Burro-cracia y Simplificación de Trámites

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Con el apoyo de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de México (“CONAMER”), el Consejo Nacional de Competitividad (el “CNC”) presentó el informe conjunto sobre Simplificación de Trámites en la República Dominicana.

Este informe – sin precedentes en la República Dominicana – estima el Costo Económico Social (CES) de 1,873 trámites y servicios correspondientes a 43 instituciones del país. Partiendo de una metodología adoptada del CONAMER, el CES combina tanto el tiempo que los usuarios privados tardan en reunir los requisitos de los trámites, como el tiempo que las instituciones tardan en solucionar dichos trámites y servicios.

El estudio concluye que el CES de los trámites analizados asciende a DOP 197,163,949,959 – lo que representa 5.46% del producto interno bruto (PIB) de la República Dominicana para el año 2017.

El 93.8% de dicho Costo Económico Social lo sufragan los usuarios. Es decir, los ciudadanos y agentes económicos que requieren de los servicios. Mientras que el restante 6.2% corresponde al componente del sector público. Sin embargo, el contribuyente es que termina pagando este último indirectamente, a través de los impuestos.

Por lo que la carga completa la paga usted, lector.

El CNC enfocará sus esfuerzos en la simplificación de 88 trámites prioritarios que estima generarían un ahorro de DOP 130,965,956,855. Es decir, 2/3 partes – aproximadamente, un 66.42% del CES.

Los trámites prioritarios más socialmente dispendiosos corresponden a: Ministerio de Salud Pública (13 trámites), Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (8 trámites), Dirección General de Impuestos Internos (5 trámites), Ministerio de Educación (5 trámites) y Dirección General de Migración (3 trámites).

Es aparente que el Costo Económico Social total identificado es una cifra alta, pero difícil de comprender. Por eso resulta útil compararlo con otros indicadores para tener una idea de la dimensión envuelta.

Por ejemplo, al 31 de diciembre de 2018, el Banco de Reservas – el más grande del país medido por activos – tenía activos totales por DOP 491,486,413,558.

En comparación, el CES de los trámites equivaldría a un 40.12% de los activos del Banco de Reservas (ver comparación visual en la Gráfica 1). También a un 11.06% de los activos totales en el sistema financiero dominicano a la misma fecha de corte, según estadísticas de la Superintendencia de Bancos.

Gráfica 1

CES 1

De hecho, si el CES representara activos bancarios, la tramitomanía burocrática total del Estado Dominicano fuera el cuarto banco más grande del país – después de Banreservas, Banco Popular y el BHD León – superando incluso los activos resultantes de la fusión del Scotiabank con el Banco del Progreso.

Si nos vamos al Presupuesto General del Estado (“PGE”), que para 2019 asciende a DOP 921,810,546,351, apreciamos que el CES representa aproximadamente un 21.39% del PGE 2019.

La tramitología se traga casi 3 veces el presupuesto de la Presidencia de la República para 2019, que ronda los DOP 66,429,285,067. También 11.05 veces lo que se presupuestó en 2019 para el Poder Judicial y los órganos de rango constitucional – incluyendo la suma de los presupuestos de la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas.

De hecho, la Gráfica 2 muestra cómo se compara visualmente el CES total a la suma de los presupuestos asignados en 2019 a la Presidencia de la República, el Poder Judicial, Poder Legislativo y Órganos Constitucionales. Estos presupuestos combinados apenas equivalen a un 46.44% del CES.

Gráfica 2

CES2

Es más, si nos acreditaran el dinerito que nos cuesta la tramitología, podríamos financiar 27 años del presupuesto de ambas cámaras del Poder Legislativo, manteniendo el mismo presupuesto nominal asignado en 2019.

Si llevamos el costo de las regulaciones a Dólares de los Estados Unidos (USD) – asumiendo una tasa de cambio USD/DOP de 50.60 – estamos hablando de aproximadamente USD 3,896 millones. Según los datos del Fondo Monetario Internacional para 2018, este monto sería mayor al PIB de varios países, incluyendo: Surinam (USD 3,840 millones), Sierra Leona (USD 3,754 millones), Guyana (USD 3,636 millones), – y mayor que el PIB de muchos otros países y microestados más.

Ciertamente, si la tramitomanía alborozada de los distintos reguladores nos está costando el PIB de otros países – es un buen momento para despertar.

Por esto hay que apoyar el Plan Nacional de Mejora Regulatoria, y la iniciativa de RD + Simple del CNC.

A pesar de estos esfuerzos incipientes, los reguladores nacionales y el congreso a menudo parecen tener una agenda de desmejora regulatoria – buscando contrarrestar la mejora con tonterías como la ley que prohíbe la hookah, leyes que nombran edificios o con la ley que establece la colegiatura obligatoria de los abogados.

¡Llegó el momento de regular mejor!

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XXIII CONFERENCIA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA E IBÉRICA DE DERECHO Y ECONOMÍA (ALACDE)

AFICHE ALACDE 2019

CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

La Asociación Latinoamericana e Ibérica de Derecho y Economía (ALACDE) se complace en anunciarles la XXIII Conferencia Anual sobre Derecho y Economía, a celebrarse los días 4 y 5 de noviembre de 2019, en la Ciudad de México, organizada por Universidad Panamericana.

La XXIII Conferencia Anual de ALACDE tendrá como tema central de investigación elANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO Y LA INNOVACIÓN. Los trabajos de investigación que aborden este tema serán evaluados para un reconocimiento especial, pudiendo ser seleccionados los mejores para una publicación de la Asociación.

La Conferencia Anual de ALACDE es un espacio académico de alto nivel donde se exponen los recientes desarrollos e ideas contemporáneas vinculadas al Análisis Económico del Derecho, en sesiones temáticas y plenarias. La conferencia tiene como objetivo reunir a importantes investigadores sobre Análisis Económico del Derecho, así como convertirse en el escenario donde los nuevos académicos desarrollen y expongan sus investigaciones en la materia.

La convocatoria está disponible aquí: Call for Papers ALACDE (ESP)

Cómo crear una crisis de viviendas

El Congreso Nacional está apoderado de un proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios que hay que monitorear con mucho cuidado (la “Ley de Alquileres”).

A simple vista, una Ley de Alquileres parecería ser buena para el país. La República Dominicana enfrenta un déficit habitacional de viviendas. Según datos oficiales – y una nueva fórmula de cálculo – “el país necesita incorporar un 51.42% de su parque habitacional para satisfacer las necesidades actuales de vivienda” (El Caribe, 6 de agosto de 2018). Según el Censo de 2010, hace casi una década, el déficit habitacional rondaba por 1.4 millones de unidades.

Sin embargo, hay que tener cuidado con este proyecto de Ley de Alquileres. A veces las mejores intenciones legislativas producen los peores resultados. Sobre todo, cuando no se toman en cuenta los incentivos y las consecuencias que producen las leyes. Esto ya lo explicaba Mónika Infante Henríquez, quien en 2009 analizó económicamente el régimen de los alquileres en su libro Notas sobre el análisis económico del Derecho en República Dominicana(2009, págs. 37 y ss.).

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Este podría ser el caso de la Ley de Alquileres. En vez de dinamizar el mercado de alquiler de viviendas, podría crear desabastecimiento y escasez – consecuencias indeseadas, contrarias a los objetivos que persigue la ley.

Este artículo explica por qué algunas de las disposiciones de la Ley de Alquileres podrían esclerotizar – en vez de dinamizar – el mercado de alquileres en la República Dominicana. Esto incluye ahuyentar la inversión privada nacional e internacional en el mercado inmobiliario y turístico – así como exacerbar el déficit habitacional en la República Dominicana, en detrimento de los objetivos que la ley buscaría alcanzar.

  1. Resolver el déficit habitacional con propiedades privadas

La Ley de Alquileres es un intento de resolver el déficit habitacional del país con las propiedades privadas. Entre las promesas rotasincluidas en la Constitución de 2010 está el Derecho a la Vivienda (art. 59 CRD 2015). Este derecho establece que: “[e]l Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social”.

El Estado ha tratado de promover e implementar políticas públicas para encarar el déficit habitacional. Pero los resultados han sido insatisfactorios. Por eso se recurre a la regulación de los alquileres para enfrentar el problema recurriendo a la propiedad privada.

La Ley de Alquileres tiene matices expropiatorios. Interviene de manera paternalista para restringir y expropiar los derechos de propiedad privada de los propietarios, en favor de los inquilinos. También anula la libertad contractual y la iniciativa privada.

Al igual que otras leyes que tratan de “equilibrar” situaciones de asimetría de “poder de negociación” entre partes contratantes, la ley tiende a favorecer a los inquilinos por encima de los propietarios. Un craso error que crea distorsiones enormes. Este error es producto del populismo legislativo, que se repite en otras leyes también. Todo por culpa de premisas fallidas respecto de la identidad y características de grupos sociales.

Como argumentan los profesores Steven Shavell y Louis Kaplow, de la Universidad de Harvard, utilizar el derecho con finalidad redistributiva crea distorsiones (Fairness Versus Welfare, 2002). Lo peor es que reduce el bienestar general, haciendo que todos – tanto propietarios como inquilinos – estemos peor.

  1. Aumento costos de transacción (art. 9 de la Ley de Alquileres)

 La Ley de Alquileres pretende ayudar a los inquilinos, pero realmente los perjudica. La ley encarece el costo de alquilar una vivienda. Establece que los contratos de alquiler deben estar legalizados por un notario. También lista otras 9 menciones y cláusulas que los contratos de alquiler deben tener. Todo esto aumentará los costos de transacción de alquilar una vivienda, afectando principalmente a los inquilinos.

  1. Depósitos en el Banco Agrícola (arts. 22-27)

Las malas leyes y regulaciones a menudo buscan resolver varios problemas a la vez. El resultado es que al final no resuelven ninguno.

Esto perpetúa trabas y malas políticas públicas, como el caso de obligar a colocar los depósitos de garantía avanzados por los inquilinos en el Banco Agrícola. El razonamiento de este depósito involuntario es garantizar recursos para que el Banco Agrícola pueda prestar estos fondos.

Sin embargo, la realidad es que es una medida compulsiva, anticompetitiva – y hasta inconstitucional. En primer lugar, restringe el derecho que tiene todo propietario de depositar la garantía en la institución financiera de su elección. También implica un trato diferenciado a favor del Banco Agrícola – en detrimento de las entidades de intermediación financiera privadas. El art. 221 de la Constitución establece que la actividad empresarial, pública y privada, deben recibir el mismo trato legal. Algo que esta ley no toma en cuenta.

 Además, el propietario que no deposite la garantía en el Banco Agrícola enfrenta una penalidad de un 10 % por cada mes de retraso. Prácticamente, un tributo. ¡Qué barbaridad!

  1. Ajuste por inflación (art. 12 de la Ley de Alquileres)

 Una de las medidas más intrusivas de la Ley de Alquileres establece un tope máximo de 5 % al aumento anual del precio de los alquileres (renta). Parecería que esta medida protegerá a los inquilinos de los típicos aumentos anuales de 10 % que se pactan contractualmente.

Pero realmente, es una medida expropiatoria que operará en contra de los inquilinos. Mónika Infante H. lo explica mejor que yo en un análisis de su libro Notas sobre el análisis económico del Derecho en la República Dominicana(2009, págs. 45 y 46).

En 2015, compartí una reflexión sobre por qué se pacta un aumento anual de un 10 % en los contratos de alquiler. Estas cláusulas indexatorias buscan proteger el poder adquisitivo de la renta recibida por los propietarios de los efectos de la inflación – que no es más que el aumento general de los precios.

En 2015, expliqué por qué mucha gente pacta un 10 % de aumento anual en los contratos, a pesar de que los niveles de inflación de los últimos años han permanecido por debajo de este monto. El acuerdo más preciso sería pactar aumentos en sintonía con los índices de inflación publicados por el Banco Centra de la República Dominicana (BCRD).

Así como no es recomendable fijar contractualmente un aumento anual de un 10% – tampoco lo es fijarlo con un tope legal de 5 %. En primer lugar, esto corroe la libertad contractual de las partes de pactar lo que deseen. En segundo lugar, introduce una rigidez económica a la contratación, que operaría en detrimento de los inquilinos en situaciones de elevada inflación.

Por ejemplo, si durante un año la inflación alcanza un 9 % – y sólo se puede aumentar la renta 5 % anualmente – el propietario enfrenta una mordida de 4 puntos porcentuales en el retorno de su propiedad privada (renta mensual). Esto por una disposición del Estado – que paradójicamente – debe garantizar la estabilidad de precio para todos: tanto propietarios como inquilinos.

Los inversores en inmuebles no son tontos. Si la rentabilidad de las inversiones no está en sintonía con la realidad económica, los capitales se redirigirán hacia otros activos que no tengan expropiaciones.

Regular los precios casi siempre es un error que crea grandes distorsiones. Medidas como esta generarán varias consecuencias. Primero, que los inquilinos y propietarios las incumplan por mutuo acuerdo, lo cual erosiona el imperio de la ley.

Segundo, que los propietarios que no logren un acuerdo de aumento con sus inquilinos por encima del 5% anual, notifiquen la terminación del contrato durante períodos de alta inflación. Esto afectará a los inquilinos que deberán salir del inmueble, incurriendo en costos de búsqueda, de mudanza y costos legales para ocupar una nueva vivienda.

Esta medida también incentivará que todos los contratos fijen el aumento en el máximo de 5 %, lo cual evidentemente afectará a los inquilinos cuando la inflación esté por debajo de 5 %.

La Gráfica 2 representa esto visualmente. Tomando datos oficiales de inflación promedio de la República Dominicana entre 2004 y 2018, la línea negra discontinua marca el nivel de 5 % que establece el proyecto de Ley de Alquileres.

Está claro que la estabilidad de precios del pasado no refleja cuál será la inflación del futuro. Pero el ejercicio permite visualizar cómo el techo de aumento de 5 % anual afectaría a los propietarios e inquilinos.

En los años de inflación menor a 5 % (por ej., 2009, y todos los años entre 2012-2018) los inquilinos estarían pagando en exceso si se fija contractualmente un aumento de 5 % anual. Esto es una redistribución a favor de los propietarios.

Mientras que el techo de 5 % afecta a los propietarios durante los períodos en que la inflación supera este umbral (por ej., entre 2006-08 y 2010-11). Estos picos – y el área en azul por encima del umbral – implican mordidas al bienestar de los propietarios. Una redistribución de propietarios hacia los inquilinos.

La moraleja aquí es que las partes deben tener la libertad de contratar lo que más les conviene. Este es un tema que mejor se deja a la libertad contractual, que al dirigismo estatal.

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  1. Asimetría de derechos (art. 16)

 La Ley de Alquileres interviene en el mercado para tratar de balancear lo que presume son relaciones asimétricas entre inquilinos y propietarios. Por ejemplo, se asume que los propietarios son siempre “poderosos” y que los inquilinos ‘están desprotegidos’. Esto ignora que en la realidad existen todo tipo de inmuebles, propietarios e inquilinos – con una plétora de características y condiciones socioeconómicas.

Anteriormente, ya mencioné que esto es un uso inadecuado de las leyes y regulaciones, que tiende a crear distorsiones en los mercados, en detrimento del bienestar general.

Una de las asimetrías más inicuas que establece el proyecto de Ley de Alquileres es el plazo de terminación del contrato. Según el artículo 15 del proyecto de Ley, cuando el inquilino quiere terminar el contrato sólo debe avisar al propietario con un mes de anticipación. Pero cuando el propietario decide terminar el contrato, ¡debe hacerlo con una anticipación de 6 meses!

Esta asimetría no se justifica. Cuando un contrato de alquiler termina, ambas partes enfrentan retos y costes. Por tanto, deben balancearse mejor los derechos en cada caso.

La Ley de Alquileres tiene otros graves problemas que por limitaciones de espacio no voy a abordar. Esto incluye la transmisión hereditaria de los contratos de alquiler (art. 17 del proyecto de ley) y la nulidad del alquiler de viviendas que no poseen condiciones mínimas para alquilarse (art. 5 del proyecto de ley).

Auguro que, de aprobarse el proyecto de Ley de Alquileres tal y como está redactado, todas las disposiciones descritas anteriormente producirán efectos negativos en el mercado de alquileres de la República Dominicana.

El proyecto de Ley de Alquileres anula la libertad contractual y expropia elementos de la propiedad privada. Esta ley tiene el potencial de exacerbar el déficit habitacional que existe en el país. También afectará la construcción de viviendas y los alquileres turísticos.  Desincentivará a los propietarios de alquilar inmuebles – llevándolos a aumentar los precios para compensar los costes que impone la ley.

A la larga, esto terminará afectando a los inquilinos que necesitan viviendas, potencialmente desabasteciendo el mercado local.

Si los legisladores quieren crear una crisis de viviendas, están transitando el camino correcto.

 

 

Colegiatura Profesional: Libre y Competitiva (1 de 4)

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Foto: ANEUDY TAVAREZ / Diario Libre 

En enero de 2019 se aprobó la Ley núm. 3-19 que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana – CARD (la “Ley del CARD”). Esta nueva ley se promulgó porque el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley anterior núm. 91 de 1983 (Sentencia TC/274-13).

La nueva Ley del CARD tiene tantos problemas, que no sé por dónde comenzar a abordarlos. Más que Ley del CARD – es la ley del karma.

Este es el primero de una serie de cuatro artículos enfocando los siguientes puntos de la Ley del CARD:

  1. Monopolio de la colegiatura y libertad de asociación
  2. La costosa estructura del CARD
  3. Ineficientes tasas: costos de transacción y barreras de acceso; y
  4. Regulación innecesaria del nombre de las oficinas de abogados

En esta primera entrada, explico cómo la Ley del CARD afecta la libertad de asociación, creando un monopolio a través de la colegiatura única.

La Ley del CARD crea un monopolio legal en la colegiatura profesional de los abogados. De la teoría económica neoclásica sabemos que los monopolios son indeseables. Destruyen valor social a través de pérdidas irrecuperables de eficiencia.

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (“CARD”) es un monopolio ineficiente. Es un monopolio legal – es decir, creado por el Estado a través de una intervención legislativa. Esto lo hace peor que los monopolios que surgen de la competencia en los mercados.

Lo que la colegiatura profesional necesita es más competencia.

En primer lugar, la colegiatura obligatoria en un único gremio viola varios derechos fundamentales: principalmente, la libertad de asociación (art. 47 CRD), la libertad de empresa y prohibición de monopolios (art. 50 CRD), la libre iniciativa privada y el principio de subsidiaridad (art. 219 CRD).

En su Sentencia TC/0163/13, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana (“TCRD”) decidió que la colegiatura obligatoria a través del CARD no violenta la libertad de asociación. El argumento utilizado por el TCRD es que el CARD es una “corporación de derecho público” que pertenece al Estado, que le transfiere por “delegación circunstanciada” “la matriculación y el régimen disciplinario de todos los abogados”. Esto a pesar de que la propia Constitución (CRD), en su art. 4 establece que los poderes públicos no pueden delegar sus atribuciones.

Sin embargo, el CARD no es una institución estatal, aunque la Ley y el TCRD lo denominen así. Es simplemente una entidad sin propietarios – es decir sin dueños, como cualquier otro gremio o asociación sin fines de lucro. En este caso, un gremio monopólico con respaldo estatal.

En mi opinión, la Sentencia TC 163/2013 no analiza adecuadamente todas las dimensiones de la libertad de asociación que se ven afectadas por la imposición de una colegiatura única. La libertad de asociación es un derecho habilitante. Sirve para canalizar la sumatoria de iniciativas y voluntades individuales. Abarca la libertad de asociarse y formar todo tipo de entidades, como sociedades comerciales, partidos políticos, cooperativas, asociaciones sin fines de lucro – y por supuesto, gremios profesionales.

La libertad de asociación tiene dos dimensiones. Una implica poder asociarse libremente con quien uno decida. Pero también tiene otra dimensión que implica el derecho a no estar asociado con quien uno no quiera estarlo.

Imponer la colegiatura obligatoria en un único gremio viola ambas dimensiones de la libertad de asociación. Primero, porque obliga a todos los abogados a estar asociados sin tomar en cuenta la voluntad de cada uno –y sin affectio societatis, como dicen los abogados.

El CARD no es una asociación – es una imposición. La Ley del CARD no toma en cuenta el derecho que tiene cada abogado de no tener que asociarse con colegas con los que no se comparten los mismos valores, principios, ideales e intereses. El esquema actual tampoco permite a los miembros inconformes con el CARD votar con los pies. Sólo hay un gremio.

El segundo punto, es que tener un único gremio impide la colegiatura libre y competitiva. Los monopolios son ineficientes. Según la constitución no se permiten – salvo en provecho del Estado. El TCRD y la Ley del CARD establecen que como corporación de derecho público el CARD caería dentro de la excepción – pero eso es debatible.

Tampoco convence la lógica del TCRD, que dice en la citada sentencia que los abogados quedan libres de asociarse – luego de matricularse en el CARD. Una duplicidad costosa e innecesaria – que pierde totalmente de enfoque lo que se está discutiendo. Como cuando el único matrimonio religioso con efectos era el canónico – y se argumentaba que nada impedía que los simpatizantes de las demás iglesias podían casarse por la vía civil, y luego a través de una ceremonia religiosa de su elección (sin validez legal).

Decir que el CARD no viola las libertades de asociación y competencia es como declarar la libertad de consciencia y de cultos, pero imponer que las personas se inscriban en un único colegio o registro de religiones, o decir que hay libertad de asociación política, pero sólo a través de un partido político registrado.

Las asociaciones – civiles, políticas, económicas – deben surgir de la iniciativa privada y la libre voluntad de sus miembros. No deben ser coordinadas ni impuestas por el Estado (top down).

Se debe analizar el problema del CARD en todas estas dimensiones. No se trata de combatir la colegiatura obligatoria – sino abrir la posibilidad a una colegiatura competitiva y descentralizada que surja de la iniciativa privada y de la libertad de asociación de los abogados.

Cada abogado está en una mejor posición que un senador, un diputado, que el pleno del TCRD o que el presidente del CARD, para determinar a cuál gremio profesional – y con cuáles abogados – quiere asociarse, así como con cuáles no quiere estar asociado.

Por esto, la estructura propuesta es la de un régimen de libertad de colegiatura, donde puedan competir y coexistir distintas asociaciones profesionales autorreguladas.

Es así de hecho, como surgen los colegios profesionales de abogados (barristers, solicitors) en Inglaterra, que todavía operan hoy día. Los gremios no deben surgir del Estado, sino de la gente.

Todo esto sin tocar el tema de los problemas de gobierno corporativo y los costos de agencia que afectan al CARD. El CARD se ha convertido en otro – de los tantos – campos de batalla baldíos donde los partidos políticos llevan a cabo sus guerrasproxy. Desde el punto de vista político, las elecciones del CARD y su andamiaje institucional están diseñados para ser coaptadas por los políticos para usarlas como estructuras proselitistas y clientelares (algo que abordaré con más detalle en una próxima entrega).

La libertad de colegiatura añade un elemento sano, necesario en la autodeterminación: la competencia. Este es un punto que la Sentencia TC 163/2013 no consideró, enfocándose principalmente en la eliminación de la colegiatura obligatoria, sin considerar que existe una plétora de formas como se puede organizar la colegiatura profesional de los abogados – y de otros profesionales.

Cada abogado y cada despacho deben tener el derecho de asociarse libremente en un gremio profesional que refleje sus valores, intereses e ideales. Donde se compartan intereses y se puedan ejercer objetivos comunes para el ejercicio profesional.

La libre colegiatura salvará el ejercicio de la profesión. Sobre todo, permitirá separar “el trigo de la cizaña”. Mucho mejor que la colegiatura única e ineficiente – o los proyectos de ley para restringir o regular el ejercicio del Derecho.

Los abogados éticos se asociarán a otros abogados que comparten valores similares. La membresía a ciertos gremios profesionales será un sello de calidad. Los clientes, abogados, jueces y demás auxiliares de la justicia reconocerán las marcas de calidad, ayudando a separar el trigo de la cizaña. Los abogados de provincias podrán organizarse y autodeterminar mejor sus gremios sin incidencia de un gobierno capitaleño ni la creación de costosas estructuras seccionales del CARD dirigidas por amiguetes de la directiva.

Cada asociación podrá diseñar comités de trabajo, mecanismos de gobierno, y procesos disciplinarios efectivos, ajenos a los costos de agencia que genera la manipulación política. Al abogado que no le guste una asociación tendrá el derecho de votar con los pies, transfiriéndose a otro gremio.

Lo mejor es que cada asociación determinará cómo autofinanciarse, sin tener que crear tasas absurdas que le peguen mordiscos a los actos privados ni a los actos judiciales.

Como cualquier propuesta, la colegiatura libre y competitiva no es una panacea. Tiene costos y beneficios que – por limitaciones de espacio – no puedo articular aquí. Sin embargo, estimo que el saldo es positivo y mayor que el saldo del desprestigiado y fracasado modelo actual de colegiatura única a través del CARD.

Llegó el momento de dar pasos certeros hacia una colegiatura libre y competitiva.

 

 

 

Absurdos Regulatorios: Prohibir la Hookah

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Si los legisladores y reguladores se empeñan en seguir regulando cosas absurdas, los absurdos regulatorios seguirán a la orden del día. No habrá Plan de Mejora Regulatoria que de la talla.

En la República Dominicana, hay dos casos recientes emblemáticos de estudio: la Ley que Prohíbe el uso de la Hookah; y la Ley del Colegio de Abogados. En este artículo me referiré a la primera, mientras que dedicaré una futura entrega a la Ley del Colegio de Abogados.

Antes que nada, debo dejar claro que este artículo no es una apología por la hookaho shisha – una pipa de agua que proviene del oriente, y a la cual se le dan usos cuestionables en algunos tugurios del país. Sin embargo, uno debe preguntarse: ¿cuál es el razonamiento subyacente para dedicar recursos y tiempo con el objetivo de prohibir el uso público y privado de la hookah?

En muchos países asiáticos y del norte de África, fumar hookah es culturalmente aceptado. Este es el caso, por ejemplo, de Turquía, Israel, Líbano, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Omán, Pakistán, Marruecos, Argelia, entre otros. Algunos de estos países, producto de la influencia religiosa, tienen reglas sumamente estrictas respecto de otras actividades, como el consumo de drogas y de bebidas alcohólicas. Sin embargo, la hookah está permitida – y su uso no está regulado. Lo mismo ocurre en otros lugares de Europa y Asia, donde es común encontrar Shisha Bars, lugares donde la gente disfruta de fumar tabaco saborizado con las shishas.

Sin embargo, en el caso dominicano, el Congreso Nacional encontró que – entre todos los problemas sociales que merecen atención legislativa – de alguna manera, el uso y abuso de la hookah era de interés prioritario para la nación.

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Legislar no es menuda cosa. El Congreso Nacional nos cuesta mucho dinero. Estos recursos se pudieran dedicar a otros objetivos apremiantes. Sólo para el 2019, el Congreso Nacional tiene presupuestado gastos por más de 7,282 millones de pesos (gráfica 1). Esto es un gasto per cápita de casi DOP 703.03 por dominicano (ver gráfica 3).

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Las gráficas 1 y 2 muestran cómo el presupuesto asignado al Congreso Nacional ha ido en aumento en la última década (aunque ha ido disminuyendo como porcentaje del Presupuesto General del Estado – PGE). Mientras que la gráfica 3 muestra el gasto real per cápita del Poder Legislativo entre 2008-2017.

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¿Vale la pena – y el costo – dedicarle tiempo a la prohibición de la hookah? ¿Cuál fallo del mercado justificaría prohibir su uso?

En un artículo anterior explico cuáles son, según la teoría económica neoclásica, los fallos del mercado que podrían justificar (pero no ordenan) una intervención regulatoria del Estado. Estos son: las externalidades, los problemas de información asimétrica, problemas de competencia, y los bienes públicos. A partir del auge de la economía conductual, a estos fallos se les agregan los llamados “fallos conductuales” o cognitivos de las personas.

En el caso del uso indebido de la hookah, no hay monopolios ni problemas de competencia. Tampoco existe asimetría informativa que afecta a los fumadores. Mucho menos los usuarios se ven afectados por sesgos ni heurísticas a la hora de tomar decisiones.

Los fallos más relacionados son las externalidades y problemas de salud pública (bienes públicos) – que, dicho sea de paso, no afectan específicamente al público, sino al fumador insensato que tiene que ser hospitalizado – o muere – requiriendo de fondos públicos para su atención. Cuando un usuario de hookah utiliza la pipa indebidamente, mezclándola con narcóticos, bebidas alcohólicas u otros químicos, se hace daño a si mismo, e impone costos externos a sus familiares, dependientes, y al sistema de salud pública.

Sin embargo, son riesgos que adultos asumen voluntariamente, como fumar, consumir alcohol, medicamentos o drogas. La hookah tampoco se ha convertido en una epidemia pública, como el caso de los opiáceos en los EE. UU.

La referida ley además argumenta que el usuario: “al compartir la boquilla, está expuesto a la transmisión de enfermedades como: tuberculosis, herpes labial, cáncer de pulmón y la destrucción de los dientes por causa de sarro y otras enfermedades periodontales”.

Ciertamente, algunas de estas enfermedades pueden ocurrir cuando se comparte una botella de cerveza entre amigos, fumando y compartiendo cigarrillos –incluso, a través de besos. ¿Tendríamos que prohibir estas actividades también? En el caso del sarro y las enfermedades periodontales: ¿el Congreso Nacional tiene que dedicarse de manera paternalista, a cuidar las encías de los adultos?

Realmente, ¿todo esto justifica prohibir la hookah? ¿no es más alto el costo externo producido por el consumo de otras sustancias legales, como el alcohol u otros productos de tabaco? ¿no mueren más personas en accidentes de tránsito que por fumar hookah? ¿habría también que prohibir los vehículos de motor?

Es evidente que no se justifica dedicar valioso tiempo ni recursos del Poder Legislativo para prohibir el uso de la hookah. Es más, ni siquiera debería estar dedicándole un artículo a este tema. Pero es que la regulación de cosas absurdas implica desperdicio de recursos para la sociedad.

Esto sin entrar demasiado en que una ley como ésta tiene vocación de ser fútil a la hora de implementarse. Es prohibitivamente costoso monitorear el uso privado de la hookah. Cualquiera en la comodidad de su casa – sea en Casa de Campo, en Santo Domingo, o en Dajabón – puede fumar hookah, sin que el Estado tenga forma de prohibírselo, efectivamente.

Tampoco creo que con los altos niveles de inseguridad que existen en el país, dedicar recursos humanos y financieros para monitorear que la gente no fume hookah, sea algo prioritario, ni constituye un uso eficiente de los agentes policiales y miembros del Ministerio Público.

Hacer cumplir con esta ley será sumamente difícil para el Estado, que verá su credibilidad y su autoridad erosionadas por evacuar – en todos los sentidos de la palabra – absurdos legislativos paternalistas como este.

Como expreso al inicio del artículo, regular cosas absurdas incrementa el acervo de los absurdos regulatorios.

LA EVALUACIÓN DE LOS JUECES DE LA SUPREMA

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El 10 de enero de 2019, el Consejo Nacional de la Magistratura (“CNM”) inició los trabajos para evaluar a 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia(“SCJ”).

El CNM estará aprobando un reglamento de evaluación de los jueces de la SCJ, para sustituir el vagamente redactado e impreciso reglamento de evaluación existente, el Reglamento núm. CNM 2-11, vigente desde 2011.

El reglamento CNM 2-11 es tan malo, que el Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) fácilmente podría utilizarlo (en vez de excremento) para lanzar en futuras protestas.

El problema de elaborar y usar un nuevo reglamento ad hocde evaluación de los jueces de la SCJ, es que es contrario a las reglas del debido proceso. Esto equivale a crear una norma ex post factoy aplicarla retroactivamente, impidiendo que los jueces de la SCJ sean evaluados justamente.

Imagínese ser un estudiante y que el profesor tenga la potestad de examinarlo al final del curso sin haberle indicado – con tiempo suficiente – cuáles criterios y temarios estaría evaluando en el examen.

Los jueces de la SCJ desempeñaron sus funciones bajo el Reglamento núm. CNM 2-2011 que era impreciso y vago. Pero sería injusto evaluarlos con otros criterios que se recomendaron en 2017 – y que apenas se estarían aprobando de manera especial para aplicárselos ahora.  Esto porque, como dice la Constitución, no se puede sancionar sin una norma previa. Tampoco puede juzgarse (evaluarse) sino conforme a normas preexistentes.

Además, aunque el CNM tiene competencia para evaluar a los jueces usando un reglamento de elaboración propia, para separar a un juez de su cargo “deberá sustentar su decisión en los motivos contenidos en la ley que rige la materia” (art. 181 de la Constitución). Esto es algo controversial, porque hay quienes argumentan que el CNM no tiene que motivar sus decisiones porque son políticas – a pesar de que, en los casos de destitución de jueces de la SCJ, la Constitución establece que debe hacerlo.

Evaluar sin parámetros preexistentes claros y precisos, es simplemente un ejercicio de discrecionalidad. Sobre todo, si se mantienen secretas las evaluaciones de los jueces de la SCJ, como se hacía en el pasado.

Sería menos injusto evaluar aleatoriamente, o con otros métodos. Quizás consultando una bola de cristal, un brujo, o echando suerte con dados.

Queda como ejemplo histórico la controversial destitución por evaluación delmagistrado Julio Aníbal Suárez– rodeada de murmullos de malestares políticos.

No se puede fomentar una justicia realmente independiente, si los jueces de la SCJ no saben con certeza objetiva cómo se les va a evaluar. El desorden que existe hace que los jueces de la SCJ vivan continuamente bajo incertidumbre – con una espada de Damocles sobre sus cabezas colgando de un pelo que amaga con romperse en caso de que su accionar resulte inconsistente con los intereses del poder político que toque evaluarlos.

La corrosión de la independencia se aprecia más considerando que según el art. 154 de la Constitución, son los jueces de la SCJ que tienen la atribución exclusiva de conocer las causas penales seguidas a los integrantes del CNM: el presidente, los senadores, diputados, jueces de la SCJ, y el Procurador General de la República.

¿Quién va a juzgar imparcialmente a un presidente de turno o procurador, sabiendo que luego podría ser potencialmente evaluado por estos en un CNM?

La gran paradoja de los procesos de evaluación que hemos tenido en todos los CNM convocados desde 2011 es que a los jueces – quienes están llamados de proteger el debido proceso y los derechos fundamentales de las personas naturales y jurídicas – se les niegan esos mismos derechos y garantías cuando toca evaluarlos, elegirlos o destituirlos.

No se puede esperar tener juzgadores justos tratándoles con inequidad.

Vueltas del reglamento de aplicación de la Ley de Competencia

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El 6 de enero de 2019 marca el segundo aniversario de la entrada en plena vigencia de la Ley General de Defensa de la Competencia núm. 42-08 (en lo adelante, la “Ley de Competencia” o la “Ley”). Dicha Ley entró en pleno vigor con el nombramiento de la Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), Lic. Nilka Jansen Solano (Decreto núm. 05-2017). La Ley entró en vigor 9 años después de haberse promulgado.

La entrada en vigor de la Ley marcó una transición donde Pro-Competencia dejó de ser un elefante blanco(ver mi artículo Competencia Indefensa, del 18 de enero de 2016, en este medio), y comenzó a desarrollar las actividades para las que fue creada: defender y garantizar un entorno de libre y leal competencia.

A partir de enero de 2017, Pro-Competencia ha ejecutado importantes programas, normas y decisiones jurisdiccionales. Esto incluye, pero no se limita, a: la publicación de los Criterios de Concentración de Pro-Competencia(Resolución 001-2017), la Resolución núm. 021-2017que aprueba los criterios técnicos para la determinación y cuantificación de daños ocasionados por prácticas anticompetitivas, el Observatorio de Condiciones de Mercado, y más recientemente, un precedente que decide sobre un procedimiento administrativo sancionador contra Cervecería Nacional Dominicana (Resolución núm. 18-2018. Ver también el artículo de Melissa Silié Ruiz, Procompetencia y CND, del 15 de diciembre de 2018, en este medio).

Sin embargo, un reto normativo pendiente que Pro-Competencia tiene es conseguir la aprobación del reglamento de aplicación de la Ley de Competencia – que, en 2019, cumple 11 años de haberse promulgado. Según el artículo 68 de la Ley de Competencia, Pro-Competencia debió presentar el reglamento dentro de un plazo de 60 días de haberse nombrado los miembros del Consejo Directivo y el Director Ejecutivo.

El 24 de enero de 2019, habrán transcurrido 730 días sin que se haya aprobado el reglamento. En enero de 2017 Pro-Competencia envió un borrador a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo (Res. 02-2017) – pero esta remitió el proyecto nuevamente a Pro-Competencia el 26 de abril de 2017, para abrir otro proceso de consulta pública. El 27 de julio de 2017, el Consejo Directivo aprobó el proyecto de reglamento y lo envío a la Consultoría del Poder Ejecutivo para probación final y publicación (Res. núm 015-2017). Pero casi 18 meses después,  esto no ha ocurrido.

A través de los años, el reglamento de aplicación de la Ley ha dado muchas vueltas. Distintas versiones de dicho reglamento han sido publicadas para consulta pública. Los agentes económicos e interesados han participado de los procesos con comentarios y observaciones. Sin embargo, el reglamento no ha sido aprobado.

Este reglamento parecería haber salido a gira más que los Rolling Stones. (Para un recuento fáctico, ver los antecedentes citados por la Resolución núm. 006-2017y por la Res. núm 15-2017).

La Ley de Competencia dicta la necesidad de contar con un reglamento de aplicación. Es decir, que existe un mandato legal de tenerlo. El reglamento contribuirá con “establecer los derechos de los administrados” así como con la “simplificación y racionalización de los trámites para evitar que estos se conviertan en barreras de acceso al mercado” (párrafo IV del artículo 13 de la Ley de Competencia). El reglamento también es esencial para determinar los aspectos procedimentales de aplicación de la Ley.

Además, un reglamento promulgado mediante decreto presidencial podría hacer efectiva la facultad coordinación de la actividad reguladora entre Pro-Competencia y otros reguladores sectoriales, al tenor del artículo 20 de la Ley de Competencia. Esta coordinación no es trivial. Es esencial al tenor del trabajo de mejora regulatoria que viene desarrollado el Consejo Nacional de Competitividad.

La ausencia de un reglamento de aplicación también entorpece la aprobación de otros reglamentos complementarios que la Ley de Competencia necesita. Vale citar los casos de los proyectos de reglamento para el establecimiento de un régimen de reducción de sanciones por colaboración (Resolución núm. 19-2017); y del reglamento para la tramitación de propuestas de compromiso por parte de agentes económicos en el marco de las investigaciones bajo la Ley núm. 42-08 (Resolución núm. 020-2017). Ambos proyectos salieron a consulta pública durante el año 2017, pero no han sido aprobados.

El Poder Ejecutivo declaró el 2019 el año de la innovación y la competitividad. No se debe confundir competitividad y libre competencia – pero ambas cosas van de la mano. El Poder Ejecutivo debe aprobar el reglamento de aplicación de la Ley de Competencia para catalizar la innovación y la competitividad de la República Dominicana – incluyendo mejorar la posición del país en los listados e indicadores internacionales sobre clima de negocios, competencia, y eficiencia de mercados.

Recientemente, Pro-Competencia convocó un Concurso Nacional de Ensayospara identificar y analizar obstáculos regulatorios para competir y emprender. He aquí una propuesta: la ausencia del reglamento de aplicación de la Ley es un obstáculo a la competencia.

Darle tantas vueltas al reglamento de aplicación la Ley núm. 42-08, no es competencia.

 

 

SANTIAGO OESTE, SIN NORTE

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El 28 de diciembre de 2018, se promulgó como regalo de fin de año la Ley núm. 65-18 que crea el distrito municipal Santiago Oeste.

Desde la perspectiva de la Teoría de Elección Pública (Public Choice Theory), que aplica el análisis económico a la toma de decisiones políticas, la creación del municipio de Santiago Oeste no debe sorprender en lo absoluto. Es un resultado completamente racional de políticos que buscan maximizar rentas.

Quedando a opción de los políticos, el territorio nacional se fraccionaría en diez millones de pedazos – para poder sortearlos entre prosélitos y electores.

La Teoría de Elección Pública estudia los curiosos casos de competencia improductiva o destructiva (F. Parisi, The Language of Law and Economics, 2013). También llamadabúsqueda de rentas, por la economista Anne O. Krueger, estos son emprendimientos improductivos donde se disipan recursos – pero donde no se crea nada de valor social. De hecho, se destruye valor, porque se dedican recursos para aumentar el tamaño o la probabilidad de ganarse un botín (renta).

Ocurren también fuera del ámbito político, por ejemplo, entre carteles de droga que se disputan “plazas” – o entre abogados litigantes que han optado por un buen pleito en vez de una mala transacción.

La Teoría de Public Choiceestuvo relacionada con el análisis Económico del Derecho, pero tomó su propio rumbo distintivo. Se asocia con la llamada Escuela de Virginia, y con autores como James M. Buchanan (Nobel 1986), Gordon Tullock, y el escocés Duncan Black.

Analizado desde la óptica del Public Choice, la creación del distrito municipal Santiago Oeste es un ejercicio clásico de búsqueda de rentas.

Parte del problema radica en que el artículo 93 (b) de la Constitución asigna al Congreso Nacional la atribución de: “Crear, modificar o suprimir regiones, provincias, municipios, distritos municipales, secciones y parajes y determinar todo lo concerniente a sus límites y organización, por el procedimiento regulado en esta Constitución y previo estudio que demuestre la conveniencia política, social y económica justificativa de la modificación” (subrayado añadido)

Esta atribución equivale a poner al lobo a cuidar de las ovejas. Por tanto, no debe sorprendernos que los congresistas y gobernantes fraccionen y atomicen cada vez más el territorio para sacar cargos electivos que se puedan repartir – y que no generen valor social alguno.

No está claro si hubo un estudio previo en el caso de la creación de Santiago Oeste. Pero tampoco es difícil justificar la conveniencia política de crear nuevos cargos electivos para repartición.

Ni siquiera se tomó en cuenta que, en los próximos meses, el país enfrentará los procesos preelectoral y electoral más costosos y complejos de su historia.

Hay que limitar y ponerle contrapesos al poder político. No se puede seguir fraccionando el territorio para satisfacer compete

CÁLCULO DEL CONSENSO EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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Durante la entrevista del Consejo Nacional de la Magistratura (“CNM”) al profesor y constitucionalista, Cristóbal Rodríguez, el consejero Magistrado Fran Soto le preguntó si había espacio de mejora respecto del régimen constitucional vigente.

El profesor Rodríguez aprovechó para resaltar que la mayoría requerida para toma de decisiones del Tribunal Constitucional (“TCRD”) es un obstáculo para su efectividad como órgano jurisdiccional. Según Cristóbal Rodríguez, esta regla “genera dificultad para generar consensos” requeridos para tomar decisiones – particularmente, decisiones controversiales o trascendentes.

El artículo 186 de la Constitución Dominicana establece que: “[e]l Tribunal Constitucional estará integrado por trece miembros y sus decisiones se adoptarán con una mayoría calificada de nueve o más de sus miembros”.

Por su parte, el artículo 27 de la Ley núm. 137-11, añade que el TCRD: “delibera válidamente con la presencia de nueve miembros y decide por mayoría de nueve, o más votos conformes.”

De esto se desprenden dos elementos a tomar en cuenta: 1) el cuórum necesario para deliberar válidamente; y (2) la mayoría requerida para tomar decisiones. En el caso del TCRD, el umbral para ambos aspectos es de 9 jueces, de una matrícula total de 13 jueces.

Esto implica que la toma de decisiones en el TCRD conlleva altos costos de transacción (costos de decisión) si se compara otras altas cortes y órganos jurisdiccionales.

Para que el TCRD sesione válidamente deben estar presentes 9 jueces de un total de 13. Es decir, el 69.2% de su matrícula (más de 2/3 partes, como señaló Cristóbal Rodríguez en su exposición).

Pero aún reuniendo el cuórum mínimo de 9 jueces, se requiere la unanimidad (100%) para tomar una decisión. Es decir, que 9 jueces del TCRD se pueden reunir para deliberar, pero concluir la reunión sin adoptar una decisión. Esto puede llevar algunos expedientes a puntos muertos. También desperdicia valioso tiempo de los magistrados, secretarios y letrados.

Todo esto implica un alto costo de toma de decisiones. En la medida en que participan más jueces en una deliberación del pleno del TCRD, el porcentaje requerido para tomar una decisión se va diluyendo, pero nunca desciende por debajo del 69.2% – 9 jueces – que sirve de piso duro constitucional para decidir válidamente.

La toma de decisiones es menos gravosa en otros órganos deliberativos. Por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia (“SCJ”), que cuenta con una matrícula de 16 jueces con funciones jurisdiccionales (excluyendo una jueza que tiene funciones dentro del Consejo del Poder Judicial), las reuniones del pleno y de las cámaras reunidas requieren de 12 jueces para deliberar válidamente. Esto es, 75% o ¾ partes de la matrícula.

Gráfica 1– Toma de Decisiones en las Altas Cortes

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A pesar de ser un cuórum más elevado para deliberar válidamente (3/4 partes de la matrícula) que el requerido para las decisiones del TCRD, una vez alcanzado este cuórum, se pueden tomar decisiones con la mayoría simple – o hasta con la mitad de los presentes (50%), es decir, 6 de un mínimo de 12 jueces – en los casos en que el presidente de la SCJ ejerce la prerrogativa de desempate.

Esto porque la regla en el pleno de la SCJ es que las decisiones se toman por mayoría de los presentes para deliberar válidamente, y en los casos de empate (i.e. reuniones con 12, 14 o 16 jueces deliberando), del voto del presidente de la SCJ vale por dos.

El resultado, como se aprecia en la Gráfica 1, es que en la SCJ (pleno y cámaras reunidas), aunque se requiere de la presencia de un mayor número de jueces para deliberar válidamente que en el TCRD (12 en vez de 9), las decisiones requieren de un menor porcentaje de jueces concurrentes (hasta 50% en algunos casos señalados). Esto implica menores costos para tomar decisiones, y se puede argumentar que incide positivamente en aliviar la carga de trabajo, reducir los cuellos de botella y mejorar la tasa de resolución de estos órganos jurisdiccionales.

En las vistas públicas del CNM la crítica a la regla ha sido señalada, y se han dilucidado algunas posibles soluciones. Una, por ejemplo, es dividir el TCRD en salas – lo cual como se ha indicado, abre la posibilidad de criterios heterogéneos y hasta contradictorios entre salas.

Otra solución posible sería recalibrar los criterios antes mencionados de: 1) cuórum necesario para deliberar válidamente; y (2) mayoría requerida para tomar decisiones.

Por ejemplo, aumentar y constitucionalizar el cuórum necesario para deliberar válidamente de 9 a 10 (de 13 jueces) lleva el umbral actual de 69.23% hasta 76.92% – más en línea con las ¾ partes de la matrícula requerida en el caso de otras altas cortes, como la SCJ.

Esto garantiza que una mayoría calificada de jueces estén presentes para poder deliberar válidamente.

Mientras que reducir la mayoría requerida para tomar decisiones, de 9 a 8 – o hasta 7 jueces, implicaría una reducción del porcentaje requerido para decidir, una vez el cuórum para deliberar se haya reunido.

Recalibrar estos factores podría incidir positivamente en la tasa de resolución del TCRD y la reducción de la tasa de congestión del TCRD.

 

 

 

 

Datos sobre los Candidatos Preseleccionados por el CNM 2018

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El Consejo Nacional de la Magistratura (“CNM”) está evaluando a 47 candidatos preseleccionados para completar cuatro vacantes en el Tribunal Constitucional de la República Dominicana (“TCRD”).

Los cuatro jueces del TCRD que cumplieron su período de designación son: Leyda Margarita Piña, Víctor Gómez Bergés, Jottin Cury e Ildelfonso Reyes. Víctor Gómez Bergés además sobrepasó la edad límite de retiro de 75 años.

Este escrito resume algunos datos sobre los candidatos preseleccionados, para informar el debate y el proceso de audiencias públicas que inicia a partir del próximo 5 de diciembre de 2018. Los datos tabulados se extraen de los expedientes de los candidatos, publicados en la página web del CNM.

Muchos postulados, pocos escogidos

¿Cuántos candidatos se postularon y cuántos fueron preseleccionados? En total, el CNM recibió 115 postulaciones. 67 postulados fueron filtrados durante la preselección (aprox. 58% de los postulados). Mientras que 1 candidato se retiró voluntariamente. Los 47 candidatos restantes (aprox. 41%) fueron preseleccionados. La Gráfica 1 ilustra estos datos.

Gráfica 1

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El aspecto más debatido sobre la preselección es la falta de motivación por parte del CNM para sus decisiones. Algunos analistas consideran que el CNM debe motivar sus decisiones. La falta de transparencia y de motivación suscita críticas respecto del debido proceso.

Continuar admitiendo la falta de motivación y discrecionalidad del CNM resulta más problemático cuando se trata de evaluación de los jueces existentes. Ya existe un precedente donde se destituyó un juez de la Suprema Corte de Justicia sin una debida motivación. Este tipo de accionar podría repetirse en el futuro, utilizando la destitución como represalia en contra de jueces que preservan su independencia ante las manipulaciones del poder político.

Cortes de hombres

Entre los 47 candidatos preseleccionados, 31 candidatos son hombres (aprox. 66%), mientras que 16 son mujeres (aprox. 34%). Esto implica que, por cada tres candidatos preseleccionados, sólo hay una mujer. Dicho de otra forma, que por cada candidata preseleccionada hay dos candidatos.

Gráfica 2

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Entre los 13 jueces actuales del TCRD, hay 3 magistradas (23%). Mientras que de los cuatros jueces salientes, una es mujer (25%). El CNM tiene una oportunidad para nombrar más juezas en el TCRD.

Edades

Las edades de los candidatos preseleccionados oscilan entre 36 y 70 años. La edad mínima constitucionalmente establecida es de 35 años. Mientras que la edad de retiro es de 75 años. El 36.17% de los candidatos preseleccionados tiene entre 53.6 y 62.4 años. Mientras que un 25.53% – 12 candidatos – tiene entre 44.8 y 53.6 años. La Grafica 3 presenta un histograma resumiendo la distribución.

La edad promedio de los candidatos es de 53,21 años, mientras que la edad mediana es 54 años.

Gráfica 3

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Perfil Profesional

Uno de los debates más difundidos sobre el perfil de los candidatos gira en torno a la idoneidad de contar con jueces de carrera como parte de las altas cortes.

Se ha escrito bastante al respecto, y este resumen estadístico no es el lugar apropiado para desarrollar los argumentos esbozados a favor o en contra.

Un análisis estadístico del perfil profesional de los 47 candidatos preseleccionados permite apreciar que 16 candidatos (aprox. 34%) son abogados o académicos en ejercicio. Mientras que 20 candidatos son jueces de carrera (43%). Los 11 candidatos restantes (aprox. 23%) son lo que he llamado servidores institucionales, como explico a continuación.

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Se puede apreciar que los jueces de carrera constituyen el principal grupo de candidatos preseleccionados (43%). Algunos candidatos son conocidos ya – puesto que han sido entrevistados en vistas públicas de pasadas convocatorias del CNM.

De los 20 candidatos que son jueces de carrera, 15 (75%) tienen el rango de juez de corte de apelación. Esto me parece revelador, porque podría sugerir que como existe una movilidad vertical esclerótica dentro de los escalafones del Poder Judicial, los jueces de cortes de apelación buscan oportunidades de ascenso en otras altas cortes.

Los 5 jueces aspirantes restantes (25% de los jueces), son jueces de tribunales de primera instancia.

Esta clasificación sólo incluye a los jueces de carrera que actualmente están en ejercicio activo. Algunos candidatos que actualmente son abogados han servido como jueces en el pasado, pero no fueron incluidos como tales en este análisis.

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Los 11 candidatos preseleccionados que llamo “servidores institucionales”, provienen de diversas instituciones, incluyendo: 3 candidatos empleados en el TCRD (dos letrados y el actual secretario), una candidata del Poder Judicial (Directora de Políticas Públicas), una candidata de la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP), una candidata del Defensor del Pueblo, un Exjuez suplemente del Tribunal Superior Electoral (TSE), y 4 miembros del Ministerio Público.

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Perfil Académico

El perfil académico de los candidatos también es interesante. El estudio de los expedientes revela muchos candidatos con una preparación académica sólida.

¿En cuáles universidades obtuvieron su primer grado de estudios jurídicos los candidatos preseleccionados? 15 candidatos (32%) estudiaron en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). 8 candidatos (17%) son egresados de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Igual cantidad estudiaron en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). 6 candidatos (13%) estudiaron en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA). Los 10 candidatos restantes (21%) son egresados de diversas universidades.

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40 de los 47 candidatos preseleccionados (85%) tienen estudios especializados en Derecho Constitucional (definidos aquí como estudios de maestría o postgrado). Este punto debe interpretarse cuidadosamente, porque algunos candidatos que no tienen estudios especializados podrían tener vasta experiencia impartiendo docencia, enseñando, escribiendo libros y artículos, y adjudicando en materia constitucional.

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Si se analiza el máximo grado académico de los candidatos, 38 (80.85%) tienen una o más maestrías. Mientras que 3 candidatos están en proceso de obtener sus doctorados (otros más han completado diplomas de estudios avanzados que habilitan para realizar doctorados). Cinco candidatos (10.63%) han obtenido doctorados (esto no incluye a los candidatos que obtuvieron su título de grado en la UASD, bajo el nombre de Doctor en Derecho).

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Finalmente, 35 de los 47 candidatos (74%) tienen alguna afiliación académica activa, como ilustra la Gráfica 10.

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Este resumen estadístico tiene por objetivo compartir algunos datos sobre los 47 candidatos preseleccionados para suplir cuatro vacantes en el TCRD. Las variables presentadas son diversas – algunas pueden interpretarse de distintas maneras. Otras no son necesariamente determinantes para invalidar a uno que otro candidato. Sin embargo, ofrecen algunos puntos para discusión de cara a las vistas públicas que inician a partir del próximo 5 de diciembre de 2018.