CORRUPCIÓN: DE MAL EN PEOR

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Los años de gobiernos morados han sido también los años dorados de la corrupción. Al menos esto sugiere el deterioro de la puntuación de la República Dominicana en el Índice de Percepción de Corrupción.

El pasado 23 de enero de 2020, la República Dominicana obtuvo su peor puntuación en los últimos años en el Índice de Percepción de Corrupción de 2019 (“CPI 2019”), publicado por la ONG Transparency International.

Transparency International publicó su versión más reciente del CPI. El CPI califica a las jurisdicciones del mundo en base a sus niveles observados de corrupción. Se llama índice de percepción de corrupción, porque se basa en las opiniones de expertos y empresarios, utilizando entre sus insumos varias fuentes elaboradas por alrededor de 12 reputadas instituciones.

El CPI 2019 califica a 180 países y territorios según sus niveles de corrupción en el sector público. Como las notas de la escuela, las calificaciones se basan en una escala de 0 a 100, donde 0 es altamente corrupto y una nota de 100 es muy limpio.

Reprobamos la materia

En el CPI 2019, la República Dominicana obtuvo su peor puntuación de los últimos 8 años: 28 puntos de un máximo de 100. La calificación de 2019 completa una espiral decadente de cuatro años consecutivos en la puntuación de la República Dominicana en comparación con el puntaje del año 2015.

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Fuente: Elaboración propia con datos de Transparency International

Como escribí hace dos años: “Imagínese un estudiante que obtenga una calificación de 28 puntos de 100 en un examen. Reprobaría la materia. Ciertamente, hemos reprobado la materia de transparencia y pulcritud en la función pública”.

A esto se suma que en el 2019 el país descendió ocho posiciones dentro del listado, pasando de la posición 129 en el CPI 2018, a ocupar la posición número 137 de 180 países evaluados en la versión más reciente.

Según los resultados del CPI, la República Dominicana sigue entre los 50 países con mayor percepción de corrupción en el mundo.

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Fuente: Elaboración propia con datos de Transparency International

Mientras que el continente americano, de 32 países evaluados, sólo hay cinco que tienen mayor percepción de corrupción que la República Dominicana: Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela.

La nota de República Dominicana – 28 puntos de 100 – está 15 puntos por debajo del promedio de la región, que es de 43 puntos de 100.

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Fuente: Transparency International

Ni el rubor público

Antes estos resultados, resuena la promesa incumplida de campaña del presidente Medina de que “cuándo el rumor público acuse a un funcionario, [el presidente] le pediría cuentas en un consejo de gobierno ampliado”.

Da la impresión de que durante estos ocho años de gobierno ni en los pasillos del Palacio Nacional ni en el Palacio de Justicia, se han escuchado los clamores de las denuncias públicas de corrupción.

Sin embargo, los rumores sí llegaron hasta Berlín, Alemania, que es donde tiene sede Transparency International. Ahora se esparcieron por todo el mundo con la publicación del CPI 2019.

Más allá del rumor público, ni siquiera el rubor público motivó al gobierno a actuar en contra la corrupción.

Condorcet explica la Penn-a del PLD

“Una primera observación que pudiera levantarse es que la estrategia del PLD-gobierno de minimizar mediáticamente el impacto de la división y tratar de impedir la candidatura del doctor Leonel Fernández no han sido correctas”.

Pedro Silverio, “Al fin una encuesta independiente” (17.01.2020)

Uno de los resultados más sorprendentes de la encuesta Mark Penn Stagwell publicada el pasado 15 de enero de 2020, es que en caso de que Leonel Fernández quede inhabilitado para presentarse a las elecciones presidenciales, el candidato presidencial Luis Abinader ganaría las votaciones cómodamente en primera vuelta, por encima del candidato del oficialismo, Gonzalo Castillo.

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Fuente: Imagen tomada de la Encuesta Mark Penn Stagwell

Parece contraintuitivo. De hecho, la estrategia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) luego de la división propiciada por el doctor Fernández y la Fuerza del Pueblo (LFP), ha sido de intentar cerrarle el paso a la candidatura de Leonel Fernández.

Esto va en línea con la opinión de varios expertos políticos que auguran que los votos fugados del PLD hacia LFP tienen vocación de retornar al PLD si Leonel Fernández queda inhabilitado como candidato.

El oficialismo padece del síndrome del miembro fantasma (phantom limb), común en los amputados, quienes continúan percibiendo los calambres de sus miembros cercenados.

La realidad es que los votos perdidos no se injertan tan fácilmente.

Tiro por la culata

La encuesta Mark Penn Stagwell sugiere que la estrategia perseguida por el oficialismo tendría consecuencias indeseadas y en sentido contrario para el PLD y su candidato presidencial, Gonzalo Castillo.

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Si se analizan los datos de la encuesta Mark Penn Stagwell, se aprecia que de los 19 puntos porcentuales que saca el expresidente Fernández, si se inhabilita su candidatura, Gonzalo Castillo del PLD apenas captaría 7 puntos porcentuales más. Es decir que el PLD recuperaría menos de un 40 % de la cuota de votos de LFP.

Mientras que Luis Abinader captaría 10 puntos porcentuales – más de la mitad de los votos de LFP – ayudándole a consolidar la victoria presidencial en una primera vuelta, con una proyección total de 53 % de los votos. Aún considerando el margen de error de la encuesta (3 %), Luis Abinader estaría muy cerca del umbral de la victoria en una primera vuelta electoral.

Esto revela que, a pesar de que pierden la presidencia en todos los escenarios planteados a la fecha, para el PLD unas elecciones con Leonel Fernández como candidato presidencial son menos malas que unas elecciones sin él. Pero a menudo las pasiones enlodan la estrategia.

¿Es racional esta estrategia del PLD? ¿Cómo es posible este resultado? ¿No se supone que si los votos de LFP salieron del PLD – la inhabilitación de Leonel Fernández implique que dichos votos se adhieran nuevamente al candidato del PLD?

El análisis económico de las decisiones públicas – llamada también teoría de la Elección Pública (Public Choice Theory) – explica estas interrogantes.

Resulta que quienes persiguen esta estrategia lo hacen bajo los efectos de una de las más antiguas falacias: una paradoja de votación o de Condorcet. La combinación de esta paradoja y del sesgo del optimismo que resulta de ostentar el poder son un coctel peligroso que llevan a muchos políticos a perseguir estrategias erróneas pensando que hacen lo correcto para su causa.

A continuación, explico en qué consiste esta paradoja, y por qué en algunos procesos electorales donde hay tres o más opciones, los grupos pueden tomar decisiones de manera diferente a como lo hacen los individuos que los componen.

Condorcet y las paradojas de votación

Las paradojas de votación fueron explicadas más de cien años antes de que surgiera la teoría de Elección Pública como campo de estudio contemporáneo. De hecho, se atribuye al Marqués de Condorcet, un noble francés, matemático y enciclopedista, su formulación inicial en 1785. Es decir, que las paradojas de votación no son nada nuevo.

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El Marqués de Condorcet

En palabras sencillas, la paradoja explica que cuando un electorado tiene tres o más opciones de votación – como ocurre en la primera vuelta de las elecciones presidenciales dominicanas a celebrarse el próximo mes de mayo de 2020 – las preferencias agregadas se vuelven intransitivas.

¿Qué significa esto de (in)transitividad, y con qué se come?

Simplemente es una de las formas como los economistas neoclásicos asumen que las personas manifiestan sus preferencias bajo el marco de la teoría de elección racional.

Por ejemplo, si un individuo prefiere un iPhone por encima de un teléfono Samsung, y prefiere un Samsung a un teléfono móvil Nokia, la transitividad implica que preferirá el iPhone por encima del móvil Nokia.

Es decir: A > B; B > C entonces A > C (aquí el signo de > significa “prefiere … sobre”).

La transitividad es uno de los supuestos básicos de la teoría neoclásica porque define los contornos de lo que implica la toma racional de decisiones.

La racionalidad no se pierde cuando se suman las preferencias de cada votante en una elección donde hay más de tres opciones. Sin embargo, si se puede perder la transitividad.

Eso es lo que explica el resultado revelado por la encuesta Penn. Aunque resulte paradójico y sorprendente, en política hay que evitar caer presa de las falacias de composición, ya que un todo no siempre es la suma de sus componentes.

Como a menudo afirma la sabiduría popular: en política dos más dos no siempre suman cuatro.

Pagar por diferir lo inevitable

La paradoja de Condorcet explica bastante bien por qué sacar a Leonel Fernández de la carrera electoral presidencial de mayo de 2020 ha sido una mala estrategia para el PLD.

No obstante, de los resultados de la encuesta Mark Penn Stagwell, la suerte del PLD está echada, proyectándose que perderán las elecciones presidenciales que se aproximan en todos los escenarios planteados.

El PLD debe elegir entre perder eficiente y elegantemente en una primera vuelta electoral – ahorrándole millones de pesos al país (incluyendo millones de pesos de búsqueda de renta para obtener votos), o tratar recalcitrantemente de avanzar a una segunda vuelta, dejándonos a todos con una enorme cuenta por pagar, sólo para diferir lo inevitable.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bancos centrales verdes

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¿Los bancos centrales deben contribuir con la preservación del medio ambiente?

Cuando uno piensa en las funciones de los bancos centrales, la preservación del medio ambiente no es la primera cosa que viene a la mente. El verde con el que uno tiende asociar a los bancos centrales es el color de ciertos billetes.

A pesar de que la relación no es inmediatamente obvia, varios organismos financieros internacionales – como el Fondo Monetario Internacional (FMI) – están interesados en cómo los bancos centrales pueden contribuir con luchar contra el climático.

Externalidades y cambio climático

La preocupación climática de los banqueros centrales radica en que la destrucción del medio ambiente produce consecuencias negativas. Los economistas le llaman “externalidades negativas” a estas consecuencias. Ocurren cuando hay países contaminantes que no asumen plenamente la consecuencia de su contaminación, sino que estos efectos negativos son asumidos por otros países en otras latitudes.

Cuando las consecuencias ambientales de algunos países se sienten en otros, estamos ante la presencia de externalidades negativas transfronterizas. Es decir, externalidades cuyos efectos se sienten a través de varios países.

Esto es relevante para la República Dominicana.

Según el estudio “El turismo dominicano: un mar de oportunidades”, elaborado por la firma de consultoría Analytica, bajo el auspicio del Grupo Popular y de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES), el sector hoteles, bares y restaurantes representaba aproximadamente el “8 % del producto interno bruto (PIB) de la República Dominicana” en el año 2015 y aproximadamente, el “8.6 % del valor agregado al tercer trimestre 2016”.

No obstante, se estima que los beneficios del turismo son más amplios, salpicando también otras áreas.

Como resalta el Informe de la Economía Dominicana (enero-septiembre 2019), durante 2019, fuimos testigos de la fragilidad del sector turístico con la “caída en el influjo de turistas por el efecto que causó la cobertura de noticias negativas propagada por medios de prensa externos, relacionadas a eventos lamentables ocurridos a extranjeros mientras vacacionaban en el país durante la primera mitad del año”.

Ni mencionar entonces que descuidar el medioambiente y no luchar para preservar nuestros recursos naturales que son esenciales para el sector turístico – y para el disfrute de todos los dominicanos –, puede tener consecuencias sobre la estabilidad financiera del país.

Esto sin considerar que producto de las externalidades negativas transfronterizas, podemos estar cumpliendo con nuestra responsabilidad medioambiental, mientras otros países contaminan los océanos y mares, dejando nuestras playas llenas de plástico, basura o sargazo.

Además, la República Dominicana está expuesta a sufrir “en primera fila” las consecuencias de las tormentas, los huracanes y otros desastres naturales. Estos fenómenos son shocks disruptivos que desestabilizan la macroeconomía y entorpecen su desenvolvimiento óptimo. Si efectivamente el cambio climático exacerba y magnifica los desastres naturales habrá que tomar mayores medidas.

Sin mencionar que históricamente hemos sido económicamente vulnerables frente a los desastres naturales, por falta de recursos de contingencia para enfrentar emergencias climáticas.

¿Qué pueden hacer los bancos centrales para colaborar?

Así como los agentes económicos privados han tomado acciones para redefinir los proyectos que desarrollan con el sello de “finanzas verdes” e “inversiones de impacto”, los bancos centrales también pueden poner de su parte para guiar la economía hacia un futuro verde.

El FMI considera que muchos bancos centrales ya toman variables climáticas como parte de sus modelos económicos. Además, a través de los instrumentos de política monetaria, los bancos centrales podrían incentivar que los agentes económicos y los intermediarios financieros sustituyan activos grises por activos verdes de iguales características.

Los bancos centrales que han adoptado políticas no convencionales – como los programas de expansión cuantitativa, podrían otorgar condiciones favorables para los bonos verdes, por ejemplo. También en la regulación prudencial se podría darle un tratamiento más favorable a los activos que tengan componentes de sostenibilidad ambiental.

Con esto no digo que se deben beneficiar activos chatarras simplemente porque tengan el sello verde. Pero eventualmente, llegará la época en que los propios intermediarios financieros privados deberán ponderar el impacto ambiental de los proyectos al momento de financiarlos por las potenciales externalidades negativas que generan, con la finalidad de que no vean su reputación afectada.

¿Qué dice la Constitución al respecto?

Según el artículo 228 de la Constitución dominicana, el Banco Central de la República Dominicana tiene por “objeto velar por la estabilidad de precios”. Esto significa que la lucha contra la inflación debe ser su principal meta.

No obstante, esto no excluye que puedan adoptarse otras metas secundarias – sin perjudicar la estabilidad de precios – como: luchar contra la inestabilidad financiera (riesgo sistémico), velar por la estabilidad macro-prudencial, políticas a favor del desarrollo de viviendas, entre otras.

De igual forma, el régimen monetario y financiero de la nación no opera en un vacío. Sino que debe interpretarse contra el relieve de los principios rectores enunciados por la propia Constitución.

Como dice el artículo 217 de la Constitución, el régimen económico se “fundamenta en el crecimiento económico, la redistribución de la riqueza, la justicia social, la equidad, la cohesión social y territorial y la sostenibilidad ambiental, en un marco de libre competencia, igualdad de oportunidades, responsabilidad social, participación y solidaridad”.

Por lo que es evidente que todas estas variables – incluida la variable de sostenibilidad ambiental – de alguna forma son parte de la función de utilidad que deben optimizar nuestros hacedores de políticas públicas.

Ciertamente, estamos en la antesala de la banca central verde.