¿Espejit-Coins por Oro?

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“¿Quién sabe cuál será la futura encarnación del dinero? ¿bytes dentro de un computador?” Milton Friedman, 1994

Las recientes declaraciones del Gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Lic. Héctor Valdez Albizu, sobre los activos virtuales (como Bitcoin, Litecoin y otras criptodivisas), han suscitado mucho interés. Las declaraciones fueron respaldadas por la Junta Monetaria, mediante resolución del 22 de junio de 2017. El BCRD también emitió un comunicado el pasado 29 de junio de 2017, advirtiendo entre otras cosas, que los referidos tipos de activos virtuales: “no cuentan con el respaldo del Banco Central y por lo tanto no gozan de la protección legal que otorga el marco jurídico de la República Dominicana”.

Ciertamente, desde el punto de vista de la protección al inversionista, el anuncio del BCRD es importante y necesario. Una cuidadosa lectura del comunicado, permite apreciar que el objetivo es informar a los agentes económicos que estas criptomonedas no cuentan con el respaldo de Estado alguno. Esto es importante, porque el BCRD cumple una función educativa para contrarrestar la asimetría de información que existe en torno a estos activos.

Puntualmente, algunos agentes pueden invertir en activos virtuales sin conocer los niveles de riesgo que conllevan. También existe la posibilidad de que algunos oportunistas exploten las vulnerabilidades de los inversionistas con la finalidad de realizar fraudes, robos de carteras de criptodivisas, u otros tipos de infracciones. Alejandro Fernández W. (Argentarium) ha advertido sobre estas vulnerabilidades.

Las criptomonedas también resultan atractivas para los criminales y financiadores del terrorismo. Sólo hay que recordar el notorio caso de Silk Road – el “Amazon” para la venta de drogas y la contratación de sicarios – donde regularmente se pagaba con Bitcoin. Sin embargo, las transacciones en efectivo también son riesgosas – al igual que otros medios de pago. Por tanto, estos riesgos deben ponerse en su debida dimensión. Por tanto, no se debe asumir que quienes transan con criptomonedas son criminales, como tampoco se puede concluir que quienes manejan operaciones en efectivo lo son.

A pesar de las declaraciones, mi predicción es que más temprano que tarde, el BCRD se abocará a trazar las directrices para el funcionamiento de la tecnología de cadena de bloques (blockchain) – o de otras tecnologías emergentes – en el sistema financiero dominicano. Con el paso del tiempo, es probable que también los agentes económicos continúen aceptando algunas criptomonedas como medio de pago.

Esta predicción responde a varios factores. En primer lugar, el BCRD y su Departamento de Sistema de Pagos (SIPARD) son referentes en materia de medios de pago. En la medida de que la cadena de bloques – o cualquier otra tecnología emergente en el futuro – vaya cobrando mayor prominencia en los sistemas de pagos internacionales, el BCRD tendría que replantear su posición.

En segundo lugar, otros reguladores, supervisores y bancos centrales han mostrado interés en las tecnologías financieras (las llamadas “FinTech”) – que incluyen, pero no sólo se limitan a la tecnología de cadena de bloques (blockchain). Las criptomonedas (como Bitcoin, Ethereum y Litecoin) están basadas en esta tecnología. La tecnología subyacente a estas criptomonedas promete tener amplias aplicaciones en el futuro.

En tercer lugar, el BCRD no tiene cómo efectivamente prohibir que los agentes económicos dominicanos realicen operaciones con monedas virtuales como medio de pago. Ejercer controles a través de las entidades de intermediación financiera sería fútil. Esto porque la tecnología de cadena de bloques y la Bitcoin fueron especialmente diseñadas para no tener que depender de bancos centrales ni de intermediarios financieros. Es una manera de transferir valor entre partes de manera segura, veloz y sin la necesidad de contar con intermediarios. Por tanto, no tiene sentido enfocar esfuerzos y recursos en “prohibir” las transacciones utilizando estos medios de intercambio.

Por estas razones, la discusión sobre criptomonedas debe trascender la cuestión sobre tal o cual moneda, y debe reenfocarse en las interesantes y útiles tecnologías emergentes.

Las bondades de la cadena de bloques no deben prohibirse ni menospreciarse. Ciertamente, sus beneficios superan sus costos. La cadena de bloques provee un registro de transacciones sumamente seguro. También es la base para otras tecnologías financieras, como los “contratos inteligentes” (smart contracts) – y pronto podría ser la base para nuevos sistemas registrales de derechos de propiedad: desde vehículos de motor, hasta inmuebles y valores negociables. Incluso, esta tecnología podría servir para los registros civiles.

Hay que tener en cuenta que las criptodivisas tienen otros beneficios. Particularmente, pensemos en lugares donde ciertos grupos vulnerables (por ej., las mujeres) tienen prohibido realizar transacciones comerciales o recibir dinero (ver P. Vigna y M. Casey). También en el caso de los regímenes dictatoriales y absolutistas que socializan el deterioro económico – como Venezuela o Corea del Norte – devastando el valor de los ahorros, creando inflación descontrolada y/o restringiendo los movimientos libres de capitales.

Otros bancos centrales son conscientes de todo esto. La economista Janet Yellen, quien preside la Reserva Federal de los EE.UU. (la “Fed” –  probablemente, el banco central más importante del mundo), hizo un llamamiento en 2016 a los banqueros centrales, exhortándoles que estudien la cadena de bloques. Janet Yellen reiteró su posición respecto de la referida tecnología, en enero de 2017. Mientras que el presidente del Minneapolis Federal Reserve Bank (parte de la Fed), Neel Kashkari, manifestó recientemente que la tecnología de cadena de bloques es un tema de alto interés para la Fed.

¿Qué quiere decir todo esto? Que la revolución tecnológica financiera es una realidad. Resistirse o tratar de prohibirla, equivale a dar coces contra el aguijón.

En su momento, las monedas, los billetes, los cheques y las tarjetas de crédito fueron innovaciones tecnológicas. También lo fueron las compañías por acciones, los títulos valores negociables – que luego fueron desmaterializados, los derivados, los valores producto de las titularizaciones, etc. Respecto de todas estas tecnologías e innovaciones financieras ha existido la posibilidad de: realizar fraudes, blanquear valores de origen ilícito, financiar actividades socialmente indeseadas y ejecutar operaciones anónimas. Esto no implica que en su momento debieron prohibirse, ni que por eso dejaron de ser útiles para el comercio y el progreso financiero.

El BCRD ha hecho bien comunicando e informando sobre estos activos virtuales, para educar y reducir la asimetría informativa. No obstante, la tecnología subyacente de cadena de bloques es interesante y merece ser estudiada profundamente. Como predijo el nobel economista Milton Friedman, el dinero es un “medio nemónico”. Esto quiere decir que el dinero funciona como una especie de memoria (en las palabras de Charles Wheelan), que nos permite registrar y reconocer nuestra producción y consumo. Esto seguirá así, independientemente de que utilicemos efectivo, criptomonedas o intercambiemos “espejitos por oro”.

Como reflexionaba Milton Friedman hace un par de décadas: ¿quién sabe qué forma tendrá el dinero en el futuro? Incluso podría llegar el momento en que el propio BCRD decida emitir parte del circulante en algún tipo de criptopesos, o elija la cadena de bloques – o cualquier otra tecnología financiera emergente – para el registro de ciertas transacciones financieras. Quizás dentro de unos años, las funciones de los bancos centrales serán realizadas por algoritmos e inteligencia artificial, y los dominicanos pagaremos por bienes y servicios con guiños, frunciendo el ceño – o incluso telepáticamente.

 

 

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¿Los Procesos de Cambios de Jueces son Disruptivos?

El pasado 15 de mayo de 2017, el presidente Danilo Medina Sánchez convocó el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Esta es la cuarta convocatoria del CNM (1997, 2001, 2010) – y la segunda desde la reforma constitucional de 2010, cuando se estableció su configuración actual. La convocatoria busca suplir vacantes que se producirán en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Una pregunta que me parece interesante gira en torno a si los procesos de selección de jueces podrían tener algún impacto sobre la resolución de asuntos de los tribunales afectados. En otras palabras, ¿si el proceso de selección de jueces llevado a cabo por el CNM podría tener implicaciones sobre el desempeño jurisdiccional de las altas cortes?

Este breve artículo presenta los datos disponibles que incluyen el período de la última convocatoria del CNM (agosto-diciembre 2011). El artículo plantea la hipótesis de que los procesos de cambios de las altas cortes podrían impactar negativamente el desempeño de las cortes reconfiguradas. En este análisis, el desempeño se mide por la tasa de resolución de asuntos (court resolution rate). Las implicaciones de este planteamiento para la formulación de políticas públicas son importantes y multifacéticas. El artículo concluye con tres planteamientos para ser examinados en el futuro.

¿Los procesos de selección de jueces puede ser disruptivos?

Durante la convocatoria del CNM de 2011, la tasa de resolución de asuntos de la SCJ disminuyó considerablemente, como muestra la Gráfica 1.

En dicha ocasión, la SCJ experimentó una reconfiguración significativa. Sólo cuatro – de los 16 jueces que servían entonces (25%) – fueron ratificados en su cargo. Uno de los cuatro, el Dr. Subero Isa, renunció luego de ser ratificado.

A partir de entonces, la SCJ fue integrada por 17 jueces, de los cuales el CNM 2017 tendrá que completar las vacantes de cuatro magistrados (23.52%). Esto evidencia que, en este sentido, los procesos de 2011 y 2017 son simétricamente opuestos. No obstante, algunos analistas han señalado que todos los jueces de la SCJ deberán ser evaluados en 2018 – lo cual genera una situación interesante de cara a los expedientes de jurisdicción privilegiada de alto perfil que actualmente están sobre el tapete.

Para el TSE, la situación es distinta. Los cinco jueces del TSE y un número equivalente de suplentes, deberán ser sustituidos por el CNM.

Ambas situaciones llevan a preguntarse: ¿qué impacto (si alguno) podría tener el proceso de selección de jueces de la SCJ y del TSE sobre el desempeño de dichos tribunales? Ciertamente, cualquier órgano jurisdiccional que experimente un cambio completo o parcial de su plantilla jurisdiccional (y eventualmente, también de parte de su personal administrativo y operativo) sufrirá disrupciones en su capacidad de respuesta y el manejo de su carga de trabajo.

Por tanto, en el caso del TSE, se puede esperar que su desempeño resolutivo (medido a través de la tasa de resolución de asuntos/expedientes) se vea afectado. Esto impacta mayormente a los partidos políticos que dirimen sus disputas ante el TSE.

Con relación a la SCJ, la situación es distinta. Los cambios de 2011 implicaron la renovación del 75% de la composición del tribunal (81.25%, luego de la renuncia del Dr. Subero Isa) – incluyendo el inicio de la gestión de un nuevo presidente de la SCJ y del Consejo del Poder Judicial.

Completar las vacantes actuales implica la sustitución de apenas 4 jueces – de 17. No obstante, todos los jueces de la SCJ serán evaluados en 2018, lo cual también podría tener cierta incidencia sobre su desempeño durante 2017-18.

¿Entonces, existe evidencia que sugiera que los procesos de selección de jueces pueden ser disruptivos? De las estadísticas disponibles, se puede apreciar que, durante el año 2011, la tasa de resolución de asuntos de la SCJ fue de tan sólo 20.88%. Dicha tasa se redujo 69.27% con relación al año 2010, cuando la tasa de resolución de la SCJ fue de 67.95%. La Gráfica 1 presenta estos datos.

Para 2012 y 2013, no existen estadísticas judiciales publicadas que permitan calcular la tasa de resolución de la SCJ. Para el 2014, la tasa de resolución de la SCJ se situaba en 61.93%. Como se puede apreciar en la Gráfica 1, la tasa de resolución de todo el Poder Judicial no experimentó fluctuaciones significativas a partir del proceso del CNM de 2011.

Disrupciones - Gráfica 1

Es importante señalar que no se puede atribuir este efecto al proceso de selección de jueces que ocurrió en 2011. Ciertamente, existen otros factores (observables e inobservables) que pudieron contribuir con este resultado, y que deberían ser incluidos en un modelo empírico que permita estimar la relación entre todas estas variables.

No obstante, de los datos disponibles se puede apreciar que: durante 2011 la tasa de resolución de la SCJ se desplomó a la resolución de aproximadamente uno de cada cinco asuntos (ej. recursos de casación); y que durante los años 2012 y 2013 no existen datos públicos disponibles que permitan apreciar el comportamiento de la salida de asuntos de la SCJ (incluyendo el pleno y sus salas).

Posibles consecuencias

A modo de conclusión, presento tres hipótesis, augurando que el proceso de selección de jueces de 2017 será disruptivo. Estas predicciones establecen que el accionar del CNM 2017: (1) impactará negativamente la resolución de casos en los tribunales afectados (TSE y SCJ); (2) que los cambios en la SCJ podrían afectar el anunciado “Plan contra la Mora Judicial” promovido por el Consejo del Poder Judicial; y (3) que una baja representatividad de jueces de carrera en la SCJ y el TSE podría tener implicaciones negativas sobre su permanencia dentro de la judicatura (y sobre su entusiasmo, lo cual es más difícil de medir), generando un costo social importante.

La magnitud y la duración del impacto augurado quedará pendiente de verificación con el transcurso del tiempo, y la publicación de los datos que permitan analizar estas variables.

Todo esto sin ponderar la dinámica eminentemente política de la convocatoria actual del CNM y de la evaluación de 2018, que envía un mensaje implícito a todos los jueces de las altas cortes – y especialmente, a los jueces de la SCJ (que serán evaluados) –recordándoles que el oficialismo monitorea su desempeño. Los jueces que no presenten un resultado satisfactorio, según la opinión del CNM, podrían correr con la misma suerte del criticado caso del valioso magistrado de la SCJ que fue destituido por el CNM de 2011.

¡La espada – o el machete – de Damocles pende sobre sus cabezas!

Lavado y Bancas de Apuestas

Si don Corleone, El Padrino de Mario Puzo, fuera dominicano, sería dueño de un consorcio de bancas de apuestas. Además, estaría muy contento. ¿Por qué? A continuación, lo explico…

El Senado de la República Dominicana recientemente aprobó la exclusión de las bancas de apuestas y las loterías como sujetos obligados del nuevo proyecto de ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Dicho proyecto de ley busca relanzar la normativa anti-lavado de la República Dominicana, poniéndola al día con las mejores prácticas internacionales. Sin embargo, el Senado sorpresivamente excluyó a las bancas deportivas y de lotería de la lista de sujetos obligados bajo la nueva ley. Esto deja una enorme brecha abierta que pone en peligro la efectividad de la norma de disuadir, prevenir y combatir el lavado de activos en la República Dominicana. Es decir, que los avances positivos de la ley podrían quedar opacados por esta omisión.

Más que la exclusión misma, la justificación que ofrecieron algunos senadores y el ministro de la Presidencia es lo que produce mayor curiosidad. Con esta medida, el Estado puede estar “jugando a la ruleta rusa” con el sistema financiero. Este artículo presenta argumentos basados en estadísticas y en algunos lineamientos internacionales en materia de prevención del lavado de activos, para explicar por qué las bancas de apuestas deben ser incluidas como sujetos obligados de la ley anti-lavado.

 

LAVA: ES POCO PROBABLE QUE TE PERSIGAN

 Uno de los argumentos presentados para justificar la exclusión de las bancas de apuestas es que los dueños de bancas (y sus clientes lavadores) seguirán corriendo el riesgo de ser perseguidos por lavado bajo la nueva ley. Esto es una especie de advertencia, bastante vacía, ya que no es creíble. El Ministerio Público no ha demostrado apetito para perseguir, ni tiene dientes para morder a los lavadores – mucho menos a los dueños y clientes de las más de 30,000 bancas de apuestas registradas (ni las más de 60,000 bancas ilegales que existen según el ministro de Hacienda).

En primer lugar, si las bancas no se mantienen como sujetos obligados ¿cómo las autoridades van a saber si se lava o no a través de sus operaciones? Parte del objetivo de tener a las bancas como sujetos obligados es que deban realizar una debida diligencia mínima sobre sus clientes. Esto les impondría la obligación de mantener registros e historiales de operaciones y sobre sus clientes, incluyendo: identificar, verificar y documentar su identidad, y registrar las operaciones frecuentes, inusuales y sospechosas que reciban. En otras palabras, se le imponen obligaciones para que proactivamente ayuden a combatir el blanqueo e identificar a los potenciales blanqueadores.

Tener a las bancas de apuestas como sujetos obligados no es poca cosa.  Aún si deciden obviar la ley o no reportar operaciones sospechosas, las autoridades pueden realizarle auditorías e imponer cuantiosas multas contra sus directivos y propietarios. Es decir que, si incumplen la ley, existe el riesgo de ser multadas, auditadas y hasta que le revoquen su licencia para operar. Además de que pueden tomarse medidas punitivas directamente contra el patrimonio de los beneficiarios y dueños de las bancas de apuestas.

Excluir las bancas de apuestas de estas obligaciones, implica que no habrá registro alguno sobre sus operaciones. Por ende, las autoridades tampoco tendrán prueba para sustentar que una banca, sus beneficiarios o su clientela han blanqueado activos. Es como si dichas potenciales operaciones de lavado no existieran.

El lector puede apreciar que la exclusión les está brindando una idílica oportunidad de negocio a los dueños de bancas, de máquinas tragamonedas, y a todos los interesados en lavar activos a través de estas actividades. Más importante es el hecho de que hacerse de la vista gorda no soluciona las enormes vulnerabilidades que existen en la República Dominicana – basadas en una realidad que las autoridades han permitido y fomentado.

El propio ministro de Hacienda reconoce que las bancas ilegales duplican a las que cumplen con el registro. Por tanto, el número total ronda por más de 90,000 bancas legales e ilegales. Eso equivale a aproximadamente 88 bancas por cada 10,000 habitantes. Supera el número total de centros educativos existentes en el año 2014-15 (11,843) y los 1,726 centros de salud del sector público que existían en el 2014, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

En segundo lugar, las estadísticas de los últimos años ponen en evidencia que el Ministerio Público prioriza poco perseguir el lavado de activos. En febrero de 2017 presenté una entrada donde analizo que la cantidad de expedientes de lavado de activos judicializados cada año no está correlacionada con la comisión de delitos determinantes que generan ganancias para ser lavadas.

Lo más preocupante, es que los casos de lavado que se someten a la justicia son escasos cuando se comparan con el total de casos de delitos determinantes del lavado judicializados durante el período analizado. Por ejemplo, en el año 2015 el Ministerio Público sólo sometió a la justicia 45 expedientes por lavado de activos. Mientras que, para el primer semestre del 2016, la cifra rondaba los 6 expedientes.

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Se aprecia cómo la amenaza de persecución penal se torna hueca. El Estado no sólo estaría imposibilitado de documentar bien una investigación que sustente un expediente (porque ya permitió que no se lleven registros) – sino que además revela a través de su historial de puesta en marcha de la acción pública que combatir el lavado no es una prioridad de su política criminal. Es decir, que la probabilidad de ser perseguido por lavado es realmente muy reducida.

Si asumimos que los criminales e infractores son entes racionales, que calculan la probabilidad de ser detectados y perseguidos, y la evalúan contra el beneficio que podrían obtener de sus actividades ilícitas, se aprecia que la suerte seguirá del lado de los blanqueadores.

 

¿LAS BANCAS DE APUESTA NO SON CASINOS?

Otro de los argumentos que han sido utilizados para justificar la exclusión de las bancas de apuesta, es que las normas internacionales aplican únicamente a los casinos – y no a otros tipos de establecimientos de juegos de azar, como las bancas. Esto no es del todo correcto, y utilizar este razonamiento es incluso peligroso. Las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (“GAFI” o FATF – por sus siglas en inglés), aplican a los casinos – y los análisis de vulnerabilidades se ha extendido a todo el sector de los juegos de azar (en inglés, “casinos and gaming sector”; en francés, “casinos et du secteur des jeux”).

Esto porque el sector de las bancas de apuesta presenta vulnerabilidades funcionalmente equivalentes a las que tienen los casinos. Dentro de los juegos de azar podemos definitivamente incluir a las bancas deportivas y de lotería, así como a los establecimientos que operan máquinas tragamonedas. Claudia Álvarez Troncoso lo explica claramente en un artículo reciente publicado en Argentarium.com.

Más allá de la semántica, la primera de las 40 recomendaciones del GAFI – el cual traza los principales lineamientos internacionales para combatir el lavado y el financiamiento del terrorismo – establece que los países deben adoptar un enfoque basado en riesgos para combatir el lavado. Esto implica dedicar recursos a los sectores que representen mayor riesgo, como es el caso de los casinos y los juegos de azar de la República Dominicana, donde han proliferado enormemente las bancas de apuesta bajo la anuencia y el fomento del Estado.

De hecho, el informe del GAFI de marzo de 2009 sobre vulnerabilidades de los casinos y del sector de juegos de azar, documenta que los riesgos se extienden a las casas de apuestas. Algo curioso es que, para entonces, el GAFI ya tenía fichada a la República Dominicana como un país que no aplicaba la regulación anti-lavado a los casinos (pár. 53).

Excluir o intentar ocultar la realidad dominicana no es conveniente para la inminente evaluación que tendremos por parte de la GAFILAT (el organismo regional de Latinoamérica). Las autoridades realmente se la “están jugando” con esta estrategia. No sólo porque corren el riesgo de que la GAFILAT repruebe a la República Dominicana en su evaluación, sino porque también ponen toda la integridad del sistema financiero, del sistema de pagos y la seguridad nacional/internacional en riesgo con esta política pública.

Cerrar los ojos, e imaginarse que las vulnerabilidades dejan de existir porque se decidió excluir a las bancas como sujetos obligados de la ley es un ejercicio autoindulgente e ingenuo. Es como si un estudiante dejara de repasar los temas que menos domina de un programa de estudios pensando que si no los estudia, no saldrán en el examen.

Además, la exclusión crea una estructura de incentivos perversos para que las actividades de juegos de azar – específicamente el lavado, y posible financiamiento del terrorismo – migren hacia las bancas de loterías y deportivas, que están insuficientemente reguladas. Esta es una evidente oportunidad de arbitraje regulatorio.

Como parte de la industria de los juegos de azar, los casinos y las bancas de lotería y deportivas comparten algunas vulnerabilidades similares. No obstante, la realidad dominicana pone en evidencia que el enorme volumen de bancas de apuestas – legales e ilegales – y de máquinas de tragamonedas podría suponer un riesgo de mayor magnitud que los casinos. Sólo hay que tomar en cuenta que mientras la Dirección de Casinos reconoce la existencia de 63 casinos y 8 sala de juegos repartidos en 10 provincias del territorio nacional (mayormente dentro de hoteles) – al mes de Julio de 2013 (hace casi cuatro años) existían 30,750 bancas deportivas y de apuesta esparcidas por todo el territorio nacional. Esto sin tomar en cuenta el número de bancas de apuesta ilegales, que según el Ministerio de Hacienda duplica las bancas registradas, ni la proliferación descontrolada de máquinas tragamonedas en establecimientos no regulados.

Tomando estas cifras como válidas, se puede apreciar que en el país existen al menos 488 bancas registradas por cada casino ¡Casi mil quinientas bancas por casino si se toman las bancas ilegales! Esto deja claro la magnitud de un problema que difícilmente se puede barrer debajo de la alfombra. También pone en su debida dimensión la magnitud del riesgo de lavado de activos a través de los casinos y el riesgo a través de las bancas de lotería y de apuestas.

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LAS BANCAS GENERAN INGRESOS FISCALES

En el ámbito fiscal, las bancas y las máquinas tragamonedas también tienen mayor peso que los casinos. Esto puede servir como variable aproximada para poner en evidencia la magnitud de las operaciones comerciales del sector y del riesgo de lavado que representa. Las Gráficas 3-6 muestran las cifras de las recaudaciones de los casinos, las bancas y las máquinas tragamonedas para los años 2015 y 2016.

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Para el año 2016, por ejemplo, las bancas aportaron aproximadamente DOP 1,435 millones de pesos al fisco. En comparación, las máquinas tragamonedas aportaron DOP 607.7 millones, mientras que los casinos apenas DOP 227.8 millones. Se puede apreciar que el aporte total de las bancas al fisco fue 6.2 veces mayor que los recursos aportados por los casinos.

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En términos porcentuales, los casinos representan menos del 10% de los recursos que aporta el sector de juegos de azar al fisco. Por su lado, las bancas deportivas y de lotería sumaban el 66% de los ingresos de estos sectores al fisco en 2015, y el 63% en el 2016. Esto implica que de cada cien pesos que el Estado recibió por concepto de impuestos al sector de casinos y juegos de azar en el año 2016: 27 pesos provinieron de las máquinas tragamonedas, 10 pesos de los casinos, y los 63 pesos restantes fueron aportados por las ventas y demás ingresos de las bancas de lotería y deportivas.

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Por lo que el argumento de que “hay más de 30,000 bancas y resulta costoso/prohibitivo regularlas” (o aprox. 90,000 tomando en cuenta las ilegales) no sería admisible, cuando el fisco recibe más de DOP 1,400 millones de pesos anualmente de estas actividades. Además, el Estado puede aumentar los tributos para estos sectores con fines de aumentar la supervisión, el control, y combatir las externalidades negativas que generan. A modo de ejemplo, asumiendo que el número de bancas tributantes se mantenga en 30,000 (ceteris paribus, o todas las demás variables constantes), un tributo anual de DOP 20,000 por banca generaría aproximadamente DOP 600 millones adicionales para cubrir los costos de supervisión y de control de las bancas. Este monto aumentaría a DOP 900 millones si el tributo se fija en DOP 30,000 – y a DOP 1,200MM si se fija en DOP 40,000. La Gráfica 7 presenta los estimados.

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Finalmente, además de los señalamientos que se han realizado resaltando la relación que existe entre algunos congresistas y la industria de los casinos y juegos de azar – para cualquier partido político, contar con el apoyo financiero y con las facilidades irrestrictas de lavado que ofrecen las bancas de apuestas podría resultar una tentación atractiva.

No obstante, para el resto de los dominicanos, las externalidades negativas que esta brecha generará sobre la sociedad – y potencialmente sobre el sistema financiero –constituyen un precio prohibitivo. Sobre todo, en estos tiempos en que los bancos extranjeros ejercen mayores controles y cuidado respecto de sus corresponsales en jurisdicciones de alto riesgo como la República Dominicana.

¡Podríamos terminar pagando justos por blanqueadores!

 

LOS FORMULARIOS DE DENUNCIAS DE PROCOMPETENCIA

PROCOMPETENCIA recientemente puso a disposición del público dos nuevos formularios para denunciar prácticas anticompetitivas. Se trata de un formulario para Denuncias de Abuso de Posición Dominante y otro formulario para Denuncias de Prácticas Concertadas y Acuerdos Anticompetitivos.

Estos formularios se publicaron conjuntamente con los teléfonos de la institución y una cuenta de correo electrónico para su envío. En la comunicación oficial presentada, Procompetencia anuncia que los formularios “no son obligatorios pero facilitan la investigación” de los casos. Sin embargo, las instrucciones generales de los formularios indican que “todas las preguntas deben responderse” y que se debe aportar “toda la información solicitada”. Esto resulta confuso y contradictorio.

Ciertamente, la publicación de ambos formularios y la disposición proactiva de ofrecer mecanismos para la recepción de denuncias son acciones positivas. No obstante, existen algunos factores que podrían restarle efectividad a estos mecanismos de recepción de denuncias. Este artículo presenta algunas sugerencias con el objetivo de mejorar la interacción entre PROCOMPETENCIA y los denunciantes.

LOS FORMULARIOS SON DEMASIADO EXTENSOS 

 Cada formulario contiene 32 páginas – más sus anexos. Existen 80 o más puntos de informaciones que deben ser aportadas por el denunciante (incluyendo la presentación de los estados financieros del denunciante). A pesar de que PROCOMPETENCIA ha informado que el uso del formulario no es obligatorio – está demás apuntar que ambos son demasiado extensos.

También constituyen una barrera de entrada innecesaria. PROCOMPETENCIA, que está llamada a eliminar las trabas y los obstáculos administrativos que esclerotizan la libre competencia, no debe dar la impresión de estar poniendo trabas para la recepción de denuncias.

Cuando se observan los mecanismos de recepción de denuncias de las autoridades de competencia de otros países, se pueden apreciar las diferencias de enfoque.

Por ejemplo:

La Competition and Markets Authority del Reino Unido (CMA) tiene su portal de denuncias. El formulario provisto por la CMA tiene solo dos cuartillas. El formulario se puede remitir por correo electrónico o por correo postal. Además, existe una guía que explica cuáles asuntos se deben denunciar ante la CMA. El uso del formulario no es obligatorio. También se puede enviar un correo electrónico con cuatro puntos de información: detalles de contacto del denunciante, la firma denunciada (incluyendo descripción del asunto y cualquier evidencia de soporte), el área de mercado, y los detalles de cualquier otra organización contactada por el denunciante.

Para la denuncia de cárteles, la CMA ofrece incentivos para los denunciantes (incluyendo recompensas financieras), además de una línea de teléfono y un correo electrónico dedicados para la recepción de este tipo de denuncias.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene un procedimiento similar, detallado en su página Web. Lo mismo que la Federal Trade Commission (FTC): https://www.ftc.gov/faq/competition/report-antitrust-violation

En España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tiene a disposición un breve formulario telemático, que se puede enviar fácilmente a través de la página Web. En Chile, la Fiscalía Nacional Económica también presenta un formulario electrónico. Mientras que la Comisión Federal de Competencia Económica de México (COFECE) tiene un formulario electrónico para la denuncia de obstáculos regulatorios.

En fin: todos los ejemplos puntuales presentados evidencian que el enfoque debe ser en simplificar la recepción de denuncias. La existencia de extensos formularios impresos – aunque no sean obligatorios – es una traba innecesaria. Lo ideal sería combinar un formulario electrónico sencillo, acompañado de una línea telefónica especial de recepción de denuncias, y una cuenta única de correo electrónico.

PROCOMPETENCIA también podría ampliar, como ocurre en México, la recepción de denuncias para que los interesados se animen a identificar oportunidades de simplificación de trámites administrativos dentro de los distintos mercados regulados, al tenor del artículo 13 de la Ley General de Defensa de la Competencia núm. 42-08. Esto se podría canalizar a través de un formulario electrónico particular (en vez de a través del Punto 24 de los formularios existentes).

Formularios_de_ProCompetencia

SE DEBEN FACILITAR LAS DENUNCIAS ANÓNIMAS

La última observación es que para las denuncias – principalmente de cárteles – debe existir un mecanismo que también preserve el anonimato del denunciante. Esto es evidente en muchas de las jurisdicciones anteriormente citadas. Esto porque pueden existir individuos que tengan conocimiento de la existencia de un cártel – o de cualquier otra práctica concertada restrictiva de la competencia – que deseen colaborar, pero que se vean disuadidos de hacerlo por temor a represalias, perder su trabajo, etc.

El esquema actual podría excluir denuncias en este sentido. Un modelo interesante, es el recientemente implementado por la Comisión Europea, que facilita las denuncias anónimas.

Estas son algunas sugerencias que podrían mejorar los mecanismos de formulación de denuncias.

ODEBRECHT NO Pagará USD 184 MM

Tal y como expliqué en febrero de 2017, Odebrecht no va a pagar $184MM al Estado Dominicano por los sobornos confesos que efectuó en República Dominicana, entre 2001-2014. Esto queda confirmado luego de la publicación del calendario de pagos contenido en el acuerdo homologado por los tribunales.

El valor presente estimado de la cifra total ronda por los US$ 137.8MM – asumiendo una tasa de descuento de 10.48%, y que efectivamente Odebrecht podrá realizar los pagos programados sin declararse en quiebra. La Tabla debajo presenta el valor presente de estos pagos.

AÑO MONTO VALOR PRESENTE
RECIBIDO 2017 $30,000,000 $30,000,000.00
30 de Julio 2018 $30,000,000 $27,154,236.06
30 de Julio 2019 $32,000,000 $26,216,979.06
30 de Marzo 2020 $16,000,000 $11,865,033.97
30 de Marzo 2021 $16,000,000 $10,739,531.11
30 de Marzo 2022 $16,000,000 $9,720,792.10
30 de Marzo 2023 $16,000,000 $8,798,689.44
30 de Marzo 2024 $16,000,000 $7,964,056.34
30 de Marzo 2025 $12,000,000 $5,406,446.65
TOTAL $184,000,000 $137,865,764.73

La razón por la cual la suma de $184MM no es el valor presente actual es sencilla: la Procuraduría General de la República (PGR) no tomó en cuenta el “valor del dinero en el tiempo“. Cien pesos dentro de un año, valen menos que cien pesos hoy. Esto porque si tengo cien pesos hoy, los puedo invertir y así tener más de cien pesos dentro de un año. Por lo tanto, cien pesos dentro de un año valen menos que cien pesos hoy. Mucho menos si quien se compromete a pagarte los cien pesos dentro de un año tiene un alto riesgo de no existir a futuro.

timemoney

Este principio básico de las finanzas fue obviado por la PGR en su acuerdo reformulado – a pesar de que un servidor advirtió públicamente que el acuerdo debía contemplar el cobro de intereses anualmente para cada pago pactado a plazo, para que el valor real a recibir por el Estado Dominicano reflejara el monto del duplo de los sobornos: $184MM. Bajo el acuerdo reformulado, se estaría recibiendo efectivamente un 25% menos – sin mencionar el enorme riesgo de impago que Odebrecht representa de cara al futuro. Estos riesgos no quedan cubiertos por el acuerdo.

Los bonos de Odebrecht en los mercados internacionales se han desplomado. Algunos analistas estiman que Odebrecht sólo podrá mantenerse a flote si logra seguir ejecutando obras pendientes (como Punta Catalina), y vender activos.  El pasado 11 de abril de 2017, la calificadora de riesgo Moody’s redujo la calificación crediticia de todo el grupo Odebrecht (OEC) a Caa2, con una perspectiva negativa. Según la escala de Moody’s esto implica una “posición pobre” y  estos deudores “están sujetos a un riesgo de crédito muy alto”. Los inversores suelen llamar las inversiones de este nivel como “bonos chatarra”.

¿Será entonces que el acuerdo entre Odebrecht y la PGR es un acuerdo chatarra?

Quizás, pero de lo que estoy altamente seguro es que el valor presente de los pagos entre Odebrecht y la PGR no suma $184MM – y que probablemente en el futuro (no tan lejano) Odebrecht comience a presentar dificultades para realizar los pagos bajo el acuerdo pactado.

Ojalá y que esté equivocado.

Criterios de Concentración de PRO-COMPETENCIA: el IHH, el Ck y el C4

Siempre recuerdo una anécdota que contaba uno de mis mentores, Leonel Melo Guerrero, donde se refería a un industrial del sector de alimentos y bebidas que decía: “que todo lo que ocupaba un espacio en el estómago” era su competencia. Parece un poco exagerado, pero la intuición de esa frase es certera cuando uno trata de medir el grado de concentración de cualquier mercado. Por concentración me refiero a la cuota que tienen los competidores que existen (cada pedazo del pastel) dentro de un mercado específico (el pastel).

El objetivo de todo este ejercicio es determinar si un oferente tiene o no excesivo poder de mercado. Esto se conoce como posición de dominio, que no es malo en sí mismo, pero que puede ser abusado bajo determinadas circunstancias, afectando a los competidores y consumidores. Es decir, si una firma se comporta como un poderoso monopolista, el dañino y extremo caso que puede ocurrir cuando hay un único oferente en un mercado. En otras palabras, el caso de un pastel completo para un solo agente económico. En algunos países, los precedentes de competencia indican que contar con una cuota de mercado de 40-50% (dependiendo de las circunstancias), se asocia al poder de mercado. (ver por ej. AKZO [1991], Coca Cola [2005]).

Antes de analizar si existe (o no) concentración en un mercado, uno debe definir a cuál mercado se refiere (¿cuál pastel?). Como indica la referida frase que utilicé al inicio. En nuestro caso, PRO-COMPETENCIA debe definirlo. Por ejemplo: ¿El mercado de cervezas, incluye otras bebidas alcohólicas? ¿y las bebidas no-alcohólicas que compiten “por un espacio del estómago”? ¿incluye tanto las bebidas producidas localmente, o también las importadas? ¿incluye la cerveza sin alcohol, la producida artesanalmente, las pilsener (fermentación baja), ale (fermentación alta), etc.?

Para los consumidores, estas preguntas pueden parecer innecesarias, o hasta tontas. Ciertamente, ¡el mercado de las cervezas comprende exactamente eso: las cervezas! Pero definir un mercado relevante y determinar su grado de concentración es uno de los puntos principales en base a los cuales se instrumentan los casos de competencia en la mayoría de los países. Por eso, los abogados, economistas y expertos especializados en estos temas saben que comprobar todo eso no es tan sencillo como parece.

Determinar la porción del pastel de una firma específica es importante. Pero también resulta necesario establecer si tiene competidores, cuántos son y el tamaño de los pedazos que estos tienen dentro del pastel. Las medidas de concentración ayudan a calcular esto. Aquí entran en escena los cinco criterios de concentración de mercado que ha publicado PRO-COMPETENCIA:

1.1. Índice Herfindahl-Hirshman (IHH)

1.2. Los principales dado k empresas (Ck)

1.3. Las cuatro principales empresas – C4

1.4. Coeficiente de Gini

1.5. Índice de Poder de Mercado en Activos Fijos

En lo adelante, nos enfocaremos en los tres primeros: el Índice Herfindahl-Hirshman (IHH, o “HHI” por sus siglas en inglés), el Ck – y su variación más utilizada, el C4. Los demás criterios de concentración serán abordados en un artículo subsecuente.

Como estable la Resolución 01-2017 del Consejo Directivo de PRO-COMPETENCIA, el IHH: “se calcula como la suma de los cuadrados de la participación de cada empresa del mercado (…)”. Lo que esto quiere decir, en términos sencillos, es que se toma la cuota de mercado (puntos porcentuales) de cada empresa, y se multiplica por sí misma (e.g. se toma el cuadrado de cada cuota). Luego se suman todos los valores, para llegar a un total que estará dentro del rango de 0 y 10,000 (entre 0 y 100, si se usan decimales). En esta escala, un monopolio tendría un IHH de 10,000 (100 x 100 = 10,000), mientras que mercados menos concentrados (o altamente fragmentados) tendrían un índice más bajo.

Por ejemplo, si en un mercado hay cinco empresas, con respectivas cuotas de mercado de: 25, 22.5, 22.5, 20 y 10, el IHH se calcularía como refleja la tabla 1:

TABLA 1

Ejemplo Estilizado de Cálculo de IHH de un Mercado[1]

 

Cuota de Mercado (%) Cuota al Cuadrado IHH

Empresa 1

25 25 x 25 625

Empresa 2

22.5 22.5 x 22.5 506.25

Empresa 3

22.5 22.5 x 22.5

506.25

Empresa 4 20 20 x 20

400

Empresa 5 10 10 x 10

100

TOTAL

100  

2137.5

C4 90  

 

Donde se ha tomado el cuadrado de la cuota de cada empresa, y al final se suman estos valores para arrojar un IHH total de 2137.5. En el cálculo del IHH se toman los cuadrados de la cuota de cada empresa, porque esto le da mayor peso (ponderación) a las empresas más grandes (ver Niels et al. Economics for Competition Lawyers, 2011, págs. 128 y ss.). Es decir, que mientras más grandes son las porciones de cuota del mercado, más se reflejan en el índice final (más alto será el IHH).

Otros criterios que se usan comúnmente (y que PRO-COMPETENCIA ha incluido en la Resolución 01-2017) se basan en la suma las cuotas de mercado de las – tres, cuatro, cinco o seis – principales empresas. Cuando se toman las tres firmas más grandes, se llama “C3” o “C3” – concentración de las principales tres firmas. C5, si se toman las cinco más grandes, y así respectivamente. Mientras que es muy común utilizar el C4. En este ejemplo hipotético de sólo cinco empresas, el C4 es de 90 (la suma de 25 + 22.5 + 22.5 + 20= 90). Esto quiere decir que la suma de las cuotas de mercado de las principales cuatro empresas de este mercado suman el 90% del mismo.

La Tabla 2 presenta otro ejemplo de un mercado – también con sólo cinco empresas oferentes. Nótese que este mercado tiene el mismo valor de concentración (C4) que el primer ejemplo (C4 = 90). Sin embargo, las cuotas de mercado de cada empresa varían. Como resultado, el IHH en este segundo caso es más alto (IHH = 2800).

TABLA 2

Ejemplo Estilizado de Cálculo de IHH de un Mercado

 

 

Cuota de Mercado (%)

Cuota al Cuadrado IHH

Empresa 1

40 40 x 40 1600

Empresa 2

30 30 x 30

900

Empresa 3

10 10 x 10

100

Empresa 4

10 10 x 10

100

Empresa 5

10 10 x 10

100

TOTAL 100  

2800

C4

90

   

 

¿Cómo se deben interpretar el IHH y el C4? PRO-COMPETENCIA se ha adherido a la escala del IHH de la Federal Trade Commission de EE.UU. Los umbrales son:

  • IHH menor a 1500, es un mercado no concentrado
  • IHH entre 1500 y 2500, es un mercado moderadamente concentrado
  • IHH por encima de los 2500, es un mercado altamente concentrado

Mientras que para el C4, los umbrales son:

  • Menor a 33% indica un mercado poco concentrado
  • Entre 33% y 67% indica un mercado moderadamente concentrado
  • Mayor a 67% indica un mercado altamente concentrado

Volviendo al ejemplo estilizado que presenté, se puede apreciar que a pesar de que ambos mercados tienen el mismo índice de concentración de las cuatro principales empresas (C4=90), el IHH del mercado de la Tabla 1 (IHH=2137.5) lo catalogaría como moderadamente concentrado. Mientras que por su IHH, el mercado de la Tabla 2 (IHH=2800) sería considerado altamente concentrado. Sin embargo, bajo la escala del C4, ambos mercados serían altamente concentrados (C4 = 90%, mayor a 67%). Por lo cual se aprecia que ambos criterios pueden arrojar valoraciones distintas sobre el nivel de concentración de un mercado.

De este ejemplo estilizado se pueden apreciar varios puntos adicionales. Uno que PRO-COMPETENCIA ha señalado, es que estas medida son estáticas. Es decir, que representan una fotografía de la concentración en un momento específico, y no necesariamente le dan seguimiento a los cambios de concentración a través del tiempo. Aunque al final, esto no representa mayores obstáculos si se puede construir una serie de tiempo con la evolución de estos criterios.

Otra dificultad que vale la pena señalar es que ambas medidas dependen de cómo se defina el mercado – es decir, de cuál pastel se está hablando. Por tanto, puede que no exista concentración en un mercado específico (por ej., préstamos bancarios), pero que sí exista una mayor concentración dentro de un segmento de dicho mercado (por ejemplo, préstamos hipotecarios). Por tanto, gran parte de las discusiones que se darían en una investigación de mercado girarían en torno a la definición del mercado relevante (para lo cual PRO-COMPETENCIA ha presentado cuatro criterios económicos adicionales).

En otros países, estos criterios juegan un papel inicial importante en la aprobación de fusiones y adquisiciones de empresas (ver la opinión de Nicole Rizik), que está ausente en la Ley de Defensa de Competencia (ver lo comentado por Angélica Noboa-Pagán), salvo para ciertos mercados regulados. Para estos casos se utiliza un cambio del IHH (delta o ∆ IHH), como variable aproximada para los cambios en los niveles de concentración de un mercado.

Dicho esto, PRO-COMPETENCIA no es la primera institución pública ni de análisis en RD que utiliza el IHH y el C4 para medir la concentración de mercados. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha publicado informes de concentración de mercado para ciertos sectores. Alejandro Fernández W. – Argentarium – también los utiliza regularmente en sus análisis de los mercados financieros (ver https://www.argentarium.com/registros-item/concentracion-bancaria-en-la-republica-dominicana/) Lo cual suscita un último punto importante: ¿qué criterio o indicador se debe utilizar para determinar las cuotas de mercado de las empresas? Por ejemplo, es común en el sector bancario utilizar la participación dentro de los activos totales del sistema. Pero también se pueden utilizar otras medidas, como participación porcentual dentro del total de depósitos bancarios, o participación en base a los ingresos anuales de las firmas (como hace la DGII).

Al final del día, cuando PRO-COMPETENCIA comience a evaluar las condiciones de competencia en distintos mercados, todas estas discusiones sobre el tamaño de las cuotas, los niveles de concentración – y hasta el espacio disponible dentro de los estómagos – saldrán a relucir nuevamente.

[1] Este ejemplo estilizado ha sido desarrollado por el autor, tomando como referencia el ejemplo de G. Niels et al. Economics for Competition Lawyers, 2011, pág. 129.

DAVID COLLADO: ¿CÓMO PODEMOS REDUCIR LA BASURA EN LAS CALLES Y PLAYAS?

Vivo en un país lleno de hermosura… también lleno de basura”

Toque Profundo (Mi País)

Hace ya 25 años que Toque Profundo inmortalizó un retrato crítico de la República Dominicana con su célebre canción “Mi País” (1992). Resulta altamente deprimente que la mayoría de los problemas que la canción parodia sigan siendo relevantes. La contaminación ambiental (y de basura en todos lados) es uno de ellos. Esta problemática ha aumentado su incidencia en estos días, por causa de los recurrentes conflictos entre los ayuntamientos del gran Santo Domingo, y la empresa que gestiona el vertedero de Duquesa.

La dimensión política de la problemática también es relevante. El síndico del D.N., David Collado, sabe que su legado está en juego. Ciertamente, el futuro de su plataforma política no se puede basar sobre el mérito de que “inició la recogida de basura en la noche”. Es posible que estas preguntas alrededor de su gestión como alcalde – y sus futuras aspiraciones políticas, le quiten el sueño.

David Collado, y el resto de los alcaldes del gran Santo Domingo, tienen una enorme oportunidad entre sus manos. La posibilidad de realizar cambios medioambientales significativos, duraderos y permanentes que transformen la huella ecológica de Santo Domingo – y potencialmente, de toda la República Dominicana. Existen algunas propuestas de políticas públicas – que si el señor Collado las asume, y se convierte en su principal abanderado (junto con el Ministerio Medio Ambiente), podría fácilmente aumentar su capital político como figura dentro de la oposición.

Promover (1) el reciclaje y (2) la imposición de un depósito sobre plásticos y botellas de vidrio, son dos políticas que pueden tener un impacto a largo plazo. Pero implementarlas requiere de un trabajo conjunto entre los alcaldes, legisladores, el Ministerio de Medio Ambiente y la ciudadanía.

El reciclaje en RD es un tema que ha sido harto debatido. Existe una Resolución del Ministerio de Medio Ambiente que no se implementa (Resolución No. 01-2015). Hay gente que entiende que será difícil de implementar en todos los estratos de la sociedad dominicana. Hay quienes argumentan que es difícil cambiar la cultura. Pero debe promoverse a través de un esquema de incentivos (aplatanados según la idiosincrasia criolla). Esto implica trabajar mano-a-mano con los hogares, las empresas (principalmente, restaurantes, hoteles, mercados, colmados y supermercados), escuelas y colegios, barrios y los condominios, implementando un plan que inicie por distintas zonas del D.N. Se puede promover al menos la segregación de: papel y cartón, material orgánico y de plásticos. Paulatinamente, y dependiendo del éxito de la operación, se pueden aprovechar los desechos orgánicos como ocurre en otras grandes ciudades (Ver artículo reciente del New York Times).

Desde el punto de vista político, implementar este plan es viable, y permitiría a Collado aliarse con la sociedad para intentar de presentar resultados que impacten positivamente al D.N. – y que luego podrían replicarse en todo el país. Esto tiene el potencial de reducir los costos (por tonelada) que incurren el ADN y otros ayuntamientos por llevar basura a Duquesa. Además tiene el potencial de generar otros ingresos para el ayuntamiento, si se logra exportar y rehusar plásticos, utilizar los residuos orgánicos para generar compostaje y aprovechar el metano como fuente de energía. También reduce el impacto ambiental negativo que genera el vertedero.

Collado – que cuenta con apoyo del empresariado, y que además es un emprendedor – puede convertir el ADN en un ejemplo de gestión empresarial superavitaria y exitosa. Con un proyecto como este, Collado – o quien sea que lo implemente – lograría aumentar su capital político, asociando su nombre con la formulación y ejecución de políticas públicas posibles – y potencialmente efectivas.

La segunda propuesta está íntimamente relacionada con el reciclaje. Consiste en imponer un depósito a los envases plásticos y de vidrio. Esto es algo que existe y funciona en muchos países. Es un ejemplo relacionado con lo que los economistas llaman una intervención Pigouviana (en honor a un economista británico). Crearía un incentivo para devolver estos envases a los centros de venta, para recuperar el depósito. Una legislación en este sentido, también podría tratar de reducir los incentivos para la utilización excesiva de plásticos y otros materiales que ensucian nuestras calles y playas (por ej., fundas de supermercados y colmados, vasos y empaques de foam, etc.).

Ambas propuestas buscan internalizar parte de los costos sociales de la contaminación sobre los agentes económicos (consumidores, hogares, empresas, etc.). Sin embargo, hay que partir desde un marco de credibilidad que cree incentivos para el cumplimiento de las normas, y consecuencias creíbles que se desprendan de su incumplimiento. Al menos, que sea mucho más creíble que “anunciar que a las personas que tiren basura en la calle, se le impondrán multas” (lo cual es prohibitivamente caro, o imposible, de monitorear).

Habrá resistencia. Mayormente de las empresas que producen y comercializan estos materiales, reciben beneficios privados, pero externalizan los enormes costos sociales que esta actividad genera. También de la gente que no va a querer asumir el costo (reducido) de tener que clasificar sus propios desechos. Pero se puede trabajar sobre un esquema de incentivos donde las unidades (hogares, condominios, empresas, barrios, etc.) que no asuman el costo, tengan que pagar las consecuencias (quizás a través de cargos de recolecta más altos, para compensar y disuadir). Es decir, que la gente comience a pagar por parte del costo social de sus acciones.

No se está inventando la rueda. Estos sistemas se utilizan en muchos países. Tampoco hay cabida para excusas sobre el comportamiento y la cultura del dominicano. Lo positivo del esquema de depósitos es que motiva a los agentes a reciclar las botellas de plástico. Si los consumidores no se sienten motivados para hacerlo, entonces el incentivo permanece para que las personas desempleadas asuman recoger dichas botellas para canjear el cúmulo de depósitos por comida en los supermercados y demás centros de acopio.

Estas propuestas, podrían ser un primer paso hacia la reducción de la contaminación que afecta nuestras calles y costas. Al menos podrían constituir ideas para el diseño y la implementación de una política orientada a enfrentar estos problemas, y asegurar que tengamos ciudades y costas limpias en el futuro.

CRITERIOS ECONÓMICOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA

MEDIDAS

 

El 16 de enero de 2017, el Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (“Pro-Competencia”) presentó la Resolución núm. 01-2017, que aprueba los “Criterios Generales, Técnicos y Económicos para la Evaluación de las Condiciones de Competencia de los Mercados” (en lo adelante, referida como la “Resolución”).

Esta Resolución marca el inicio de la actividad normativa de PRO-COMPETENCIA. Además, es importante porque establece un conjunto de doce criterios e indicadores económicos (no exhaustivos) “que servirán de guía para la selección de los métodos y técnicas específicos a utilizar por PRO-COMPETENCIA para la evaluación de las condiciones de competencia en los mercados”.

Difundir en qué consisten estos criterios económicos es fundamental para comprender el futuro accionar de PRO-COMPETENCIA. Por tanto vale preguntarse: ¿en qué consisten estos criterios? – y en términos prácticos – ¿qué miden o qué podrían evidenciar dentro del marco de una investigación de evaluación de condiciones de mercado?

Este artículo es el primero de una serie de opiniones didácticas y descriptivas, que buscan explicar en términos llanos – y con ejemplos estilizados – cada uno de los criterios económicos contenidos en la Resolución. Esto porque la misma presenta estos criterios en un lenguaje formal, utilizando expresiones matemáticas. El objetivo es contribuir con la difusión y el conocimiento de cómo PRO-COMPETENCIA podría utilizar estos criterios económicos para realizar análisis y sustentar sus opiniones técnicas, así como algunas posibles limitaciones de cada uno (en adición a las que correctamente ya señala la propia Resolución).[1]

¿Cuáles son los Criterios Económicos que Utilizará PRO-COMPETENCIA?

 El artículo segundo de la Resolución presenta los criterios económicos. Cabe señalar nuevamente que estos no son limitativos. Los criterios económicos se clasificaron bajo cinco categorías (en función de su aplicación). Estas categorías son: (1) concentración de mercado, (2) determinación de mercado relevante, (3) indicadores de asimetría, (4) indicador de rivalidad o intensidad, y (5) un indicador de barreras de entrada.

A continuación se presenta el listado completo de los doce criterios económicos, por cada categoría señalada

  1. Concentración de Mercado

1.1. Índice Herfindahl-Hirshman (IHH)

1.2. Los principales dado k empresas (Ck)

1.3. Las cuatro principales empresas C4

1.4. Coeficiente de Gini

1.5. Índice de Poder de Mercado en Activos Fijos

  1. Determinación de Mercado Relevante

 2.1. Test del Monopolista Hipotético (SSNIP test, por sus siglas en inglés)

2.2. Elasticidad Precio de la Demanda

2.3. Elasticidad Cruzada de la Demanda

2.4. Análisis de Correlación de precios

  1. Indicadores de Asimetría

3.1. Índice de KWOKA

  1. Indicador de Rivalidad o Intensidad

 4.1. Índice de rivalidad o intensidad

  1. Indicador de Barrera de Entrada

5.1. Tasa Churn

Futuras entregas se dedicarán a explicar estos criterios económicos, en términos sencillos, y utilizando ejemplos didácticos para ilustrar cada uno.

[1] Algo que ya he hecho en el pasado en los blog Lex Mercatoria y Derecho de Defensa a la Competencia en la RD, ver: IHH LUEGO DE LA FUSIÓN BHD-BANCO LEÓN. Y ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE EL IHH? UN EJEMPLO PRÁCTICO

LA TRAGEDIA DE LOS CONDÓMINOS (Sentencia TC/0482/16)

¿Un condominio puede suspender (“cortar”) el servicio de agua a un condómino que no pague la mensualidad para el mantenimiento? Una reciente decisión del Tribunal Constitucional dominicano (el “TCRD”) establece que no. Este artículo analiza las consecuencias indeseadas que podría tener dicha decisión a la luz del análisis económico del derecho (“AED”). El artículo enfoca principalmente el interesante razonamiento del voto disidente del magistrado Hermógenes Acosta, al considerar que sus argumentos reflejan implícitamente muchas ideas del AED.

Análisis Económico de la Sentencia TC/0482/16

 De la teoría económica neoclásica sabemos que la co-propiedad está asociada con los llamados problemas de acción colectiva (collective action problems) y los problemas que típicamente caracterizan a los bienes públicos o colectivos (public goods). Estos problemas constituyen un fallo del mercado. Es decir, son una de las situaciones que impiden que los mercados funcionen de la manera como predice la teoría microeconómica. A su vez, los fallos del mercado podrían justificar – mas no ordenar – las intervenciones reguladoras del Estado, ante la imposibilidad de acciones privadas orientadas a su corrección (que siempre será preferible a la intervención pública).

Los bienes públicos tienen dos características principales: la no-rivalidad del consumo, y la imposibilidad de exclusión. En este caso, la STC 0482-16 ha configurado el acceso al agua como una especie de bien público. Pero, ¿realmente es así? El agua tiene muchas manifestaciones naturales y comerciales, y esto debe tomarse en cuenta.

En primer lugar, su consumo en este caso no es rival. El hecho de que yo use agua del grifo en mi departamento, no impide que otro condueño consuma agua en su departamento dentro del mismo condominio. Asimismo, la exclusión por parte de quienes suministran los servicios ha sido limitada por el tribunal. A pesar de que a nivel de suministro resultaría posible – como efectivamente se verificó mediante el uso de una caja metálica – excluir el consumo individual de un condueño que no pague su parte del servicio.

El TCRD incluso ha reconocido la naturaleza del acceso al agua como un “recurso natural limitado y un bien público fundamental” en su STC/0048/12. No obstante, el razonamiento económico de lo que esto implica podría explorarse con mayor nivel de detalle. Esto porque – según la teoría económica – estas dos categorías de bienes tienen atributos e implicaciones distintas.

Si el acceso al agua es un recurso natural común y limitado, entonces con el agua se podría verificar la llamada “Tragedia de los Comunes” advertida por Hardin en su artículo fundamental de 1968. La diferencia económica fundamental entre un bien común y un bien público, es que los primeros se agotan, mientras que los postreros no.

 Consecuencias Indeseadas

 Las características de los bienes públicos y de los recursos comunes implican que algunos usuarios no estarán dispuestos a pagar por ellos. En teoría económica esto se conoce como el problema del polizón (free rider problem): en buen dominicano, del agente económico que no contribuye y se monta, engancha o recuesta de quienes sí pagan por un bien o servicio. La STC 0482-16 podría incentivar el comportamiento oportunista de los polizones. Esto repercutiría negativamente sobre los agentes económicos. Nadie tendría un incentivo de pagar oportunamente por el agua, si sabe de antemano que no se le puede cortar el servicio.

 

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Los polizones contentos con la decisión TC/0482/16

 

 

En su voto disidente a la STC/0482/16, el Magistrado Hermógenes Acosta refleja el razonamiento subyacente del problema del polizón al expresar que cuando:

“(…) un condominio procede a suspender un servicio, como el de agua potable, que es el que nos concierne, no puede considerarse como la implementación de un medio para cobrar una deuda, sino que lo que hace es, en realidad, es decirle al condómine (sic) que no está pagando la cuota del mantenimiento que el condominio no está en disposición de continuar subvencionándole dicho servicio”.

En otras palabras, permitir el ejercicio del derecho de exclusión en estos casos ayuda a combatir el problema del polizón (recostado, enganchado) o del ‘free-rider’. Quien no paga, no consume. El Magistrado Acosta luego procede a explicar en términos sencillos cómo el problema del free-rider se fomenta conjuntamente con el riesgo moral (Moral Hazard), enviando un mensaje a los condueños (e inquilinos) de que paguen oportunamente el agua común.

Como típicamente ocurre ante la existencia de condominios, bienes públicos y otras formas conjuntas de propiedad, se crea un costo externo no consentido – llamado externalidad negativa en la teoría económica – para los condóminos que sí pagan el agua y que además deben subvencionar el agua de los incumplidores. La Sentencia del TC podría exacerbar además el riesgo moral – es decir, el comportamiento irresponsable de los condóminos, que podrían verse tentados a no pagar las cargas comunes, empeorando la posición del condominio de cara a las corporaciones de acueducto y alcantarillado. Esto tiene el potencial de generar una espiral de incumplimiento que ponga en peligro el acceso generalizado al agua.

El voto disidente del Magistrado Acosta concluye con una exposición sobre el “costo de los derechos”, que evoca algunos planteamientos de Holmes y Sunstein (The Cost of Rights 1999). También con un párrafo que evidencia el uso implícito e intuitivo del análisis económico del derecho (AED) cuando afirma que:

“(…) lo que es inaceptables es obligar a una parte de los condómines a que le paguen el agua potable que consume otro de los condómines, quien debe cumplir con su responsabilidad. Razonar en sentido contrario estimula el no pago de las cuotas de mantenimiento”.

Algo que puede ser reformulado en términos de análisis económico: la referida Sentencia del TC podría generar problemas de riesgo moral, al incentivar que los condóminos polizones no paguen por el agua potable que consumen. También le impone un costo externo no consentido a los condóminos responsables, que tienen que subsidiar al condómino polizón. Obviamente el equilibrio económico en este caso es que todos los condóminos (ahora amparados por la STC 0482/16) se retrasen, o simplemente dejen de pagar el agua.

Si todos los condominios retrasan o suspenden sus pagos, esto puede perjudicar el suministro sostenible y continuo a los demás usuarios, generando una espiral de incumplimiento que paradójicamente pone en peligro el acceso al agua: ¡el derecho que el Tribunal Constitucional buscaba proteger!

Las implicaciones del razonamiento de la STC 0428/16 podrían trascender a otras esferas que involucren el uso del agua. Un ejemplo puntual sería la tensión entre el acceso y uso de recursos hídricos agotables contra la sobre explotación. Si conviene limitar el uso de ciertos recursos hídricos para evitar su agotamiento, se podría argumentar que atentan contra el acceso al agua, generando consecuencias indeseadas. Si una fuente limitada de agua se agota por la sobreexplotación, ¡no habrá “acceso al agua”!

¿LOS FISCALES TIENEN INCENTIVOS PARA SOMETER CASOS POR LAVADO DE ACTIVOS?

En una entrega anterior, presenté algunas estadísticas sobre los sometimientos de casos de lavado de activos por las distintas fiscalías de la República Dominicana. El período de análisis comprende desde el 1ero de enero de 2013 hasta el 30 de junio de 2016. Los resultados de este análisis podrían evidenciar una política criminal que aparenta no priorizar la persecución del lavado de activos.

Poco más del 93% de todos los casos de lavado sometidos durante dicho período se concentran en cinco departamentos judiciales. Estos son: el Distrito Nacional (31%), Santo Domingo (25%), Barahona (20%), San Pedro de Macorís (11%) y San Cristóbal (6%). Esto implica que durante el período de enfoque, los seis departamentos judiciales restantes (de once) sometieron menos de un 7% de los casos de lavado de todo el país.[1]

¿A qué se debe esta asimetría en la distribución de la persecución y el sometimiento de casos de lavado a través de los distintos departamentos judiciales?

Esto es socialmente relevante, porque permite mostrar empíricamente que el lavado de activos parece no haber sido de alta prioridad para la política criminal del Estado dominicano. El bajo nivel de sometimientos de lavado en algunos distritos judiciales – como Santiago, Puerto Plata y San Francisco de Macorís – también resulta curioso. Sobre todo considerando que la detención de personas por delitos relacionados a drogas y la cantidad de kilos de cocaína y marihuana decomisados se mantuvieron en aumento en todo el país. Además, todo esto es importante porque próximamente se conocerá una modificación de la Ley núm. 72-02 sobre Lavado de Activos. Una nueva ley que no tome en cuenta el comportamiento de los fiscales podría ser letra muerta.

Vale plantear como hipótesis si los fiscales y las fiscalías tienen suficientes incentivos para perseguir el lavado de activos. Es decir, si la desidia que se evidencia en la práctica para perseguir y someter casos de lavado de activos, podría resultar de una inadecuada configuración de incentivos para actuar.

El artículo 33 de la Ley núm. 72-02 establece que cuando se decomisan activos provenientes del narcotráfico, se distribuyen entre: las instituciones dedicadas a la regeneración de los adictos a drogas (un 15%), la Dirección Nacional de Control de Drogas – DNCD (un 50%), y para el Consejo Nacional de Drogas (un 35%). En el caso de los bienes decomisados por lavado procedente de otras infracciones determinantes, la mitad (50%) de divide entre las tres instituciones mencionadas anteriormente y la otra mitad se destina al Fondo General de la Nación.

Es decir, que no hay beneficios económicos para las fiscalías – que efectivamente son las instituciones encargadas de impulsar la acción pública y judicializar estos casos de lavado. No hay incentivos para los fiscales – pero estos sí asumen el “costo” de judicializar estos casos. Este costo se suma a las circunstancias económicas de los fiscales: sus inadecuados niveles salariales, están expuestos a recibir amenazas y agresiones (incluyendo a sus familiares), están en una posición de recibir sobornos, extorsiones, etc.

Por tanto, los fiscales podrían carecer de suficientes incentivos para judicializar más casos de lavado. Los fiscales siembran, pero otros ciegan los beneficios. La modificación de la Ley núm. 72-02 podría ayudar a mejorar el esquema de incentivos para distribuir un porcentaje de los activos decomisados hacia un fondo especial de compensación que beneficie directamente a las fiscalías que procesen exitosamente casos de lavado – e indirectamente aumente la compensación de todos los fiscales. Este fondo también podría permitir mejorar las condiciones de trabajo de los fiscales. Esto incluiría realizar inversiones en entrenamiento y en tecnologías que aumenten su capacidad de respuesta cotidiana.

Esto sería una clásica estrategia de calibrar la miel y la hiel, o de costes y beneficios (carrots and sticks). Crear incentivos para que los fiscales hagan su trabajo frente al lavado de activos, y reducir los incentivos para evitar que caigan en la inercia o que se corrompan.

 

 

 

 

 

[1] Los seis departamentos judiciales restantes son: San Juan de la Maguana, Montecristi, La Vega, Santiago, Puerto Plata y San Francisco de Macorís.