Category Archives: Blawg & Economics / Análisis Económico del Derecho

COMPETENCIA INDEFENSA

La Ley General de Defensa de la Competencia No. 42-08 (la “Ley de Competencia”) se promulgó hace ya 8 años, el 16 de Enero de 2008.

A sus ocho años de promulgación, la Ley de Competencia sigue sin aplicarse. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PROCOMPETENCIA) es una institución mortinata. Nunca se ha designado el Director Ejecutivo de PROCOMPETENCIA. Desde hace ya varios años, existen tres consejeros cesantes que deben ser sustituidos. Ternas, legislaturas y gobiernos van y vienen. Y aún no se nombran a los funcionarios correspondientes

(Pero para habilitar una postulación presidencial consecutiva, la Constitución Dominicana se modificó en una semana…)

Todo esto ocurre ante la complicidad e indiferencia de los sectores políticos y económicos que buscan que PROCOMPETENCIA nunca funcione como debe.

La trama para inmovilizar a PROCOMPETENCIA es sencilla y perversa. Por un lado, se bloquea o se frustra todo intento de nombrar personas independientes, capacitadas o con voluntad de romper con los monopolios, cárteles y los oligopolios que dominan diversos mercados de bienes y servicios. Por otro lado, existió un intento furtivo de secuestrar al consejo de PROCOMPETENCIA, llenándolo de acólitos con dudosa capacidad – y en algunos casos, inhabilitados legalmente para desempeñar las funciones requeridas.

Pero la más siniestra estrategia del plan es convertir a PROCOMPETENCIA en un detestable elefante blanco. Es decir, dejar que pase el tiempo y sigan acumulándose los costos hundidos para que sean los mismos contribuyentes/consumidores que se harten de financiar a PROCOMPETENCIA – y exijan su desaparición. Lo que se persigue es que los consumidores/contribuyentes se cansen de pagar la cuenta de un organismo técnico que está maniatado a causa de intereses políticos y económicos. Lo que la gente no ve, es la otra cuenta que pagamos: la pérdida irrecuperable de eficiencia (deadweight loss) que se desprende de los precios monopólicos.

Mientras tanto, República Dominicana seguirá siendo aquel país donde los cárteles anuncian sus acuerdos de fijación de precios en los diarios.

Advertisements

Externalidades, Ronald Coase y el Anfiteatro Nuryn Sanlley

Anfiteatro Nurin Sanlley

El conflicto que existe entre el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) y los vecinos en los alrededores del Anfiteatro Nuryn Sanlley resulta un ejemplo sumamente apropiado para explicar algunos conceptos fundamentales del Análisis Económico del Derecho (AED). El AED es en método que busca aplicar las herramientas de la Microeconomía a los problemas jurídicos y sociales. Por Microeconomía hay que entender todas sus corrientes y aplicaciones – no sólo la tradicional teoría neoclásica – sino también: la Economía Conductual, la Economía Experimental, la Escuela de Elección Pública, la Econometría y otras visiones alternativas del pensamiento económico.

Prácticamente todos los problemas jurídicos y sociales se pueden examinar aplicando las herramientas del AED. Esto incluye, pero no se limita a: los contratos, la responsabilidad civil, la criminalidad, la propiedad industrial, el Derecho de la Competencia, el Derecho Constitucional, la regulación financiera, la protección ambiental, entre muchas otras áreas más.

Una de las piedras angulares del AED es el llamado Teorema de Coase. En 1991, esta aplicación le valió el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas (Premio Nobel de Economía) a Ronald Coase. Junto al magistrado y profesor Guido Calabresi, Ronald Coase se considera como uno de los Padres del AED.

El conflicto que existe en torno a los conciertos celebrados en el Anfiteatro Nuryn Sanlley sirve para explicar el Teorema de Coase y la problemática económica de las externalidades. Las externalidades son uno de los fallos del mercado que justifican – más no ordenan – la intervención reguladora del Estado.

Los economistas llaman externalidades a todos aquellos efectos secundarios que pueden surgir de una actividad. Formalmente, las externalidades ocurren cuando un agente económico no recibe todos los costos – o todos los beneficios – de la actividad que realiza. Las externalidades pueden ser positivas: cuando generan beneficios para la sociedad. Por ejemplo, el vecino que no le pone contraseña a su Internet inalámbrico.

Las externalidades también pueden ser negativas, cuando le generan perjuicios a otros miembros de la sociedad. Este es el caso de los conciertos celebrados en el Anfiteatro Nuryn Sanlley. Algunos vecinos y otras personas que habitan alrededor del anfiteatro reciben ‘los costos’ o molestias que producen los conciertos. Estos disgustos no son incurridos ni por el Ayuntamiento, ni por los promotores artísticos que se lucran, ni por los artistas que se presentan, ni por las personas que disfrutan de los espectáculos.

Entre las molestias que los vecinos y demás afectados pueden argumentar que sufren, se encuentran: el disgusto que produce el ruido (y todo el malestar asociado con esto), la contaminación del área que rodea el anfiteatro (Parque Iberoamérica), la congestión vehicular de los asistentes, etc. En estos casos, el costo social es mayor que el costo privado que incurren los organizadores del concierto y el ADN. Es decir, que estos últimos no toman en cuenta estas molestias al momento de organizar y celebrar un espectáculo público. En otras palabras, como no enfrentan estos perjuicios, no tienen un incentivo para producir menos conciertos. Todo lo contrario: tienen incentivos para organizar y producir más y más conciertos, porque el costo social no está incluido en su cálculo de la utilidad (en sentido amplio) que produce cada concierto.

Antes de que Ronald Coase inmortalizara su visión alternativa respecto de cómo encarar el problema de las externalidades negativas en su ensayo fundamental titulado El Problema del Costo Social (1960), los economistas recurrían a las ideas de otro pensador – Arthur Cecil Pigou – para atacar este problema. En este sentido, la idea de Pigou (conocida ampliamente como el ‘Impuesto Pigouviano’) consistía en gravar la actividad que produce la externalidad negativa hasta el punto en que el costo social fuese igual que el costo privado. Es decir, en el caso del anfiteatro, ponerle un tributo a los conciertos de forma tal que se reduzca su frecuencia y lograr que los organizadores y asistentes interioricen o paguen también por el costo social que producen los conciertos.

Por supuesto, vale señalar que existen otras alternativas y herramientas de políticas públicas para enfrentar el problema de las externalidades negativas de los conciertos en el anfiteatro. Principalmente, está la regulación. Por ejemplo, prohibiendo los conciertos, limitando el número de conciertos al mes, o el horario de los mismos – o quizás estableciendo días especiales para que estos se celebren. También se podrían imponer límites al número del público asistente, al volumen de los decibeles, entre otras opciones más.

La genialidad del enfoque de Coase está en que vio la problemática de una manera distinta. Para Coase no existen ni victimarios ni víctimas. Los conciertos son socialmente útiles y deseables. También la tranquilidad y paz de los vecinos es socialmente útil. Por tanto, Coase diría que por un lado, tanto los promotores de conciertos, el Ayuntamiento y los asistentes a los concierto; como por otro lado los vecinos y los demás afectados por los conciertos, son a la vez la causa y la consecuencia de las molestias. Sin conciertos, no hubiese daño producido. Igualmente, sin vecinos en La Esperilla, no hubiesen molestias.

Para Coase poco importa si el anfiteatro se construyó primero o después que el vecindario. Es decir, que nos encontramos frente a molestias y perjuicios de naturaleza recíproca. Dicho de otra forma, los vecinos son una molestia para el Anfiteatro – y el anfiteatro es una molestia para los vecinos.

La problemática social es poner en una balanza y preguntarnos cuáles son derechos de los grupos de interés que queremos priorizar: de los promotores artísticos, del público asistente y del Ayuntamiento, o de los vecinos que viven alrededor del anfiteatro. Quizás cierto número de conciertos sea socialmente deseable. De lo contrario el ADN (e.g. todos los contribuyentes) invirtieron en un anfiteatro que no será utilizado mucho. Es posible entonces que la solución óptima desde el punto de vista social –es decir, aquella que maximice la felicidad de el mayor número de personas – no sea necesariamente la de prohibir los conciertos en su totalidad.

Para Coase este tipo de situación de reciprocidad no requiere de intervención estatal para resolverse. Sino que una solución de mercado – o meramente contractual – podrá dar lugar al resultado más eficiente. Según Coase, (1) si los Derechos de Propiedad Privada están bien definidos, y si (2) los costos de contratar (llamados costos de transacción) son los suficientemente bajitos, entonces las partes envueltas podrán negociar libremente una solución satisfactoria para todos.

Quizás una solución conforme con las ideas de Coase no sea viable en este caso. Por un lado, corresponderá a los tribunales decidir a quiénes corresponde el derecho de propiedad. Esto es lo que Coase llama la importancia de definir bien los derechos de propiedad. Es decir, determinar si los vecinos tienen el derecho de disfrutar de un ambiente libre del ruido de los conciertos, o si por el contrario son los promotores artísticos, el Ayuntamiento y el público que tiene derecho de celebrar conciertos en el anfiteatro. Si al final los tribunales determinan que los vecinos tienen la propiedad, no habrán más conciertos en el anfiteatro. Si por el contrario, se le asigna la propiedad al ADN –entonces los vecinos sufrirán los elevados decibeles y las demás molestias.

Además, en este caso es posible que los costos de negociación (o de transacción) sean demasiado altos (o prohibitivos) para poder llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes. Por ejemplo, hay que organizar y movilizar a muchos vecinos, con intereses diversos y con incentivos variables. Esto puede crear problemas de acción colectiva si no se tiene un órgano deliberativo (e.g. una junta o una asociación de vecinos) que reúna y vincule a todos los vecinos (en base a mayorías) para poder negociar un acuerdo que resulte provechoso para todas las partes.

Las partes envueltas en este conflicto se han sometido a los tribunales para que determinen a quiénes le corresponden los derechos de propiedad. El resultado va a determinar a cuál grupo de interés le pertenecen los derecho de propiedad. En un mundo Coaseano, con bajos costos de transacción y con derechos de propiedad bien definidos, este conflicto no tendría que resolverse en los tribunales ni habría que involucrar al Estado para su solución. Al grupo de interés que le perjudique la decisión final le tocará negociar con la otra –ofreciendo compensación económica, por ejemplo – con la finalidad de mitigar las molestias generadas y alcanzar una solución que maximice la felicidad del mayor número de personas.

Tagged , , ,

Constitución Económica: Pro-Competencia debe Maximizar el Bienestar Social Total

Una de las críticas que tengo al marco regulador de la Ley de Defensa de la Competencia en la República Dominicana No. 42-08 (la “Ley de Competencia”) es su enfoque en el bienestar del consumidor como objetivo para evaluar la “competencia efectiva”. El Art. 1 de la Ley de Competencia establece que su objeto es: “promover y defender la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de bienes y servicios, a fin de generar beneficio y valor en favor de los consumidores y usuarios de estos bienes y servicios en el territorio nacional.

La Ley se enfoca demasiado en la Curva de Demanda, y no lo suficiente en la Curva de la Oferta. Después de todo, es una ley de defensa de la competencia. Los consumidores tienen su propio marco normativo e institucional de protección y defensa. La referida definición anclada en el bienestar del consumidor precede la Constitución de 2010. Sin embargo, ha permeado el proyecto de Reglamento de la Ley No. 42-08. Creo que es inconstitucional y voy a explicar brevemente por qué.

Medir la “competencia efectiva” utilizando como parámetro mejorías en el bienestar del consumidor no es nada nuevo. Es el enfoque que ha prevalecido en la política de competencia de la Unión Europea, por ejemplo. Sin embargo, no es el único enfoque posible. Tampoco es el criterio predilecto de los economistas y de los abogados especialistas en temas de competencia. Por último, no es la perspectiva que contempla la Constitución Dominicana de 2010.

La normativa de competencia debe ampliar sus criterios para tomar como parámetro la maximización del bienestar social total y también de la libertad económica. Esto permitiría hacer valoraciones de tipo Kaldor-Hicks para analizar si una acción es pro-competitiva o no. El efecto sobre el bienestar del consumidor es un parámetro muy estricto. Podría existir una mejoría del bienestar del consumidor en detrimento de los productores pequeños y de la libertad económica. Explico esto gráficamente con las Gráficas 1, 2 y 3.

En la Gráfica 1 está el reconocido diagrama de tijeras de un mercado en equilibrio de Marshall. Las Curvas de Oferta y Demanda se cruzan en el punto de equilibrio. P* y q* marcan el precio y la cantidad demandada en el mercado. También señala sombreado en color los triángulos que forman el bienestar total: la suma del excedente de los consumidores y el excedente de los productores.

Gráfica1

La Gráfica 2 muestra un hipotético cambio de la Curva de Oferta en el mercado (O”). Suponiendo que Pro-Consumidor esté evaluando este cambio bajo el objetivo de “maximizar el bienestar del consumidor”, podría concluir que pasa la prueba. En el diagrama vemos como el triángulo de excedente del consumidor aumenta. Incluso, el triángulo pequeño, más oscuro representa una ganancia que adquieren los consumidores, que ahora demandan una mayor cantidad de bienes (q**) a un precio mucho más reducido (p**).

Gráfica 2

Sin embargo, la Gráfica 3 intenta demostrar por qué utilizar el bienestar del consumidor como objetivo para evaluar la competencia efectiva no es una panacea. En este diagrama, el nuevo precio (p**) y la cantidad de equilibrio (q**) son iguales que en la Gráfica 2. Sin embargo, la Curva de la Oferta es más horizontal (más como la de un monopolio). Supongamos que Pro-Consumidor analiza el efecto de una fusión o consolidación entre dos oferentes con porcentajes de concentración significativos en un mercado. El resultado parecería superar también la prueba de “competencia efectiva” anclada en el objetivo de bienestar del consumidor. El triángulo resultante del excedente del consumidor es idéntico al de la Gráfica 3. Los consumidores parecen ganar con la acción: reciben bienes/servicios a menor precio y demandan mayores cantidades de los mismos.

Gráfica 3

Sin embargo, el bienestar total se reduce. Como se aprecia visualmente cuando se analiza la reducción del triángulo del excedente de los productores en la Gráfica 3. En nuestro ejemplo hipotético, una medida escrutada puede beneficar a los consumidores, pero perjudicar a los competidores. Si los consumidores ganan, pero ganan menos que la pérdida que sufren los competidores, entonces el bienestar total se reduce. La eficiencia económica de la medida fracasaría bajo el parámetro de valoración Kaldor-Hicks.

 Sobre este particular, el Art. 218 de la Constitución dominicana dice que el: “El Estado procurará, junto al sector privado, un crecimiento equilibrado y sostenido de la economía, con estabilidad de precios, tendente al pleno empleo y al incremento del bienestar social”. La Constitución se refiere al “bienestar social” agregado y no sólo de bienestar del consumidor.

Aunque los consumidores ganen, si su ganancia total es menor que la pérdida de competitividad agregada sufrida por el mercado (o por los productores) entonces debería rechazarse cualquier conducta escrutada. Esto estaría conforme con los principios rectores del régimen económico dominicano que señala la propia Constitución.

La libertad económica es el segundo criterio que entiendo debería utilizarse. Este es un criterio constitucionalmente establecido con la Libertad de Asociación (Art. 47), la Libertad de Empresa (Art. 50) y la Libertad de Iniciativa Privada Económica (Arts. 218 y 219). La libertad de empresa y las políticas pro-competitivas para el emprendimiento y las pequeñas y medianas empresas son esenciales para ciertos mercados (regulados y no regulados) donde existen estructuras oligopólicas y altas concentraciones de mercado. No soy un ordoliberal: lo señala la Constitución dominicana.

No se trata de subordinar el bienestar del consumidor al bienestar de los productores. Nuestro argumento es que la normativa debe proteger tanto el bienestar del consumidor como la competitividad y la eficiencia económica de todos los agentes económicos, con el objetivo de maximizar el bienestar social total y promover la libertad económica

Ronald Coase

Ronald Coase

 

Coase

El Análisis Económico del Derecho (AED) está de luto. Uno de sus padres fundadores, el Dr. Ronald H. Coase, murió esta semana. Comparto la nota de prensa de la Universidad de Chicago donde reseñan la vida y obra de este grande maestro y Premio Nobel de Economía.

 

The Law & Economics community is in mourning. This week, Nobel laureate and L&E founding father, Dr. Ronald H. Coase, died. He was 102 years old. In this post I link to the official press release from the University of Chicago´s webpage, highlighting the life and work of this intellectual titan.

¿Un economista puede evitar que me den un plomazo?

Image

El Ministro de Interior y Policía anunció recientemente que buscará estudiar la posibilidad de derogar el decreto que prohíbe la importación de armas de fuego en la República Dominicana.[1] El Almirante Pared Pérez, Ministro de las Fuerzas Armadas, también manifestó estar de acuerdo con la medida.[2] Esta información sorprendió a la opinión pública, ya que se ofrece sólo semanas luego de que el Gobierno anunciara la puesta en marcha de su Plan de Seguridad Ciudadana. Incluso Monseñor Agripino Núñez Collado reaccionó ante la noticia.[3]

Este artículo no tiene por finalidad analizar la deseabilidad o no de esta política pública. Nuestro objetivo es más modesto. Aprovechamos la discusión de un tema tan importante para explicar cómo el análisis económico podría ayudar en el diseño de una política de armas de fuego que contribuya con reducir los crímenes violentos en la República Dominicana. ¿Los economistas pueden ayudar a reducir las probabilidades de que a usted le peguen un tiro? (Sin tener que recurrir a usarlos como escudos humanos).

El análisis económico comprende un conjunto de herramientas poderosas para la formulación y el diseño de políticas públicas. Hay quienes piensan que el análisis económico sólo sirve para los campos tradicionalmente asociados con la Economía: inflación, dinero, producción, tasas de cambio y de intereses, desempleo, etc. Sin embargo, desde hace varias décadas el análisis económico se ha extendido y se ha utilizado exitosamente para enfrentar otros tipos de problemáticas sociales.

Cabe señalar la existencia del movimiento de Análisis Económico del Derecho (Ronald Coase, Richard Posner, Guido Calabresi, Steven Shavell, entre muchos otros). Pero también resultan notables las extensiones del análisis económico a la familia y la sexualidad (Gary Becker), a la política (Gordon Tullock, James Buchanan), a la conducta humana y las operaciones psicológicas detrás de la toma de decisiones (Daniel Kahneman y Amos Tversky), etc.

Esto no significa que el análisis económico sea la herramienta infalible para examinar todos los problemas sociales. No afirmo esto. Recientemente, Michael Sandel —probablemente el filósofo viviente más reputado del mundo—hizo duras críticas a lo que él llama el “razonamiento del mercado” y cómo ha permeado hacia el análisis de las relaciones humanas y sociales.[4] Esta es una crítica válida que seguirá debatiéndose en el ámbito académico. Sin embargo, sí creo que en el caso específico del levantamiento de la prohibición de la importación de armas de fuego, un trabajo conjunto realizado por economistas, criminólogos y técnicos en econometría podría arrojar resultados y recomendaciones interesantes.

En el caso particular de la política pública anunciada, resulta curioso que no se han ofrecido detalles técnicos de por qué se adoptará la decisión de levantar la prohibición. Al menos en la información que se ha provisto en la prensa nacional no se indica la existencia de estudios ni de documentos de trabajo que demuestren la justificación detrás de la medida.

Otro punto interesante es que una de las aparentes justificaciones del gremio que el gobierno señala para levantar la prohibición es que “las armerías están quebrando”.[5] No quiero emitir juicios contra la comercialización de armas de fuego ¿Pero cuál es la prioridad que debe perseguir el Estado? ¿Promover la factibilidad financiera de las armerías? ¿Maximizar el bienestar de los consumidores de armas de fuego?

Esto podría señalar una peligrosa debilidad en la formulación y en el análisis de políticas públicas. Nuestros planificadores sociales podrían estar ordenando sus lineamientos sin un rumbo claro, especulando con sus funciones reglamentarias y utilizando a la sociedad dominicana como un laboratorio experimental.

Esta semana damos esta introducción respecto de la problemática y cómo el análisis económico podría ayudar a examinarla. En la próxima entrega profundizaremos un poco respecto de los principales argumentos y datos que han circulado en la prensa. Explicaré con mayor detalle cómo el análisis económico puede servir para diseñar una política óptima de control de armas. También presentaré otros estudios y opiniones de reputados institutos de pensamiento, abogados y sociólogos que han analizado el problema y han presentado diversas soluciones.


[1] “Aumentarán un 100% policías a partir de mayo”, El Caribe, 10 de abril de 2013. Disponible en la web: http://www.elcaribe.com.do/2013/04/10/policias-que-patrullan-recibiran-alza-salarial-100

[2] “La prohibición que alimentó el contrabando”, Diario Libre, 2 de abril de 2013. Disponible en la web: http://www.diariolibre.com/movil/noticias_det.php?id=377547

[3] “Núñez Collado dice se debe ponderar importación de armas”, Hoy, 4 de Abril de 2013. Disponible en la Web: http://www.hoy.com.do/el-pais/2013/4/4/474425/Nunez-Collado-dice-se-debe-ponderar-importacion-de-armas

[4] Ver Sandel, Michael. 2011. What Money Cant Buy. Farrar, Straus and Giroux, Nueva York.

[5]El mayor contrabando de armas no viene de Haití”, Diario Libre, 8 de abril de 2013. Disponible en: http://www.diariolibre.com/destacada/2013/04/08/i378287_mayor-contrabando-armas-viene-haiti.html

¿Tu primo se comporta como un fondo buitre?

buitre

El análisis económico del derecho es una herramienta poderosa para examinar cómo el comportamiento humano interactúa con los incentivos que las normas jurídicas crean. Quiero compartir una reflexión acerca de un problema muy común, con el cual estoy seguro que muchos lectores estarán familiarizados. Se trata de un problema que los economistas han llamado el “hold out problem” (en inglés) o el “problema de resistencia”. Aunque suene exótico, cuando lo explique a través de varios ejemplos creo que usted se identificará de inmediato con el tipo de situaciones que abarca.

Hace unos meses un tribunal de Nueva York falló un caso muy importante contra la República Argentina. Es un litigio de derecho de la insolvencia de muy alto perfil, llamado Elliott v. Argentina. Si usted recuerda la historia financiera reciente, Argentina cayó en impago de unas deudas que tenía. Rápidamente, reunió a todos los inversionistas de sus bonos soberanos y les pidió reestructurar. Esto simplemente significa, que les dijo que no les podía (¿quería?) repagar y que tendrían que (re)negociar (¿aceptar?) nuevos términos distintos y menos ventajosos (para los inversionistas) que los términos originales. Estos nuevos términos se materializaron con el intercambio de los bonos viejos por unos bonos nuevos.[1]

Al mismo tiempo que esto ocurría, algunos fondos de inversión, llamados a veces como “fondos buitre”, compraron cantidades de los bonos originales a “precio de vaca muerta” (hasta 20 centavos por cada dólar) con la supuesta finalidad de luego demandar el pago completo  y obtener grandes ganancias.

Muchos de los obligacionistas titulares de los bonos aceptaron los recortes y cambiaron sus bonos por los nuevos valores.  Estos desmoches implicaron grandes descuentos para cada inversionista de hasta 65 centavos por cada dólar de deuda que el país había tomado prestado. Sin embargo, algunos de los dueños de los bonos (incluyendo los fondos buitres) decidieron no aceptar el intercambio de bonos. Resistieron, o en buen dominicano, se “aguantaron” y demandaron a Argentina (un país soberano) ante un tribunal de New York. La sentencia a la que hice referencia marca un hito, porque el tribunal falló a favor de estos inversionistas que se habían “aguantado” y reivindicó su posición interpretando una cláusula sombría dentro de los contratos llamada la “cláusula de pari passu”.  (El analista financiero Felix Salmon explica el conflicto con muñecos, mejor que yo, aquí: http://blogs.reuters.com/felix-salmon/2012/12/02/elliott-vs-argentina-the-lego-version/)

Si todavía no se identifica, no se me duerma y siga conmigo. Déjeme explicarle mejor el alcance de este problema.

El problema de “hold out” o de resistencia (“aguante”, en buen dominicano) es más común de lo que parece. Ocurre en otras situaciones distintas a la que describí sobre bonos soberanos e inversionistas que resistieron estratégicamente.

Piense ahora en una desarrolladora de proyectos inmobiliarios que quiere construir una plaza comercial en Santo Domingo (algo que está de moda últimamente). Digamos que hay una parcela de tierra crucial que ella debe comprar para completar su proyecto. Pero ocurre que esta parcela es propiedad de los herederos del Señor Difunto. Algunos de los herederos están deseosos de vender los metros que le corresponden. Una tasación objetiva evalúa el metro cuadrado dentro de la parcela en Mil Pesos (DOP 1,000). La desarrolladora está dispuesto a pagar esta suma por metro cuadrado, y la mayoría de los herederos están felices de aceptar su oferta. Asumimos que los herederos no conocen los planes de construir una plaza comercial. Sólo saben que una ingeniera les quiere comprar sus derechos dentro de la parcela a un precio que resulta ventajoso para todos.

Ahora imaginemos que el secreto sale a la luz: los herederos se enteran de que en su parcela se construirá el próximo gran mall de Santo Domingo. La mayoría de los sucesores del Señor Difunto siguen indiferentes respecto de vender su parte. Sin embargo, hay un heredero rosca-izquierda que dice que él no vende. Que los metros que le corresponden dentro de la parcela valen mucho más que los DOP 1,000 por metro cuadrado a los que los otros están dispuestos a vender.

El heredero problemático afirma que cada metro cuadrado suyo vale DOP 5,000 pesos, y que por menos de esa suma, él no vende. Ahora imagínese que de todos los herederos del Señor Difunto, este es un nieto y que tiene tantos hermanos, tíos, primos y otros coherederos, que la cantidad de metros cuadrados de su propiedad dentro de la parcela es ínfima. Cada metro cuadrado dentro de la propiedad es exactamente igual, pero los suyos son más caros.

Sin embargo, ¡sin sus pocos metros cuadrados, la parcela sería inútil para la desarrolladora y el proyecto completo se caería! La plaza comercial no se construiría y los beneficios que hubiese generado (a la desarrolladora, a los herederos y a la sociedad en general) se perderían.

¿Le  parece  familiar este tipo de situación? Es  otro caso del mismo problema de resistencia o de aguante. El heredero problemático de nuestro ejemplo imaginario quería extraer para sí algunos de los beneficios proyectados de la plaza comercial.

En un ensayo destacado titulado “Holdouts and Free Riders” (1991), Lloyd Cohen analiza el problema del holdout para distinguirlo de otro problema económico parecido, llamado el “problema del polizón” o free rider problem (en inglés). La diferencia entre ambas situaciones es sutil y no parece tan relevante, pero con un modelo similar al que he trazado entre los herederos, Cohen los distingue de manera fenomenal. (De hecho, su modelo inspiró mi ejemplo)

El problema del polizón también es muy conocido por todos nosotros: ocurre cuando alguien aprovecha, o “se monta”, sin costo alguno, sobre los beneficios que la(s) actividad(es) de otros generan. El problema del polizón es cotidiano en la dominicanidad: el vecino que se conecta directamente de la luz del área común del edificio, la otra que se aprovecha de tu red inalámbrica de Internet, el estudiante que pide que inscriban su nombre en el trabajo de grupo, sin haber hecho nada, etc.

Pero ser un free rider o polizón es distinto a “aguantarse” para sacar provecho económico del beneficio futuro de otro. Cohen lo describe magistralmente, cuando dice que en el problema de aguante, hay dos monopolistas luchando cuerpo a cuerpo. Técnicamente, hay un monopolista (vendedor único) y un monopsonista (“comprador único”) en una lucha por extraer uno, y preservar el otro, los beneficios futuros que la actividad promete generar.  El heredero de nuestro ejemplo quiere aguantarse y no vender porque sabe que sus metros dentro de la parcela valen mucho para la desarrolladora.

¡Pero hay una advertencia! En el caso de los herederos del Señor Difunto, el heredero resistente debe tomar en cuenta que aunque él tiene poder de monopolio sobre su parcela, la desarrolladora tiene también igual poder respecto de su proyecto. Incluso, en algunas situaciones extremas, existen casos donde sólo un comprador tendría el interés o la capacidad financiera de adquirir unas parcelas contiguas para desarrollar un proyecto (por ejemplo, una parcela con salida a la playa, adyacente a un hotel grande).  Lo mismo ocurre en el caso de los bonos soberanos. Por esto tantos inversionistas decidieron aceptar los recortes de Argentina.

El problema de la resistencia también ocurre en otros ámbitos, como en las ventas de participaciones dentro del capital de una sociedad comercial. Por esto usted escucha que a menudo los socios dentro de una empresa firman pactos  entre sí, con algunas cláusulas que parecen extrañas, como una que obliga a cualquier socio a vender sus acciones o cuotas ante una oferta de un tercero, que otro(s) socio(s) acepten. Este “arrastre” es precisamente para evitar que algún socio (regularmente, minoritario) eche a perder una operación provechosa para los demás, utilizando tácticas de resistencia o de aguante estratégico con la finalidad de obtener un precio más alto por sus acciones o cuotas sociales en el futuro.

 

¿Qué es una SIFI?

 

La regulación financiera internacional está muy influenciada por entidades y foros no gubernamentales que emiten normas y estándares. Las principales jurisdicciones del mundo discuten y adoptan estas “normas blandas” o “soft laws”. Luego se convierten en normas con vocación de ser acogidas por todos los países, en base a una implementación voluntaria.

El Consejo de Estabilidad Financiera del G-20 (Financial Stability Board o “FSB”) es uno de estos organismos/foros fijadores de tendencias regulatorias. El FSB nace del  G-20 para coordinar el trabajo de las autoridades nacionales encargadas de la supervisión y regulación financiera. El FSB está conformado por los reguladores financieros nacionales de las principales jurisdicciones y también por comités de banqueros centrales, asociaciones de reguladores y por representantes de las entidades financieras más importantes del mundo.

En noviembre de 2011, el FSB emitió una lista inicial de 29 instituciones financieras consideradas de importancia sistémica (Systemically Important Financial Institutions, “SIFI” o “G-SIFI”). Estas SIFI son instituciones financieras (bancos, bancos de inversión) que “debido a su tamaño, su interconexión internacional o la complejidad de sus operaciones, de fallar, podrían causar problemas al sistema financiero y/o a la actividad económica mundial” (FSB, 2011). Esto significa que son instituciones descritas por el adagio “demasiado grande para…” (en inglés, “too-big-to…”), en todas sus modalidades.

El interés de regular estas SIFI es que con sus operaciones, tienen el potencial de producir efectos perjudiciales a nivel transfronterizo. Los economistas llaman estos efectos nocivos “externalidades negativas”. Imagínenos un banco x que capte depósitos en un país y que preste ese dinero mayormente en otros países distintos. Si la gente que tomó dinero prestado del banco no repaga sus préstamos y la institución experimenta una insolvencia, los depositantes que se verán afectados serán los de la primera jurisdicción. Pero también pueden existir otros bancos con depósitos dentro de la institución insolvente, que se verían afectados. Esto puede producir el “riesgo sistémico” o contagio, que se esparce rápidamente a través de todo el sistema financiero.

El ejemplo anterior se torna más complejo cuando imaginamos que nuestro banco x puede tener su sede en un país A, los depositantes pueden estar en una jurisdicción B, y los activos del banco (préstamos, valores negociables, etc.) pueden estar dispersos en muchos lugares del mundo. Las relaciones de nuestro banco hipotético con otros bancos pueden ser peligrosas para estas contrapartes, si la insolvencia repentina (o la falta de liquidez) dificultan que el banco x repague sus deudas a estas otras instituciones, produciendo un riesgo sistémico. 

La lista de las SIFI compilada por el FSB presente a los sospechosos habituales del mundo financiero global: Bank of America, JPMorgan, Barclays, Citigroup, HSBC, Goldman Sachs, entre otros. (La lista completa está disponible aquí:  http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111104bb.pdf).

Para recopilar este listado, el FSB trabajó de la mano con otro organismo fijador de tendencias regulatorias: el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (conocido por sus siglas en inglés como “BCBS”). En octubre de 2012, el BCBS también publicó un “Marco aplicable a los bancos de importancia sistémica a nivel local”.  Esto porque a pesar de que existen SIFI con importancia global, cada país tiene un grupo de instituciones financieras que tienen importancia sistémica a nivel local. Esto significa que son instituciones financieras cuyo fracaso podría irrumpir significativamente la actividad económica y la estabilidad financiera nacional. El BCBS los llama D-SIB (“Domestic systemically important banks”), para distinguirlos de las SIFI, a las que el BCBS llama G-SIB (la G de global).

En una próxima entrega discutiremos con más detalles en qué consisten algunos de estos principios para regular y supervisar a los bancos de importancia sistémica local (D-SIB).

Lecturas de Fin de Año

Estos días de fiestas se prestan para leer y reflexionar. A continuación compartiré la  lista de libros, reportes, ensayos y normas que estaré leyendo durante las próximas semanas de vacaciones:

  • The Greatest Trade Ever.” de Gregory Zuckerman. Cuenta la historia del administrador de fondos de capital de riesgo (hedge fund), John Paulson, y cómo apostó contra la crisis inmobiliaria para ganar 20 Billones de Dólares para su fondo.
  • The Failure of Corporate Law: Fundamental Flaws and Progressive Possibilities” de Kent Greenfield.
  • The Economic Structure of Corporate Law.” de F. Easterbrook y de Daniel Fischel.  Un clásico del análisis económico del derecho corporativo que pienso releer.
  • “The World in 2013” del semanario The Economist.
  • Nuevo Reglamento del Mercado de Valores de República Dominicana.  El nuevo Reglamento del Mercado de Valores merece ser estudiado con cuidado para analizar el impacto que tundra en la operación de los participantes del Mercado de valores dominicano.
  • “The Economic Approach to Law” de Thomas Miceli. Uno de los mejores textos de análisis económico del derecho. Presenta la mayoría de los principals modelos matemáticos divididos por temas.
  • El Reporte del Grupo de Expertos para la Reforma Estructural del Sector Bancario de la Unión Europea (“Liikanen Report”). Un reporte obligatorio para quienes estén interesados en el futuro estructural de la banca en la Unión Europea.
Advertisements