SANTIAGO OESTE, SIN NORTE

adult background ball shaped blur
Photo by Pixabay on Pexels.com

El 28 de diciembre de 2018, se promulgó como regalo de fin de año la Ley núm. 65-18 que crea el distrito municipal Santiago Oeste.

Desde la perspectiva de la Teoría de Elección Pública (Public Choice Theory), que aplica el análisis económico a la toma de decisiones políticas, la creación del municipio de Santiago Oeste no debe sorprender en lo absoluto. Es un resultado completamente racional de políticos que buscan maximizar rentas.

Quedando a opción de los políticos, el territorio nacional se fraccionaría en diez millones de pedazos – para poder sortearlos entre prosélitos y electores.

La Teoría de Elección Pública estudia los curiosos casos de competencia improductiva o destructiva (F. Parisi, The Language of Law and Economics, 2013). También llamadabúsqueda de rentas, por la economista Anne O. Krueger, estos son emprendimientos improductivos donde se disipan recursos – pero donde no se crea nada de valor social. De hecho, se destruye valor, porque se dedican recursos para aumentar el tamaño o la probabilidad de ganarse un botín (renta).

Ocurren también fuera del ámbito político, por ejemplo, entre carteles de droga que se disputan “plazas” – o entre abogados litigantes que han optado por un buen pleito en vez de una mala transacción.

La Teoría de Public Choiceestuvo relacionada con el análisis Económico del Derecho, pero tomó su propio rumbo distintivo. Se asocia con la llamada Escuela de Virginia, y con autores como James M. Buchanan (Nobel 1986), Gordon Tullock, y el escocés Duncan Black.

Analizado desde la óptica del Public Choice, la creación del distrito municipal Santiago Oeste es un ejercicio clásico de búsqueda de rentas.

Parte del problema radica en que el artículo 93 (b) de la Constitución asigna al Congreso Nacional la atribución de: “Crear, modificar o suprimir regiones, provincias, municipios, distritos municipales, secciones y parajes y determinar todo lo concerniente a sus límites y organización, por el procedimiento regulado en esta Constitución y previo estudio que demuestre la conveniencia política, social y económica justificativa de la modificación” (subrayado añadido)

Esta atribución equivale a poner al lobo a cuidar de las ovejas. Por tanto, no debe sorprendernos que los congresistas y gobernantes fraccionen y atomicen cada vez más el territorio para sacar cargos electivos que se puedan repartir – y que no generen valor social alguno.

No está claro si hubo un estudio previo en el caso de la creación de Santiago Oeste. Pero tampoco es difícil justificar la conveniencia política de crear nuevos cargos electivos para repartición.

Ni siquiera se tomó en cuenta que, en los próximos meses, el país enfrentará los procesos preelectoral y electoral más costosos y complejos de su historia.

Hay que limitar y ponerle contrapesos al poder político. No se puede seguir fraccionando el territorio para satisfacer compete

CÁLCULO DEL CONSENSO EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

brown wooden gavel close up photography
Photo by rawpixel.com on Pexels.com

Durante la entrevista del Consejo Nacional de la Magistratura (“CNM”) al profesor y constitucionalista, Cristóbal Rodríguez, el consejero Magistrado Fran Soto le preguntó si había espacio de mejora respecto del régimen constitucional vigente.

El profesor Rodríguez aprovechó para resaltar que la mayoría requerida para toma de decisiones del Tribunal Constitucional (“TCRD”) es un obstáculo para su efectividad como órgano jurisdiccional. Según Cristóbal Rodríguez, esta regla “genera dificultad para generar consensos” requeridos para tomar decisiones – particularmente, decisiones controversiales o trascendentes.

El artículo 186 de la Constitución Dominicana establece que: “[e]l Tribunal Constitucional estará integrado por trece miembros y sus decisiones se adoptarán con una mayoría calificada de nueve o más de sus miembros”.

Por su parte, el artículo 27 de la Ley núm. 137-11, añade que el TCRD: “delibera válidamente con la presencia de nueve miembros y decide por mayoría de nueve, o más votos conformes.”

De esto se desprenden dos elementos a tomar en cuenta: 1) el cuórum necesario para deliberar válidamente; y (2) la mayoría requerida para tomar decisiones. En el caso del TCRD, el umbral para ambos aspectos es de 9 jueces, de una matrícula total de 13 jueces.

Esto implica que la toma de decisiones en el TCRD conlleva altos costos de transacción (costos de decisión) si se compara otras altas cortes y órganos jurisdiccionales.

Para que el TCRD sesione válidamente deben estar presentes 9 jueces de un total de 13. Es decir, el 69.2% de su matrícula (más de 2/3 partes, como señaló Cristóbal Rodríguez en su exposición).

Pero aún reuniendo el cuórum mínimo de 9 jueces, se requiere la unanimidad (100%) para tomar una decisión. Es decir, que 9 jueces del TCRD se pueden reunir para deliberar, pero concluir la reunión sin adoptar una decisión. Esto puede llevar algunos expedientes a puntos muertos. También desperdicia valioso tiempo de los magistrados, secretarios y letrados.

Todo esto implica un alto costo de toma de decisiones. En la medida en que participan más jueces en una deliberación del pleno del TCRD, el porcentaje requerido para tomar una decisión se va diluyendo, pero nunca desciende por debajo del 69.2% – 9 jueces – que sirve de piso duro constitucional para decidir válidamente.

La toma de decisiones es menos gravosa en otros órganos deliberativos. Por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia (“SCJ”), que cuenta con una matrícula de 16 jueces con funciones jurisdiccionales (excluyendo una jueza que tiene funciones dentro del Consejo del Poder Judicial), las reuniones del pleno y de las cámaras reunidas requieren de 12 jueces para deliberar válidamente. Esto es, 75% o ¾ partes de la matrícula.

Gráfica 1– Toma de Decisiones en las Altas Cortes

Picture1

A pesar de ser un cuórum más elevado para deliberar válidamente (3/4 partes de la matrícula) que el requerido para las decisiones del TCRD, una vez alcanzado este cuórum, se pueden tomar decisiones con la mayoría simple – o hasta con la mitad de los presentes (50%), es decir, 6 de un mínimo de 12 jueces – en los casos en que el presidente de la SCJ ejerce la prerrogativa de desempate.

Esto porque la regla en el pleno de la SCJ es que las decisiones se toman por mayoría de los presentes para deliberar válidamente, y en los casos de empate (i.e. reuniones con 12, 14 o 16 jueces deliberando), del voto del presidente de la SCJ vale por dos.

El resultado, como se aprecia en la Gráfica 1, es que en la SCJ (pleno y cámaras reunidas), aunque se requiere de la presencia de un mayor número de jueces para deliberar válidamente que en el TCRD (12 en vez de 9), las decisiones requieren de un menor porcentaje de jueces concurrentes (hasta 50% en algunos casos señalados). Esto implica menores costos para tomar decisiones, y se puede argumentar que incide positivamente en aliviar la carga de trabajo, reducir los cuellos de botella y mejorar la tasa de resolución de estos órganos jurisdiccionales.

En las vistas públicas del CNM la crítica a la regla ha sido señalada, y se han dilucidado algunas posibles soluciones. Una, por ejemplo, es dividir el TCRD en salas – lo cual como se ha indicado, abre la posibilidad de criterios heterogéneos y hasta contradictorios entre salas.

Otra solución posible sería recalibrar los criterios antes mencionados de: 1) cuórum necesario para deliberar válidamente; y (2) mayoría requerida para tomar decisiones.

Por ejemplo, aumentar y constitucionalizar el cuórum necesario para deliberar válidamente de 9 a 10 (de 13 jueces) lleva el umbral actual de 69.23% hasta 76.92% – más en línea con las ¾ partes de la matrícula requerida en el caso de otras altas cortes, como la SCJ.

Esto garantiza que una mayoría calificada de jueces estén presentes para poder deliberar válidamente.

Mientras que reducir la mayoría requerida para tomar decisiones, de 9 a 8 – o hasta 7 jueces, implicaría una reducción del porcentaje requerido para decidir, una vez el cuórum para deliberar se haya reunido.

Recalibrar estos factores podría incidir positivamente en la tasa de resolución del TCRD y la reducción de la tasa de congestión del TCRD.

 

 

 

 

Datos sobre los Candidatos Preseleccionados por el CNM 2018

juecessalaaugustascj_0

 

El Consejo Nacional de la Magistratura (“CNM”) está evaluando a 47 candidatos preseleccionados para completar cuatro vacantes en el Tribunal Constitucional de la República Dominicana (“TCRD”).

Los cuatro jueces del TCRD que cumplieron su período de designación son: Leyda Margarita Piña, Víctor Gómez Bergés, Jottin Cury e Ildelfonso Reyes. Víctor Gómez Bergés además sobrepasó la edad límite de retiro de 75 años.

Este escrito resume algunos datos sobre los candidatos preseleccionados, para informar el debate y el proceso de audiencias públicas que inicia a partir del próximo 5 de diciembre de 2018. Los datos tabulados se extraen de los expedientes de los candidatos, publicados en la página web del CNM.

Muchos postulados, pocos escogidos

¿Cuántos candidatos se postularon y cuántos fueron preseleccionados? En total, el CNM recibió 115 postulaciones. 67 postulados fueron filtrados durante la preselección (aprox. 58% de los postulados). Mientras que 1 candidato se retiró voluntariamente. Los 47 candidatos restantes (aprox. 41%) fueron preseleccionados. La Gráfica 1 ilustra estos datos.

Gráfica 1

1

 

El aspecto más debatido sobre la preselección es la falta de motivación por parte del CNM para sus decisiones. Algunos analistas consideran que el CNM debe motivar sus decisiones. La falta de transparencia y de motivación suscita críticas respecto del debido proceso.

Continuar admitiendo la falta de motivación y discrecionalidad del CNM resulta más problemático cuando se trata de evaluación de los jueces existentes. Ya existe un precedente donde se destituyó un juez de la Suprema Corte de Justicia sin una debida motivación. Este tipo de accionar podría repetirse en el futuro, utilizando la destitución como represalia en contra de jueces que preservan su independencia ante las manipulaciones del poder político.

Cortes de hombres

Entre los 47 candidatos preseleccionados, 31 candidatos son hombres (aprox. 66%), mientras que 16 son mujeres (aprox. 34%). Esto implica que, por cada tres candidatos preseleccionados, sólo hay una mujer. Dicho de otra forma, que por cada candidata preseleccionada hay dos candidatos.

Gráfica 2

2

Entre los 13 jueces actuales del TCRD, hay 3 magistradas (23%). Mientras que de los cuatros jueces salientes, una es mujer (25%). El CNM tiene una oportunidad para nombrar más juezas en el TCRD.

Edades

Las edades de los candidatos preseleccionados oscilan entre 36 y 70 años. La edad mínima constitucionalmente establecida es de 35 años. Mientras que la edad de retiro es de 75 años. El 36.17% de los candidatos preseleccionados tiene entre 53.6 y 62.4 años. Mientras que un 25.53% – 12 candidatos – tiene entre 44.8 y 53.6 años. La Grafica 3 presenta un histograma resumiendo la distribución.

La edad promedio de los candidatos es de 53,21 años, mientras que la edad mediana es 54 años.

Gráfica 3

3

 

Perfil Profesional

Uno de los debates más difundidos sobre el perfil de los candidatos gira en torno a la idoneidad de contar con jueces de carrera como parte de las altas cortes.

Se ha escrito bastante al respecto, y este resumen estadístico no es el lugar apropiado para desarrollar los argumentos esbozados a favor o en contra.

Un análisis estadístico del perfil profesional de los 47 candidatos preseleccionados permite apreciar que 16 candidatos (aprox. 34%) son abogados o académicos en ejercicio. Mientras que 20 candidatos son jueces de carrera (43%). Los 11 candidatos restantes (aprox. 23%) son lo que he llamado servidores institucionales, como explico a continuación.

Gráfica 4

4

Se puede apreciar que los jueces de carrera constituyen el principal grupo de candidatos preseleccionados (43%). Algunos candidatos son conocidos ya – puesto que han sido entrevistados en vistas públicas de pasadas convocatorias del CNM.

De los 20 candidatos que son jueces de carrera, 15 (75%) tienen el rango de juez de corte de apelación. Esto me parece revelador, porque podría sugerir que como existe una movilidad vertical esclerótica dentro de los escalafones del Poder Judicial, los jueces de cortes de apelación buscan oportunidades de ascenso en otras altas cortes.

Los 5 jueces aspirantes restantes (25% de los jueces), son jueces de tribunales de primera instancia.

Esta clasificación sólo incluye a los jueces de carrera que actualmente están en ejercicio activo. Algunos candidatos que actualmente son abogados han servido como jueces en el pasado, pero no fueron incluidos como tales en este análisis.

Gráfica 5

5

 

Los 11 candidatos preseleccionados que llamo “servidores institucionales”, provienen de diversas instituciones, incluyendo: 3 candidatos empleados en el TCRD (dos letrados y el actual secretario), una candidata del Poder Judicial (Directora de Políticas Públicas), una candidata de la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP), una candidata del Defensor del Pueblo, un Exjuez suplemente del Tribunal Superior Electoral (TSE), y 4 miembros del Ministerio Público.

Gráfica 6

6

Perfil Académico

El perfil académico de los candidatos también es interesante. El estudio de los expedientes revela muchos candidatos con una preparación académica sólida.

¿En cuáles universidades obtuvieron su primer grado de estudios jurídicos los candidatos preseleccionados? 15 candidatos (32%) estudiaron en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). 8 candidatos (17%) son egresados de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Igual cantidad estudiaron en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). 6 candidatos (13%) estudiaron en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA). Los 10 candidatos restantes (21%) son egresados de diversas universidades.

Gráfica 7

7

40 de los 47 candidatos preseleccionados (85%) tienen estudios especializados en Derecho Constitucional (definidos aquí como estudios de maestría o postgrado). Este punto debe interpretarse cuidadosamente, porque algunos candidatos que no tienen estudios especializados podrían tener vasta experiencia impartiendo docencia, enseñando, escribiendo libros y artículos, y adjudicando en materia constitucional.

Gráfica 8

8

Si se analiza el máximo grado académico de los candidatos, 38 (80.85%) tienen una o más maestrías. Mientras que 3 candidatos están en proceso de obtener sus doctorados (otros más han completado diplomas de estudios avanzados que habilitan para realizar doctorados). Cinco candidatos (10.63%) han obtenido doctorados (esto no incluye a los candidatos que obtuvieron su título de grado en la UASD, bajo el nombre de Doctor en Derecho).

Gráfica 9

9

Finalmente, 35 de los 47 candidatos (74%) tienen alguna afiliación académica activa, como ilustra la Gráfica 10.

Gráfica 10

10

Este resumen estadístico tiene por objetivo compartir algunos datos sobre los 47 candidatos preseleccionados para suplir cuatro vacantes en el TCRD. Las variables presentadas son diversas – algunas pueden interpretarse de distintas maneras. Otras no son necesariamente determinantes para invalidar a uno que otro candidato. Sin embargo, ofrecen algunos puntos para discusión de cara a las vistas públicas que inician a partir del próximo 5 de diciembre de 2018.