan reflexiones interesantes, como preguntarse: ¿cómo ha ido evolucionando la demanda anual del TCRD (entrada de expedientes nuevos)? ¿cómo ha ido encarando el TCRD esa demanda? ¿cómo ha evolucionado la tasa de resolución anual del tribunal? Este artículo busca proveer insumos para contestar estas y otras preguntas relacionadas.

Al igual que las entregas anteriores, este análisis es positivo – por lo que no contiene juicios de valor ni opiniones sobre el deber ser del desempeño del TCRD.

Un aspecto importante que hay que resaltar sobre los datos correspondientes al año 2018 es que, a través de un comunicadonoticiado el 14 de febrero de 2019, la Secretaría del TCRD informó que existen sentencias no publicadas correspondientes a dicho año. Esto se debe a los cambios de jueces ocurridos a finales de 2018. No obstante, para este análisis se toma como número total de sentencias las 624 decisiones que figuran en el boletín de estadísticas institucionalespublicado para cierre de 2018. Es importante señalar, que en un futuro, con la publicación de las sentencias restantes de 2018, el número total de salida anual de expedientes podría aumentar.

INGRESO Y SALIDA DE EXPEDIENTES

La entrada de expedientes al TCRD es su curva de demanda. Las salidas de expedientes es parte de su producción. La combinación de ambas métricas permite analizar cuantitativamente la capacidad resolutiva del tribunal y su carga de trabajo. La Gráfica 1 resume el ingreso y salida anual de expedientes al TCRD entre 2012-2018.

Gráfica 1

TCRD1

Entre 2012 y 2016, la entrada de expedientes al TCRD estuvo en aumento. En 2012 el tribunal recibió 630 expedientes. Mientras que para el 2016 recibió 882 expedientes – un aumento de 40% en cuatro años.

La entrada de expedientes al TCRD alcanzó un punto de inflexión en 2016. Para 2017 el tribunal recibió 656 expedientes – un descuento de 25.62% respecto del año anterior. La misma tendencia a la baja se manifestó en el 2018, con la entrada de 642 expedientes. Para poner estos números en contexto, se trata de niveles de ingreso de expedientes en 2017-2018, comparables con los niveles que el TCRD recibió en su primer año de operación.

Las Gráficas 1 y 2 presentan la evolución de la entrada y salida de expedientes del TCRD. Este artículo no ofrece hipótesis sobre la posible explicación de la tendencia a la baja en el ingreso de casos. Sin embargo, estos niveles representan una oportunidad para el TCRD de aumentar contracíclicamente las sentencias para reducir el cúmulo de expedientes – tal y como ocurrió en 2017.

Gráfica 2

TCRD2

La cantidad anual de sentencias del TCRD se mantuvo en aumento entre 2012 y 2017. En otro artículo ya explico por qué durante su etapa incipiente es razonable que el TCRD iniciara con una baja producción de sentencias. Lo importante es que la salida de expedientes se mantuvo en aumento alcanzando su cenit en el año 2017 – cuando salieron significativamente más expedientes del TCRD que los expedientes que entraron.

Para 2017, la tasa de resolución del TCRD fue de 127.2% – muy por encima del umbral de 100%. Esto significa que por cada 4 expedientes que entraron en 2017, se fallaron 5 –siendo el quinto un expediente pendiente de años anteriores. Esto reduce el cúmulo de trabajo. La Gráfica 2 refleja esto en el punto en que las gráficas de ingreso y salida se cruzan, y la salida de expedientes sobrepasa el ingreso.

En el 2018 salieron 624 casos del TCRD, en comparación con 642 expedientes que ingresaron. Esto representa una tasa de resolución de 97.2% – la segunda tasa más alta de los siete años de operación del TCRD. Como se indicó, con la publicación de sentencias pendientes del año 2018, esta tasa de resolución podría aumentar.

Esto significa que los ritmos de resolución del TCRD durante los últimos dos años ayudan a combatir la mora y reducir– o al menos, minimizar – el cúmulo anual de casos pendientes.

La evolución de la entrada y salida anual de expedientes del TCRD implica una tendencia a la baja del cúmulo anual de casos entre 2012-2018. Para el 2017 – el cúmulo fue negativo –librando 179 expedientes pendientes, es decir, la salida de pendientes y la reducción de la carga de trabajo total del tribunal (la siniestra “mochila” de los jueces, como le llama Thalía Goldberg).

En cuanto al total de expedientes, entre 2012 y 2018 entraron 5,121 expedientes, y salieron 3,611, para una tasa de resolución total de 70.5%. Esto implica que el TCRD ha fallado más de 2 de cada 3 expedientes que ha recibido durante su existencia.

La Gráfica 3 presenta la evolución de la tasa de resolución anual del TCRD. Una tasa de resolución anual menor a 100% implica que, para un tribunal, en un año ingresan más expedientes que los que salen. También significa que se están acumulando expedientes para años subsiguientes, lo que aumenta la congestión y la carga de trabajo promedio por cada juez.

Gráfica 3

TCRD3

En el caso del TCRD, entre 2012 y 2016, la tasa anual de resolución casi se quintuplicó pasando de 16.7% en 2012 a 82.1% en 2016.

Como menciono anteriormente, el 2017 marcó el cénit resolutivo del TCRD, con una tasa de resolución de 127.3% – lo cual implica la reducción de la congestión del tribunal. Mientras que para 2018, la tasa ronda los 97.2%, 2.8 puntos porcentuales debajo del 100%.

Si en un tribunal ingresan anualmente más expedientes que la cantidad de sentencias que salen, se acumula el trabajo (aumento de la pendencia). Para el TCRD, el cúmulo de expedientes se mantuvo en aumento entre 2012 y 2016 – alcanzando 1,671 expedientes pendientes al finalizar 2016.

En el año 2017, donde la tasa de resolución del TCRD alcanzó su máximo nivel, se redujo el cúmulo total a 1,492 expedientes. Para 2018, los nuevos jueces juramentados encontraron una carga total de 1,510 expedientes, como presenta la Gráfica 4.

Gráfica 4

TCRD4.jpg

En el TCRD hay 13 jueces. La constitución establece que para tomar decisiones se requiere del consenso de 9 jueces – un costo de consenso mayor que en las demás altas cortes.

La Gráfica 5 presenta la carga promedio anual de expedientes por juez. Se aprecia que la carga promedio anual se mantuvo en aumento, pasando de un promedio de 40 expedientes por juez en 2012 – a una media de 129 expedientes por juez, en 2016. Para 2017 y 2018, la carga promedio de expedientes por juez rondaba los 115 y 116 expedientes por juez – similares a los niveles que existían en 2015.

Gráfica 5

TCRD5.jpg

PRESUPUESTO ASIGNADO

En su primer septenio, el TCRD ha experimentado una consolidación de su posición financiera. Entre 2012 y 2019, el presupuesto nominal anual asignado al TCRD aumentó. El presupuesto nominal de DOP 400 millones que el tribunal recibió en 2012 – casi se triplicó a DOP 1,152 millones en 2019. La Gráfica 6 presenta los presupuestos nominales anuales asignados al TCRD (millones de DOP).

Gráfica 6

TCRD6

En otra reflexión sobre la economía del sistema de justicia dominicano (“Poder Judicial: Tribulación por Redistribución”), argumento que parte de las ganancias presupuestarias del TCRD – y de los demás órganos jurisdiccionales constitucionales – ha sido a expensas del presupuesto del Poder Judicial. Esto es algo que no tiene que ver con el TCRD, sino más bien con la programación presupuestaria – es decir el costo que conllevan los cambios institucionales. Este artículo no es apropiado para discutir esta hipótesis, pero la referencia es útil para analizar cómo ha evolucionado el presupuesto anual asignado al TCRD con relación al presupuesto anual asignado al Poder Judicial.

La idea subyacente es que la ratio entre el presupuesto anual asignado al TCRD y el presupuesto anual asignado al Poder Judicial, podría evidenciar cómo el tribunal gana – o pierde – terreno presupuestario, institucional y político vis-à-vislas instituciones existentes y los procesos de asignación presupuestaria. Esto podría revelar las preferencias de los poderes ejecutivo y legislativo.

Gráfica 7

TCRD7

La Gráfica 7 muestra cómo la referida ratio evolucionó entre los presupuestos generales del Estado de 2012-2019. El año que se integró, el presupuesto del TCRD era 9.88% del presupuesto del Poder Judicial. Mientras que para 2016, esta razón había aumentado a 17.82% – es decir, un aumento de 7.94 puntos porcentuales – un 80.36% – en 5 años.

A partir de 2016, la referida razón se redujo hasta colocarse en 14.32% para el presupuesto general de 2019. Sin embargo, este nivel sigue por encima de los experimentados entre 2012-2014. Una explicación plausible es que la dotación financiera del TCRD entre 2012-16, requirió de un concomitante aumento presupuestario al Poder Judicial durante 2017-2019 para balancear el gasto en todo el sistema de justicia dominicano.

Colegiatura Profesional: la Costosa Estructura del Colegio de Abogados (2 de 4)

CARD

Este es el segundo de cuatro artículos sobre la Ley núm. 3-19 que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana – CARD (la “Ley del CARD”). La Ley del CARD se aprobó en enero de 2019, para sustituir la ley anterior núm. 91 de 1983, que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional (Sentencia TC/274-13).

En una reflexión anterior, argumento que lo que el CARD necesita es mayor competencia. La libre colegiatura – anclada en la libertad de asociación, la libre iniciativa privada y la libre competencia, podrían mejorar la estructura institucional tradicional del CARD – y la asociatividad de todos los abogados dominicanos. Esto partiendo del supuesto de la teoría económica neoclásica que dice que la competencia es buena para los consumidores – incluyendo los consumidores de servicios legales.

Este segundo artículo analiza otro punto importante de la Ley del CARD: su exagerada estructura institucional.

La Ley del CARD no solo ha creado un monopolio legal ineficiente para la colegiatura de los abogados. También creó un leviatán institucional que costará mucho dinero mantener. El CARD es prácticamente un microestado, con tentáculos a nivel nacional y provincial.

Esto no sólo afecta a los abogados – sino que salpica a todas las personas que tendrán que pagar las tasas impuestas por la Ley del CARD para financiar su costosa estructura.

Lo peor de todo es que este leviatán seguirá envenenado por los costos de agencia habituales a los que estamos acostumbrados. No es cierto que con esta nueva ley y estructura se crean los “mecanismos de control que contribuyen a establecer cánones de conducta y eficiencia que rijan el ejercicio profesional idóneo de los abogados en beneficio de la sociedad”.

Esta es una falacia – y si los legisladores y promotores de la Ley del CARD son tan ingenuos de soñar que aprobando este dislate legislativo van a mejorar “la eficiencia” y la “conducta” de los abogados habría que ponerle un colorín colorado a este cuento.

Veamos entonces cómo está compuesta la estructura del CARD, para que el lector juzgue si es aparatosa o no – o si son puras exageraciones mías.

 

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Órganos del CARD

Según el artículo 11 de la Ley del CARD esta institución está compuesta por los siguientes órganos:

  • Asamblea General
  • Consejo Nacional
  • Junta Directiva Nacional
  • Tribunal Disciplinario de Honor
  • Escuela Nacional de Abogados
  • 14 secretarías
  • Comisión Nacional Electoral
  • Instituto de Protección al Abogado
  • Seccionales por cada distrito judicial

El CARD tiene prácticamente casi tantos órganos como las Nacional Unidas (ONU).

Las 14 secretarías del CARD incluyen:

  • Secretario general
  • Secretario de organización de asuntos
  • Secretario de actas, correspondencias y archivo
  • Secretario de asuntos internacionales
  • Secretario de relaciones públicas
  • Secretario de educación y cultura
  • Secretario de cultos
  • Secretario de asistencia social
  • Secretario de deportes y recreación
  • Secretario para discapacitados
  • Secretario de ministerio público
  • Secretario para asuntos del poder judicial
  • Secretario para asuntos militares y policiales
  • Secretario para asuntos de equidad de género

Según la Ley del CARD, estos secretarios no devengan salarios, pero si dietas y viáticos.

¿Por qué rayos el CARD debe tener un secretario de asistencia social? ¿Uno de cultos? ¿otro de deportes?

Además, la Junta Directiva Nacional está compuesta por ¡19 cargos! Algunos son de las secretarías ya citadas. Estos cargos son:

  1. El presidente del CARD
  2. Un primer vicepresidente
  3. Un segundo vicepresidente
  4. Un secretario general
  5. Un tesorero
  6. Un fiscal nacional
  7. Un secretario de organización y asuntos intergremiales
  8. Un secretario de actas, correspondencias y archivo
  9. Un secretario para asuntos internacionales
  10. Un secretario de relaciones públicas
  11. Un secretario de educación y cultura
  12. Un secretario de cultos
  13. Un secretario de asistencia social
  14. Un secretario de deportes y recreación
  15. Un secretario para discapacitados
  16. Un secretario para asuntos militares y policiales
  17. Un secretario para asuntos de equidad de género
  18. Dos (2) vocales

A su vez, el Tribunal Disciplinario de Honor está integrado por cinco (5) miembros titulares, sus respectivos suplementes, un fiscal nacional y sus adjuntos. Estos miembros son honoríficos también, pero se les pagan dietas y viáticos.

Mientras que la Escuela Nacional de Abogados tendrá un director y un director financiero, así como los demás empleados que podrá contratar para desempeñar sus funciones.

La Ley del CARD también crea un Instituto de Protección del Abogado, que sirve para: “(…) darles auxilio a los abogados en caso de discapacidad por enfermedad o vejez, fijándoles una suma mensual que pueda fungir como asistencia, con los fondos aportados en virtud de las aportaciones descritas” en la ley.

Más preocupante es que la Ley del CARD reserva el 20% de todos los ingresosdel CARD para ser utilizados por el Instituto de Protección del Abogado.

Malgasto en el CARD

¿Por qué el CARD asume funciones previsionales y de asistencia social al margen del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS)? ¿Por qué el CARD debe manejar un sistema para-previsional paralelo, de forma arbitraria, con los fondos que recibe como parte de su patrimonio?

Ciertamente esto es absurdo. No sólo porque compite con y erosiona el SDSS sino porque crea riesgo moral para que los abogados (agraciados) – profesionales independientes – no tengan suficientes incentivos para ahorrar durante su ejercicio privado, contando con recibir una mensualidad del CARD.

Peor es que crea incentivos perversos dentro de la estructura del CARD, permitiendo que este Instituto de Protección del Abogado se convierta en un portal de asistencialismo y de búsqueda de rentas para producir votos. Estos votos tanto para el beneficio de los directivos incumbentes del CARD como el beneficio de los partidos políticos.

Como dije en una entrega anterior, el “CARD se ha convertido en otro – de los tantos – campos de batalla baldíos donde los partidos políticos llevan a cabo sus guerras proxy. Desde el punto de vista político, las elecciones del CARD y su andamiaje institucional – especialmente este Instituto de Protección del Abogado – están diseñados para ser coaptados por los políticos para usarlas como estructuras proselitistas y clientelares”.

El aparataje institucional que la Ley del CARD crea implica una enorme cartera – un saco – para repartir funditas. En efecto, el CARD se convierte en un microestado – o peor, en una especie de partido político.

La gota que colma el vaso de este aparataje institucional es que se establecen seccionales por cada distrito judicial. Para quien no sabe, la organización judicial de la República Dominicana se divide en función de 11 departamentos judiciales y 35 distritos judiciales.

Esto implica la creación de 35 seccionales – más seccionales que provincias – ¡cada una con su propia asamblea, junta directiva, tribunal de disciplina y comisión electoral! Es decir, que cada junta directiva seccional replica la multiplicidad de cargos que existen a nivel nacional.

Aunque usted no beba ni baile, esta fiesta hay que pagarla. Por eso la Ley del CARD identifica las fuentes de ingresos que financiarán al leviatán institucional absolutamente innecesario.

La gravosa estructura financiera, que comentaré en una próxima entrega, se requiere no solo para financiar el reino del CARD – sino también, como explica esta entrada, para el flujo de las actividades políticas y proselitistas que se podrán realizar con el dinero ajeno contribuido.

Por estas razones – nuevamente reitero que lo que más conviene al país y para el ejercicio profesional del derecho, es crear un régimen de libre colegiatura, donde puedan competir y coexistir distintas asociaciones profesionales autorreguladas.

 

Burro-cracia y Simplificación de Trámites

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Con el apoyo de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de México (“CONAMER”), el Consejo Nacional de Competitividad (el “CNC”) presentó el informe conjunto sobre Simplificación de Trámites en la República Dominicana.

Este informe – sin precedentes en la República Dominicana – estima el Costo Económico Social (CES) de 1,873 trámites y servicios correspondientes a 43 instituciones del país. Partiendo de una metodología adoptada del CONAMER, el CES combina tanto el tiempo que los usuarios privados tardan en reunir los requisitos de los trámites, como el tiempo que las instituciones tardan en solucionar dichos trámites y servicios.

El estudio concluye que el CES de los trámites analizados asciende a DOP 197,163,949,959 – lo que representa 5.46% del producto interno bruto (PIB) de la República Dominicana para el año 2017.

El 93.8% de dicho Costo Económico Social lo sufragan los usuarios. Es decir, los ciudadanos y agentes económicos que requieren de los servicios. Mientras que el restante 6.2% corresponde al componente del sector público. Sin embargo, el contribuyente es que termina pagando este último indirectamente, a través de los impuestos.

Por lo que la carga completa la paga usted, lector.

El CNC enfocará sus esfuerzos en la simplificación de 88 trámites prioritarios que estima generarían un ahorro de DOP 130,965,956,855. Es decir, 2/3 partes – aproximadamente, un 66.42% del CES.

Los trámites prioritarios más socialmente dispendiosos corresponden a: Ministerio de Salud Pública (13 trámites), Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (8 trámites), Dirección General de Impuestos Internos (5 trámites), Ministerio de Educación (5 trámites) y Dirección General de Migración (3 trámites).

Es aparente que el Costo Económico Social total identificado es una cifra alta, pero difícil de comprender. Por eso resulta útil compararlo con otros indicadores para tener una idea de la dimensión envuelta.

Por ejemplo, al 31 de diciembre de 2018, el Banco de Reservas – el más grande del país medido por activos – tenía activos totales por DOP 491,486,413,558.

En comparación, el CES de los trámites equivaldría a un 40.12% de los activos del Banco de Reservas (ver comparación visual en la Gráfica 1). También a un 11.06% de los activos totales en el sistema financiero dominicano a la misma fecha de corte, según estadísticas de la Superintendencia de Bancos.

Gráfica 1

CES 1

De hecho, si el CES representara activos bancarios, la tramitomanía burocrática total del Estado Dominicano fuera el cuarto banco más grande del país – después de Banreservas, Banco Popular y el BHD León – superando incluso los activos resultantes de la fusión del Scotiabank con el Banco del Progreso.

Si nos vamos al Presupuesto General del Estado (“PGE”), que para 2019 asciende a DOP 921,810,546,351, apreciamos que el CES representa aproximadamente un 21.39% del PGE 2019.

La tramitología se traga casi 3 veces el presupuesto de la Presidencia de la República para 2019, que ronda los DOP 66,429,285,067. También 11.05 veces lo que se presupuestó en 2019 para el Poder Judicial y los órganos de rango constitucional – incluyendo la suma de los presupuestos de la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas.

De hecho, la Gráfica 2 muestra cómo se compara visualmente el CES total a la suma de los presupuestos asignados en 2019 a la Presidencia de la República, el Poder Judicial, Poder Legislativo y Órganos Constitucionales. Estos presupuestos combinados apenas equivalen a un 46.44% del CES.

Gráfica 2

CES2

Es más, si nos acreditaran el dinerito que nos cuesta la tramitología, podríamos financiar 27 años del presupuesto de ambas cámaras del Poder Legislativo, manteniendo el mismo presupuesto nominal asignado en 2019.

Si llevamos el costo de las regulaciones a Dólares de los Estados Unidos (USD) – asumiendo una tasa de cambio USD/DOP de 50.60 – estamos hablando de aproximadamente USD 3,896 millones. Según los datos del Fondo Monetario Internacional para 2018, este monto sería mayor al PIB de varios países, incluyendo: Surinam (USD 3,840 millones), Sierra Leona (USD 3,754 millones), Guyana (USD 3,636 millones), – y mayor que el PIB de muchos otros países y microestados más.

Ciertamente, si la tramitomanía alborozada de los distintos reguladores nos está costando el PIB de otros países – es un buen momento para despertar.

Por esto hay que apoyar el Plan Nacional de Mejora Regulatoria, y la iniciativa de RD + Simple del CNC.

A pesar de estos esfuerzos incipientes, los reguladores nacionales y el congreso a menudo parecen tener una agenda de desmejora regulatoria – buscando contrarrestar la mejora con tonterías como la ley que prohíbe la hookah, leyes que nombran edificios o con la ley que establece la colegiatura obligatoria de los abogados.

¡Llegó el momento de regular mejor!

XXIII CONFERENCIA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA E IBÉRICA DE DERECHO Y ECONOMÍA (ALACDE)

AFICHE ALACDE 2019

CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

La Asociación Latinoamericana e Ibérica de Derecho y Economía (ALACDE) se complace en anunciarles la XXIII Conferencia Anual sobre Derecho y Economía, a celebrarse los días 4 y 5 de noviembre de 2019, en la Ciudad de México, organizada por Universidad Panamericana.

La XXIII Conferencia Anual de ALACDE tendrá como tema central de investigación elANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO Y LA INNOVACIÓN. Los trabajos de investigación que aborden este tema serán evaluados para un reconocimiento especial, pudiendo ser seleccionados los mejores para una publicación de la Asociación.

La Conferencia Anual de ALACDE es un espacio académico de alto nivel donde se exponen los recientes desarrollos e ideas contemporáneas vinculadas al Análisis Económico del Derecho, en sesiones temáticas y plenarias. La conferencia tiene como objetivo reunir a importantes investigadores sobre Análisis Económico del Derecho, así como convertirse en el escenario donde los nuevos académicos desarrollen y expongan sus investigaciones en la materia.

La convocatoria está disponible aquí: Call for Papers ALACDE (ESP)

Cómo crear una crisis de viviendas

El Congreso Nacional está apoderado de un proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios que hay que monitorear con mucho cuidado (la “Ley de Alquileres”).

A simple vista, una Ley de Alquileres parecería ser buena para el país. La República Dominicana enfrenta un déficit habitacional de viviendas. Según datos oficiales – y una nueva fórmula de cálculo – “el país necesita incorporar un 51.42% de su parque habitacional para satisfacer las necesidades actuales de vivienda” (El Caribe, 6 de agosto de 2018). Según el Censo de 2010, hace casi una década, el déficit habitacional rondaba por 1.4 millones de unidades.

Sin embargo, hay que tener cuidado con este proyecto de Ley de Alquileres. A veces las mejores intenciones legislativas producen los peores resultados. Sobre todo, cuando no se toman en cuenta los incentivos y las consecuencias que producen las leyes. Esto ya lo explicaba Mónika Infante Henríquez, quien en 2009 analizó económicamente el régimen de los alquileres en su libro Notas sobre el análisis económico del Derecho en República Dominicana(2009, págs. 37 y ss.).

Gráfica 1

Alquileres1

Este podría ser el caso de la Ley de Alquileres. En vez de dinamizar el mercado de alquiler de viviendas, podría crear desabastecimiento y escasez – consecuencias indeseadas, contrarias a los objetivos que persigue la ley.

Este artículo explica por qué algunas de las disposiciones de la Ley de Alquileres podrían esclerotizar – en vez de dinamizar – el mercado de alquileres en la República Dominicana. Esto incluye ahuyentar la inversión privada nacional e internacional en el mercado inmobiliario y turístico – así como exacerbar el déficit habitacional en la República Dominicana, en detrimento de los objetivos que la ley buscaría alcanzar.

  1. Resolver el déficit habitacional con propiedades privadas

La Ley de Alquileres es un intento de resolver el déficit habitacional del país con las propiedades privadas. Entre las promesas rotasincluidas en la Constitución de 2010 está el Derecho a la Vivienda (art. 59 CRD 2015). Este derecho establece que: “[e]l Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social”.

El Estado ha tratado de promover e implementar políticas públicas para encarar el déficit habitacional. Pero los resultados han sido insatisfactorios. Por eso se recurre a la regulación de los alquileres para enfrentar el problema recurriendo a la propiedad privada.

La Ley de Alquileres tiene matices expropiatorios. Interviene de manera paternalista para restringir y expropiar los derechos de propiedad privada de los propietarios, en favor de los inquilinos. También anula la libertad contractual y la iniciativa privada.

Al igual que otras leyes que tratan de “equilibrar” situaciones de asimetría de “poder de negociación” entre partes contratantes, la ley tiende a favorecer a los inquilinos por encima de los propietarios. Un craso error que crea distorsiones enormes. Este error es producto del populismo legislativo, que se repite en otras leyes también. Todo por culpa de premisas fallidas respecto de la identidad y características de grupos sociales.

Como argumentan los profesores Steven Shavell y Louis Kaplow, de la Universidad de Harvard, utilizar el derecho con finalidad redistributiva crea distorsiones (Fairness Versus Welfare, 2002). Lo peor es que reduce el bienestar general, haciendo que todos – tanto propietarios como inquilinos – estemos peor.

  1. Aumento costos de transacción (art. 9 de la Ley de Alquileres)

 La Ley de Alquileres pretende ayudar a los inquilinos, pero realmente los perjudica. La ley encarece el costo de alquilar una vivienda. Establece que los contratos de alquiler deben estar legalizados por un notario. También lista otras 9 menciones y cláusulas que los contratos de alquiler deben tener. Todo esto aumentará los costos de transacción de alquilar una vivienda, afectando principalmente a los inquilinos.

  1. Depósitos en el Banco Agrícola (arts. 22-27)

Las malas leyes y regulaciones a menudo buscan resolver varios problemas a la vez. El resultado es que al final no resuelven ninguno.

Esto perpetúa trabas y malas políticas públicas, como el caso de obligar a colocar los depósitos de garantía avanzados por los inquilinos en el Banco Agrícola. El razonamiento de este depósito involuntario es garantizar recursos para que el Banco Agrícola pueda prestar estos fondos.

Sin embargo, la realidad es que es una medida compulsiva, anticompetitiva – y hasta inconstitucional. En primer lugar, restringe el derecho que tiene todo propietario de depositar la garantía en la institución financiera de su elección. También implica un trato diferenciado a favor del Banco Agrícola – en detrimento de las entidades de intermediación financiera privadas. El art. 221 de la Constitución establece que la actividad empresarial, pública y privada, deben recibir el mismo trato legal. Algo que esta ley no toma en cuenta.

 Además, el propietario que no deposite la garantía en el Banco Agrícola enfrenta una penalidad de un 10 % por cada mes de retraso. Prácticamente, un tributo. ¡Qué barbaridad!

  1. Ajuste por inflación (art. 12 de la Ley de Alquileres)

 Una de las medidas más intrusivas de la Ley de Alquileres establece un tope máximo de 5 % al aumento anual del precio de los alquileres (renta). Parecería que esta medida protegerá a los inquilinos de los típicos aumentos anuales de 10 % que se pactan contractualmente.

Pero realmente, es una medida expropiatoria que operará en contra de los inquilinos. Mónika Infante H. lo explica mejor que yo en un análisis de su libro Notas sobre el análisis económico del Derecho en la República Dominicana(2009, págs. 45 y 46).

En 2015, compartí una reflexión sobre por qué se pacta un aumento anual de un 10 % en los contratos de alquiler. Estas cláusulas indexatorias buscan proteger el poder adquisitivo de la renta recibida por los propietarios de los efectos de la inflación – que no es más que el aumento general de los precios.

En 2015, expliqué por qué mucha gente pacta un 10 % de aumento anual en los contratos, a pesar de que los niveles de inflación de los últimos años han permanecido por debajo de este monto. El acuerdo más preciso sería pactar aumentos en sintonía con los índices de inflación publicados por el Banco Centra de la República Dominicana (BCRD).

Así como no es recomendable fijar contractualmente un aumento anual de un 10% – tampoco lo es fijarlo con un tope legal de 5 %. En primer lugar, esto corroe la libertad contractual de las partes de pactar lo que deseen. En segundo lugar, introduce una rigidez económica a la contratación, que operaría en detrimento de los inquilinos en situaciones de elevada inflación.

Por ejemplo, si durante un año la inflación alcanza un 9 % – y sólo se puede aumentar la renta 5 % anualmente – el propietario enfrenta una mordida de 4 puntos porcentuales en el retorno de su propiedad privada (renta mensual). Esto por una disposición del Estado – que paradójicamente – debe garantizar la estabilidad de precio para todos: tanto propietarios como inquilinos.

Los inversores en inmuebles no son tontos. Si la rentabilidad de las inversiones no está en sintonía con la realidad económica, los capitales se redirigirán hacia otros activos que no tengan expropiaciones.

Regular los precios casi siempre es un error que crea grandes distorsiones. Medidas como esta generarán varias consecuencias. Primero, que los inquilinos y propietarios las incumplan por mutuo acuerdo, lo cual erosiona el imperio de la ley.

Segundo, que los propietarios que no logren un acuerdo de aumento con sus inquilinos por encima del 5% anual, notifiquen la terminación del contrato durante períodos de alta inflación. Esto afectará a los inquilinos que deberán salir del inmueble, incurriendo en costos de búsqueda, de mudanza y costos legales para ocupar una nueva vivienda.

Esta medida también incentivará que todos los contratos fijen el aumento en el máximo de 5 %, lo cual evidentemente afectará a los inquilinos cuando la inflación esté por debajo de 5 %.

La Gráfica 2 representa esto visualmente. Tomando datos oficiales de inflación promedio de la República Dominicana entre 2004 y 2018, la línea negra discontinua marca el nivel de 5 % que establece el proyecto de Ley de Alquileres.

Está claro que la estabilidad de precios del pasado no refleja cuál será la inflación del futuro. Pero el ejercicio permite visualizar cómo el techo de aumento de 5 % anual afectaría a los propietarios e inquilinos.

En los años de inflación menor a 5 % (por ej., 2009, y todos los años entre 2012-2018) los inquilinos estarían pagando en exceso si se fija contractualmente un aumento de 5 % anual. Esto es una redistribución a favor de los propietarios.

Mientras que el techo de 5 % afecta a los propietarios durante los períodos en que la inflación supera este umbral (por ej., entre 2006-08 y 2010-11). Estos picos – y el área en azul por encima del umbral – implican mordidas al bienestar de los propietarios. Una redistribución de propietarios hacia los inquilinos.

La moraleja aquí es que las partes deben tener la libertad de contratar lo que más les conviene. Este es un tema que mejor se deja a la libertad contractual, que al dirigismo estatal.

Gráfica 2

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  1. Asimetría de derechos (art. 16)

 La Ley de Alquileres interviene en el mercado para tratar de balancear lo que presume son relaciones asimétricas entre inquilinos y propietarios. Por ejemplo, se asume que los propietarios son siempre “poderosos” y que los inquilinos ‘están desprotegidos’. Esto ignora que en la realidad existen todo tipo de inmuebles, propietarios e inquilinos – con una plétora de características y condiciones socioeconómicas.

Anteriormente, ya mencioné que esto es un uso inadecuado de las leyes y regulaciones, que tiende a crear distorsiones en los mercados, en detrimento del bienestar general.

Una de las asimetrías más inicuas que establece el proyecto de Ley de Alquileres es el plazo de terminación del contrato. Según el artículo 15 del proyecto de Ley, cuando el inquilino quiere terminar el contrato sólo debe avisar al propietario con un mes de anticipación. Pero cuando el propietario decide terminar el contrato, ¡debe hacerlo con una anticipación de 6 meses!

Esta asimetría no se justifica. Cuando un contrato de alquiler termina, ambas partes enfrentan retos y costes. Por tanto, deben balancearse mejor los derechos en cada caso.

La Ley de Alquileres tiene otros graves problemas que por limitaciones de espacio no voy a abordar. Esto incluye la transmisión hereditaria de los contratos de alquiler (art. 17 del proyecto de ley) y la nulidad del alquiler de viviendas que no poseen condiciones mínimas para alquilarse (art. 5 del proyecto de ley).

Auguro que, de aprobarse el proyecto de Ley de Alquileres tal y como está redactado, todas las disposiciones descritas anteriormente producirán efectos negativos en el mercado de alquileres de la República Dominicana.

El proyecto de Ley de Alquileres anula la libertad contractual y expropia elementos de la propiedad privada. Esta ley tiene el potencial de exacerbar el déficit habitacional que existe en el país. También afectará la construcción de viviendas y los alquileres turísticos.  Desincentivará a los propietarios de alquilar inmuebles – llevándolos a aumentar los precios para compensar los costes que impone la ley.

A la larga, esto terminará afectando a los inquilinos que necesitan viviendas, potencialmente desabasteciendo el mercado local.

Si los legisladores quieren crear una crisis de viviendas, están transitando el camino correcto.

 

 

Colegiatura Profesional: Libre y Competitiva (1 de 4)

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Foto: ANEUDY TAVAREZ / Diario Libre 

En enero de 2019 se aprobó la Ley núm. 3-19 que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana – CARD (la “Ley del CARD”). Esta nueva ley se promulgó porque el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley anterior núm. 91 de 1983 (Sentencia TC/274-13).

La nueva Ley del CARD tiene tantos problemas, que no sé por dónde comenzar a abordarlos. Más que Ley del CARD – es la ley del karma.

Este es el primero de una serie de cuatro artículos enfocando los siguientes puntos de la Ley del CARD:

  1. Monopolio de la colegiatura y libertad de asociación
  2. La costosa estructura del CARD
  3. Ineficientes tasas: costos de transacción y barreras de acceso; y
  4. Regulación innecesaria del nombre de las oficinas de abogados

En esta primera entrada, explico cómo la Ley del CARD afecta la libertad de asociación, creando un monopolio a través de la colegiatura única.

La Ley del CARD crea un monopolio legal en la colegiatura profesional de los abogados. De la teoría económica neoclásica sabemos que los monopolios son indeseables. Destruyen valor social a través de pérdidas irrecuperables de eficiencia.

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (“CARD”) es un monopolio ineficiente. Es un monopolio legal – es decir, creado por el Estado a través de una intervención legislativa. Esto lo hace peor que los monopolios que surgen de la competencia en los mercados.

Lo que la colegiatura profesional necesita es más competencia.

En primer lugar, la colegiatura obligatoria en un único gremio viola varios derechos fundamentales: principalmente, la libertad de asociación (art. 47 CRD), la libertad de empresa y prohibición de monopolios (art. 50 CRD), la libre iniciativa privada y el principio de subsidiaridad (art. 219 CRD).

En su Sentencia TC/0163/13, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana (“TCRD”) decidió que la colegiatura obligatoria a través del CARD no violenta la libertad de asociación. El argumento utilizado por el TCRD es que el CARD es una “corporación de derecho público” que pertenece al Estado, que le transfiere por “delegación circunstanciada” “la matriculación y el régimen disciplinario de todos los abogados”. Esto a pesar de que la propia Constitución (CRD), en su art. 4 establece que los poderes públicos no pueden delegar sus atribuciones.

Sin embargo, el CARD no es una institución estatal, aunque la Ley y el TCRD lo denominen así. Es simplemente una entidad sin propietarios – es decir sin dueños, como cualquier otro gremio o asociación sin fines de lucro. En este caso, un gremio monopólico con respaldo estatal.

En mi opinión, la Sentencia TC 163/2013 no analiza adecuadamente todas las dimensiones de la libertad de asociación que se ven afectadas por la imposición de una colegiatura única. La libertad de asociación es un derecho habilitante. Sirve para canalizar la sumatoria de iniciativas y voluntades individuales. Abarca la libertad de asociarse y formar todo tipo de entidades, como sociedades comerciales, partidos políticos, cooperativas, asociaciones sin fines de lucro – y por supuesto, gremios profesionales.

La libertad de asociación tiene dos dimensiones. Una implica poder asociarse libremente con quien uno decida. Pero también tiene otra dimensión que implica el derecho a no estar asociado con quien uno no quiera estarlo.

Imponer la colegiatura obligatoria en un único gremio viola ambas dimensiones de la libertad de asociación. Primero, porque obliga a todos los abogados a estar asociados sin tomar en cuenta la voluntad de cada uno –y sin affectio societatis, como dicen los abogados.

El CARD no es una asociación – es una imposición. La Ley del CARD no toma en cuenta el derecho que tiene cada abogado de no tener que asociarse con colegas con los que no se comparten los mismos valores, principios, ideales e intereses. El esquema actual tampoco permite a los miembros inconformes con el CARD votar con los pies. Sólo hay un gremio.

El segundo punto, es que tener un único gremio impide la colegiatura libre y competitiva. Los monopolios son ineficientes. Según la constitución no se permiten – salvo en provecho del Estado. El TCRD y la Ley del CARD establecen que como corporación de derecho público el CARD caería dentro de la excepción – pero eso es debatible.

Tampoco convence la lógica del TCRD, que dice en la citada sentencia que los abogados quedan libres de asociarse – luego de matricularse en el CARD. Una duplicidad costosa e innecesaria – que pierde totalmente de enfoque lo que se está discutiendo. Como cuando el único matrimonio religioso con efectos era el canónico – y se argumentaba que nada impedía que los simpatizantes de las demás iglesias podían casarse por la vía civil, y luego a través de una ceremonia religiosa de su elección (sin validez legal).

Decir que el CARD no viola las libertades de asociación y competencia es como declarar la libertad de consciencia y de cultos, pero imponer que las personas se inscriban en un único colegio o registro de religiones, o decir que hay libertad de asociación política, pero sólo a través de un partido político registrado.

Las asociaciones – civiles, políticas, económicas – deben surgir de la iniciativa privada y la libre voluntad de sus miembros. No deben ser coordinadas ni impuestas por el Estado (top down).

Se debe analizar el problema del CARD en todas estas dimensiones. No se trata de combatir la colegiatura obligatoria – sino abrir la posibilidad a una colegiatura competitiva y descentralizada que surja de la iniciativa privada y de la libertad de asociación de los abogados.

Cada abogado está en una mejor posición que un senador, un diputado, que el pleno del TCRD o que el presidente del CARD, para determinar a cuál gremio profesional – y con cuáles abogados – quiere asociarse, así como con cuáles no quiere estar asociado.

Por esto, la estructura propuesta es la de un régimen de libertad de colegiatura, donde puedan competir y coexistir distintas asociaciones profesionales autorreguladas.

Es así de hecho, como surgen los colegios profesionales de abogados (barristers, solicitors) en Inglaterra, que todavía operan hoy día. Los gremios no deben surgir del Estado, sino de la gente.

Todo esto sin tocar el tema de los problemas de gobierno corporativo y los costos de agencia que afectan al CARD. El CARD se ha convertido en otro – de los tantos – campos de batalla baldíos donde los partidos políticos llevan a cabo sus guerrasproxy. Desde el punto de vista político, las elecciones del CARD y su andamiaje institucional están diseñados para ser coaptadas por los políticos para usarlas como estructuras proselitistas y clientelares (algo que abordaré con más detalle en una próxima entrega).

La libertad de colegiatura añade un elemento sano, necesario en la autodeterminación: la competencia. Este es un punto que la Sentencia TC 163/2013 no consideró, enfocándose principalmente en la eliminación de la colegiatura obligatoria, sin considerar que existe una plétora de formas como se puede organizar la colegiatura profesional de los abogados – y de otros profesionales.

Cada abogado y cada despacho deben tener el derecho de asociarse libremente en un gremio profesional que refleje sus valores, intereses e ideales. Donde se compartan intereses y se puedan ejercer objetivos comunes para el ejercicio profesional.

La libre colegiatura salvará el ejercicio de la profesión. Sobre todo, permitirá separar “el trigo de la cizaña”. Mucho mejor que la colegiatura única e ineficiente – o los proyectos de ley para restringir o regular el ejercicio del Derecho.

Los abogados éticos se asociarán a otros abogados que comparten valores similares. La membresía a ciertos gremios profesionales será un sello de calidad. Los clientes, abogados, jueces y demás auxiliares de la justicia reconocerán las marcas de calidad, ayudando a separar el trigo de la cizaña. Los abogados de provincias podrán organizarse y autodeterminar mejor sus gremios sin incidencia de un gobierno capitaleño ni la creación de costosas estructuras seccionales del CARD dirigidas por amiguetes de la directiva.

Cada asociación podrá diseñar comités de trabajo, mecanismos de gobierno, y procesos disciplinarios efectivos, ajenos a los costos de agencia que genera la manipulación política. Al abogado que no le guste una asociación tendrá el derecho de votar con los pies, transfiriéndose a otro gremio.

Lo mejor es que cada asociación determinará cómo autofinanciarse, sin tener que crear tasas absurdas que le peguen mordiscos a los actos privados ni a los actos judiciales.

Como cualquier propuesta, la colegiatura libre y competitiva no es una panacea. Tiene costos y beneficios que – por limitaciones de espacio – no puedo articular aquí. Sin embargo, estimo que el saldo es positivo y mayor que el saldo del desprestigiado y fracasado modelo actual de colegiatura única a través del CARD.

Llegó el momento de dar pasos certeros hacia una colegiatura libre y competitiva.

 

 

 

Absurdos Regulatorios: Prohibir la Hookah

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Si los legisladores y reguladores se empeñan en seguir regulando cosas absurdas, los absurdos regulatorios seguirán a la orden del día. No habrá Plan de Mejora Regulatoria que de la talla.

En la República Dominicana, hay dos casos recientes emblemáticos de estudio: la Ley que Prohíbe el uso de la Hookah; y la Ley del Colegio de Abogados. En este artículo me referiré a la primera, mientras que dedicaré una futura entrega a la Ley del Colegio de Abogados.

Antes que nada, debo dejar claro que este artículo no es una apología por la hookaho shisha – una pipa de agua que proviene del oriente, y a la cual se le dan usos cuestionables en algunos tugurios del país. Sin embargo, uno debe preguntarse: ¿cuál es el razonamiento subyacente para dedicar recursos y tiempo con el objetivo de prohibir el uso público y privado de la hookah?

En muchos países asiáticos y del norte de África, fumar hookah es culturalmente aceptado. Este es el caso, por ejemplo, de Turquía, Israel, Líbano, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Omán, Pakistán, Marruecos, Argelia, entre otros. Algunos de estos países, producto de la influencia religiosa, tienen reglas sumamente estrictas respecto de otras actividades, como el consumo de drogas y de bebidas alcohólicas. Sin embargo, la hookah está permitida – y su uso no está regulado. Lo mismo ocurre en otros lugares de Europa y Asia, donde es común encontrar Shisha Bars, lugares donde la gente disfruta de fumar tabaco saborizado con las shishas.

Sin embargo, en el caso dominicano, el Congreso Nacional encontró que – entre todos los problemas sociales que merecen atención legislativa – de alguna manera, el uso y abuso de la hookah era de interés prioritario para la nación.

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Legislar no es menuda cosa. El Congreso Nacional nos cuesta mucho dinero. Estos recursos se pudieran dedicar a otros objetivos apremiantes. Sólo para el 2019, el Congreso Nacional tiene presupuestado gastos por más de 7,282 millones de pesos (gráfica 1). Esto es un gasto per cápita de casi DOP 703.03 por dominicano (ver gráfica 3).

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Las gráficas 1 y 2 muestran cómo el presupuesto asignado al Congreso Nacional ha ido en aumento en la última década (aunque ha ido disminuyendo como porcentaje del Presupuesto General del Estado – PGE). Mientras que la gráfica 3 muestra el gasto real per cápita del Poder Legislativo entre 2008-2017.

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¿Vale la pena – y el costo – dedicarle tiempo a la prohibición de la hookah? ¿Cuál fallo del mercado justificaría prohibir su uso?

En un artículo anterior explico cuáles son, según la teoría económica neoclásica, los fallos del mercado que podrían justificar (pero no ordenan) una intervención regulatoria del Estado. Estos son: las externalidades, los problemas de información asimétrica, problemas de competencia, y los bienes públicos. A partir del auge de la economía conductual, a estos fallos se les agregan los llamados “fallos conductuales” o cognitivos de las personas.

En el caso del uso indebido de la hookah, no hay monopolios ni problemas de competencia. Tampoco existe asimetría informativa que afecta a los fumadores. Mucho menos los usuarios se ven afectados por sesgos ni heurísticas a la hora de tomar decisiones.

Los fallos más relacionados son las externalidades y problemas de salud pública (bienes públicos) – que, dicho sea de paso, no afectan específicamente al público, sino al fumador insensato que tiene que ser hospitalizado – o muere – requiriendo de fondos públicos para su atención. Cuando un usuario de hookah utiliza la pipa indebidamente, mezclándola con narcóticos, bebidas alcohólicas u otros químicos, se hace daño a si mismo, e impone costos externos a sus familiares, dependientes, y al sistema de salud pública.

Sin embargo, son riesgos que adultos asumen voluntariamente, como fumar, consumir alcohol, medicamentos o drogas. La hookah tampoco se ha convertido en una epidemia pública, como el caso de los opiáceos en los EE. UU.

La referida ley además argumenta que el usuario: “al compartir la boquilla, está expuesto a la transmisión de enfermedades como: tuberculosis, herpes labial, cáncer de pulmón y la destrucción de los dientes por causa de sarro y otras enfermedades periodontales”.

Ciertamente, algunas de estas enfermedades pueden ocurrir cuando se comparte una botella de cerveza entre amigos, fumando y compartiendo cigarrillos –incluso, a través de besos. ¿Tendríamos que prohibir estas actividades también? En el caso del sarro y las enfermedades periodontales: ¿el Congreso Nacional tiene que dedicarse de manera paternalista, a cuidar las encías de los adultos?

Realmente, ¿todo esto justifica prohibir la hookah? ¿no es más alto el costo externo producido por el consumo de otras sustancias legales, como el alcohol u otros productos de tabaco? ¿no mueren más personas en accidentes de tránsito que por fumar hookah? ¿habría también que prohibir los vehículos de motor?

Es evidente que no se justifica dedicar valioso tiempo ni recursos del Poder Legislativo para prohibir el uso de la hookah. Es más, ni siquiera debería estar dedicándole un artículo a este tema. Pero es que la regulación de cosas absurdas implica desperdicio de recursos para la sociedad.

Esto sin entrar demasiado en que una ley como ésta tiene vocación de ser fútil a la hora de implementarse. Es prohibitivamente costoso monitorear el uso privado de la hookah. Cualquiera en la comodidad de su casa – sea en Casa de Campo, en Santo Domingo, o en Dajabón – puede fumar hookah, sin que el Estado tenga forma de prohibírselo, efectivamente.

Tampoco creo que con los altos niveles de inseguridad que existen en el país, dedicar recursos humanos y financieros para monitorear que la gente no fume hookah, sea algo prioritario, ni constituye un uso eficiente de los agentes policiales y miembros del Ministerio Público.

Hacer cumplir con esta ley será sumamente difícil para el Estado, que verá su credibilidad y su autoridad erosionadas por evacuar – en todos los sentidos de la palabra – absurdos legislativos paternalistas como este.

Como expreso al inicio del artículo, regular cosas absurdas incrementa el acervo de los absurdos regulatorios.

LA EVALUACIÓN DE LOS JUECES DE LA SUPREMA

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El 10 de enero de 2019, el Consejo Nacional de la Magistratura (“CNM”) inició los trabajos para evaluar a 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia(“SCJ”).

El CNM estará aprobando un reglamento de evaluación de los jueces de la SCJ, para sustituir el vagamente redactado e impreciso reglamento de evaluación existente, el Reglamento núm. CNM 2-11, vigente desde 2011.

El reglamento CNM 2-11 es tan malo, que el Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) fácilmente podría utilizarlo (en vez de excremento) para lanzar en futuras protestas.

El problema de elaborar y usar un nuevo reglamento ad hocde evaluación de los jueces de la SCJ, es que es contrario a las reglas del debido proceso. Esto equivale a crear una norma ex post factoy aplicarla retroactivamente, impidiendo que los jueces de la SCJ sean evaluados justamente.

Imagínese ser un estudiante y que el profesor tenga la potestad de examinarlo al final del curso sin haberle indicado – con tiempo suficiente – cuáles criterios y temarios estaría evaluando en el examen.

Los jueces de la SCJ desempeñaron sus funciones bajo el Reglamento núm. CNM 2-2011 que era impreciso y vago. Pero sería injusto evaluarlos con otros criterios que se recomendaron en 2017 – y que apenas se estarían aprobando de manera especial para aplicárselos ahora.  Esto porque, como dice la Constitución, no se puede sancionar sin una norma previa. Tampoco puede juzgarse (evaluarse) sino conforme a normas preexistentes.

Además, aunque el CNM tiene competencia para evaluar a los jueces usando un reglamento de elaboración propia, para separar a un juez de su cargo “deberá sustentar su decisión en los motivos contenidos en la ley que rige la materia” (art. 181 de la Constitución). Esto es algo controversial, porque hay quienes argumentan que el CNM no tiene que motivar sus decisiones porque son políticas – a pesar de que, en los casos de destitución de jueces de la SCJ, la Constitución establece que debe hacerlo.

Evaluar sin parámetros preexistentes claros y precisos, es simplemente un ejercicio de discrecionalidad. Sobre todo, si se mantienen secretas las evaluaciones de los jueces de la SCJ, como se hacía en el pasado.

Sería menos injusto evaluar aleatoriamente, o con otros métodos. Quizás consultando una bola de cristal, un brujo, o echando suerte con dados.

Queda como ejemplo histórico la controversial destitución por evaluación delmagistrado Julio Aníbal Suárez– rodeada de murmullos de malestares políticos.

No se puede fomentar una justicia realmente independiente, si los jueces de la SCJ no saben con certeza objetiva cómo se les va a evaluar. El desorden que existe hace que los jueces de la SCJ vivan continuamente bajo incertidumbre – con una espada de Damocles sobre sus cabezas colgando de un pelo que amaga con romperse en caso de que su accionar resulte inconsistente con los intereses del poder político que toque evaluarlos.

La corrosión de la independencia se aprecia más considerando que según el art. 154 de la Constitución, son los jueces de la SCJ que tienen la atribución exclusiva de conocer las causas penales seguidas a los integrantes del CNM: el presidente, los senadores, diputados, jueces de la SCJ, y el Procurador General de la República.

¿Quién va a juzgar imparcialmente a un presidente de turno o procurador, sabiendo que luego podría ser potencialmente evaluado por estos en un CNM?

La gran paradoja de los procesos de evaluación que hemos tenido en todos los CNM convocados desde 2011 es que a los jueces – quienes están llamados de proteger el debido proceso y los derechos fundamentales de las personas naturales y jurídicas – se les niegan esos mismos derechos y garantías cuando toca evaluarlos, elegirlos o destituirlos.

No se puede esperar tener juzgadores justos tratándoles con inequidad.