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Absurdos Regulatorios: Prohibir la Hookah

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Si los legisladores y reguladores se empeñan en seguir regulando cosas absurdas, los absurdos regulatorios seguirán a la orden del día. No habrá Plan de Mejora Regulatoria que de la talla.

En la República Dominicana, hay dos casos recientes emblemáticos de estudio: la Ley que Prohíbe el uso de la Hookah; y la Ley del Colegio de Abogados. En este artículo me referiré a la primera, mientras que dedicaré una futura entrega a la Ley del Colegio de Abogados.

Antes que nada, debo dejar claro que este artículo no es una apología por la hookaho shisha – una pipa de agua que proviene del oriente, y a la cual se le dan usos cuestionables en algunos tugurios del país. Sin embargo, uno debe preguntarse: ¿cuál es el razonamiento subyacente para dedicar recursos y tiempo con el objetivo de prohibir el uso público y privado de la hookah?

En muchos países asiáticos y del norte de África, fumar hookah es culturalmente aceptado. Este es el caso, por ejemplo, de Turquía, Israel, Líbano, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Omán, Pakistán, Marruecos, Argelia, entre otros. Algunos de estos países, producto de la influencia religiosa, tienen reglas sumamente estrictas respecto de otras actividades, como el consumo de drogas y de bebidas alcohólicas. Sin embargo, la hookah está permitida – y su uso no está regulado. Lo mismo ocurre en otros lugares de Europa y Asia, donde es común encontrar Shisha Bars, lugares donde la gente disfruta de fumar tabaco saborizado con las shishas.

Sin embargo, en el caso dominicano, el Congreso Nacional encontró que – entre todos los problemas sociales que merecen atención legislativa – de alguna manera, el uso y abuso de la hookah era de interés prioritario para la nación.

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Legislar no es menuda cosa. El Congreso Nacional nos cuesta mucho dinero. Estos recursos se pudieran dedicar a otros objetivos apremiantes. Sólo para el 2019, el Congreso Nacional tiene presupuestado gastos por más de 7,282 millones de pesos (gráfica 1). Esto es un gasto per cápita de casi DOP 703.03 por dominicano (ver gráfica 3).

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Las gráficas 1 y 2 muestran cómo el presupuesto asignado al Congreso Nacional ha ido en aumento en la última década (aunque ha ido disminuyendo como porcentaje del Presupuesto General del Estado – PGE). Mientras que la gráfica 3 muestra el gasto real per cápita del Poder Legislativo entre 2008-2017.

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¿Vale la pena – y el costo – dedicarle tiempo a la prohibición de la hookah? ¿Cuál fallo del mercado justificaría prohibir su uso?

En un artículo anterior explico cuáles son, según la teoría económica neoclásica, los fallos del mercado que podrían justificar (pero no ordenan) una intervención regulatoria del Estado. Estos son: las externalidades, los problemas de información asimétrica, problemas de competencia, y los bienes públicos. A partir del auge de la economía conductual, a estos fallos se les agregan los llamados “fallos conductuales” o cognitivos de las personas.

En el caso del uso indebido de la hookah, no hay monopolios ni problemas de competencia. Tampoco existe asimetría informativa que afecta a los fumadores. Mucho menos los usuarios se ven afectados por sesgos ni heurísticas a la hora de tomar decisiones.

Los fallos más relacionados son las externalidades y problemas de salud pública (bienes públicos) – que, dicho sea de paso, no afectan específicamente al público, sino al fumador insensato que tiene que ser hospitalizado – o muere – requiriendo de fondos públicos para su atención. Cuando un usuario de hookah utiliza la pipa indebidamente, mezclándola con narcóticos, bebidas alcohólicas u otros químicos, se hace daño a si mismo, e impone costos externos a sus familiares, dependientes, y al sistema de salud pública.

Sin embargo, son riesgos que adultos asumen voluntariamente, como fumar, consumir alcohol, medicamentos o drogas. La hookah tampoco se ha convertido en una epidemia pública, como el caso de los opiáceos en los EE. UU.

La referida ley además argumenta que el usuario: “al compartir la boquilla, está expuesto a la transmisión de enfermedades como: tuberculosis, herpes labial, cáncer de pulmón y la destrucción de los dientes por causa de sarro y otras enfermedades periodontales”.

Ciertamente, algunas de estas enfermedades pueden ocurrir cuando se comparte una botella de cerveza entre amigos, fumando y compartiendo cigarrillos –incluso, a través de besos. ¿Tendríamos que prohibir estas actividades también? En el caso del sarro y las enfermedades periodontales: ¿el Congreso Nacional tiene que dedicarse de manera paternalista, a cuidar las encías de los adultos?

Realmente, ¿todo esto justifica prohibir la hookah? ¿no es más alto el costo externo producido por el consumo de otras sustancias legales, como el alcohol u otros productos de tabaco? ¿no mueren más personas en accidentes de tránsito que por fumar hookah? ¿habría también que prohibir los vehículos de motor?

Es evidente que no se justifica dedicar valioso tiempo ni recursos del Poder Legislativo para prohibir el uso de la hookah. Es más, ni siquiera debería estar dedicándole un artículo a este tema. Pero es que la regulación de cosas absurdas implica desperdicio de recursos para la sociedad.

Esto sin entrar demasiado en que una ley como ésta tiene vocación de ser fútil a la hora de implementarse. Es prohibitivamente costoso monitorear el uso privado de la hookah. Cualquiera en la comodidad de su casa – sea en Casa de Campo, en Santo Domingo, o en Dajabón – puede fumar hookah, sin que el Estado tenga forma de prohibírselo, efectivamente.

Tampoco creo que con los altos niveles de inseguridad que existen en el país, dedicar recursos humanos y financieros para monitorear que la gente no fume hookah, sea algo prioritario, ni constituye un uso eficiente de los agentes policiales y miembros del Ministerio Público.

Hacer cumplir con esta ley será sumamente difícil para el Estado, que verá su credibilidad y su autoridad erosionadas por evacuar – en todos los sentidos de la palabra – absurdos legislativos paternalistas como este.

Como expreso al inicio del artículo, regular cosas absurdas incrementa el acervo de los absurdos regulatorios.

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