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Precisiones sobre las Asignaciones Presupuestarias del Poder Judicial

Leí con mucho interés las declaraciones recientes del señor Rafael Paz Familia, director del Consejo Nacional de Competitividad, relacionadas con un análisis presupuestario de los recursos asignados al Poder Judicial entre 2006-2018.

Este breve artículo busca aportar datos técnicos al debate, de forma objetiva y crítica. No debe interpretarse como una apología a favor del Poder Judicial – pero tampoco como un intento de denostar el análisis publicado por el Consejo Nacional de Competitividad (en lo adelante, el “Análisis del CNC”). No obstante, la importancia del debate y la difusión que ha tenido el Análisis del CNC motivan una discusión crítica respecto de algunas de sus conclusiones principales.

Este artículo presenta datos que evidencian que – contrario a lo que indica el Análisis del CNC – efectivamente, el presupuesto real per cápita asignado al Poder Judicial disminuyó considerablemente entre 2006-2015. A modo de reflexión, el artículo también aporta algunas variables – omitidas por el Análisis del CNC– que necesariamente deben tomarse en cuenta cuando se analiza el gasto público del Poder Judicial, y el desempeño del sistema de justicia de la República Dominicana durante las últimas décadas.

Ajuste por Inflación

El Análisis del CNC debería tomar en cuenta cómo la inflación del período presentado impactó las asignaciones presupuestarias anuales del Poder Judicial. En términos sencillos, la inflación no es más que el aumento sostenido y generalizado de los precios durante un período.

En 2006, se podían adquirir más bienes y servicios con cien pesos (DOP 100), que lo que se pueden adquirir con la misma cantidad hoy. Es decir, que DOP 100 en 2006 rendían más que DOP 100 en 2018.

Lo mismo ocurre con las asignaciones presupuestarias anuales del Poder Judicial. Aunque nominalmente las asignaciones presupuestarias del Poder Judicial han aumentado paulatinamente entre 2006-2018, hay que tomar en cuenta la inflación del período. Esto implica realizar lo que los economistas llaman estimar el valor real de las asignaciones, o ajustarlas por inflación. En otras palabras, tratar de comparar a cuánto equivalen los presupuestos anuales del Poder Judicial (2006-2017), de cara al presupuesto de 2018.

Los presupuestos anuales asignados al Poder Judicial ­se deben ajustar por inflación tomando los datos publicados por el Banco Central de la República Dominicana. También es útil combinar estos valores ajustados con las estadísticas sobre población dominicana publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), para obtener el gasto real per cápita del Poder Judicial entre 2006-2018.

El historial presupuestario real per cápita del Poder Judicial (2006-2018) se esclarece, tal y como evidencia la Gráfica 1.

Presupuesto Real Per Cápita del Poder Judicial

En la Gráfica 1 se aprecia que para el año 2006, el gasto público real per cápita del Poder Judicial era de aproximadamente DOP 593.67. El nivel de gasto fue declinando a partir del presupuesto de 2007, alcanzando su nadir en el año 2012 cuando el Poder Judicial recibió tan sólo DOP 442.98 por cada dominicano (ajustado por inflación).

Lo anterior representa una reducción de un 25.28% en la asignación presupuestaria real per cápita del Poder Judicial entre 2006 y 2012. Esto a pesar de que en términos nominales el presupuesto del Poder Judicial en el año 2012 fue 13.95% mayor que el presupuesto asignado en el año 2006. En otras palabras, aunque con el paso de los años el Poder Judicial recibía un mayor presupuesto nominal, ese dinero rendía cada vez menos.

Durante el año 2013, la tendencia presupuestaria a la baja del Poder Judicial se revierte ligeramente – pero nótese que todavía para el año 2015 el Poder Judicial no recibía un presupuesto per cápita superior a los niveles reales de 2006. Es decir, no había superado el umbral de gasto de DOP 600 pesos por cabeza. Es apenas a partir de 2016 que se establece una modesta tendencia al alza en las asignaciones presupuestarias del Poder Judicial.

Todo esto contrasta con la visión presentada por el Análisis del CNC, que no toma en cuenta las variaciones de precios (inflación), ni la población de la República Dominicana. Es debatible concluir que para el Poder Judicial en “2018 se presupuestó más del 100% de lo presupuestado en 2012”, si estas medidas no se ajustan por inflación, ni tampoco toman en cuenta la carga de trabajo, los asuntos pendientes y la demanda (entrada de asuntos) del sistema judicial.

Es cierto que los problemas del Poder Judicial – ni los de cualquier otra institución –  necesariamente se resuelven con más presupuesto. Pero también es cierto de la función de producción del Poder Judicial necesariamente incluye los recursos presupuestarios asignados, en asociación con otras variables como la carga de trabajo, la congestión (pendencia), el tiempo de disposición de los asuntos, la demanda de los tribunales (entrada de asuntos), los recursos humanos y los medios disponibles para producir, etc.

 

La Década Financiera Perdida del Poder Judicial

Queda claro que entre 2006-2015 hubo una especie de “década perdida” del gasto público dedicado al Poder Judicial. La Gráfica 2 presenta esto, al comparar la evolución presupuestaria nominal del Poder Judicial entre 2006 y 2015, con los mismos datos ajustados por inflación. La línea negra discontinua – visiblemente en declive – representa una especie de “década perdida” – que, a pesar de repuntar en 2012 – hasta el año 2014, no superó los niveles reales de 2006.

Década Perdida

Aquellos polvos traen estos lodos. La década perdida tuvo consecuencias para el Poder Judicial y para todo el sistema de justicia – efectos que son difíciles de corregir en un corto plazo. Tomando prestado el concepto de deuda técnica del mundo de la programación informática, ciertamente existe una “deuda presupuestaria heredada” con el Poder Judicial y con el resto del sistema de justicia (algo que estaré explicando en otra entrada futura).

Un Poder Judicial sistemáticamente desprovisto durante casi una década no se recupera en un par de años. Enmendar el costo heredado por una insuficiencia financiera requiere de esfuerzos y recursos adicionales. Particularmente, cuando se considera que durante dicho período otros factores importantes iban en aumento: crimen y violencia, litigiosidad, entrada de asuntos a los tribunales, población penitenciaria, congestión y dilación en los tribunales, etc.

Todo esto sin tomar en cuenta cómo se comportó el gasto en seguridad y justicia, ni encarar las preguntas distributivas que surgen a partir de las reformas: procesal penal, penitenciaria (inconclusa), del ministerio público, constitucional y superior electoral, y de defensa pública. Estas reformas han implicado desembolsos significativos del erario.

Sin olvidar que, entre 2006-2012, los comensales en la mesa de seguridad y justicia han aumentado, y el bizcocho presupuestario se ha ido achicando – sobre todo en detrimento de la porción que corresponde al Poder Judicial.

El Poder Judicial necesita recursos

A modo de conclusión, para analizar las asignaciones presupuestarias del Poder Judicial, resulta necesario tomar los valores reales – no sólo nominales – dedicados a dicha institución durante los últimos años.

Cuando se analiza el gasto público per cápita del Poder Judicial, ajustado por inflación, se aprecia cómo las asignaciones fueron reduciendo entre 2006 y 2012. No es hasta el presupuesto del año 2016 que los niveles de gasto público per cápita para el Poder Judicial superan umbral de aproximadamente DOP 600 por cabeza, que existían en el año 2006.

Esta carestía generó una especie de “década financiera perdida” para el Poder Judicial, entre 2006-2016. Se requieren recursos y esfuerzos para revertir la “deuda financiera” heredada de dicho período.

Ciertamente, los problemas y males cualitativos del sistema de justicia – y del Poder Judicial, no se resolverán singularmente con más recursos. No obstante, las asignaciones presupuestarias son importantes para asegurar que el Poder Judicial cuente con los medios para mejorar su tasa de resolución, reducir la mora judicial, mantener y atraer buenos recursos humanos, y desempeñar sus funciones dignamente y con calidad.

 

 

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