Pocas leyes dominicanas han generado tanta resistencia como la Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo núm. 155-17 (la “Ley PLAFT”).

La Ley PLAFT y su marco normativo no habían bien entrado en vigencia, cuando ya se le atribuía haber ralentizado la economía dominicana durante el año 2017. Otros argumentan erróneamente que es una “ley de chantaje” impuesta por EE.UU., ignorando que los principios que consagra la ley han sido desarrollados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), conformado por los países del G20, 15 otras jurisdicciones y 2 organizaciones internacionales.

Pero hay otros factores que los opositores de la Ley antilavado no han tomado en cuenta: y es lo caro que le sale al país – su sistema financiero y para todos los dominicanos – no tener un marco normativo conforme con los principios de PLAFT promovidos por el GAFI.

El costo al que me refiero va más allá de que nos agarrarán asando (¿o lavando?) batatas durante la visita de evaluación que tuvo el país por parte de la GAFILAT, durante enero de 2018. Mucho más está en riesgo que salir mal parados en una evaluación, o caer en una lista gris o negra.

Me refiero a la posibilidad de que entidades de intermediación financieras – bancos y otros sujetos obligados del sector financiero dominicano, puedan ser multados y hasta declarados como empresas dedicadas al lavado de activos y/o al financiamiento del terrorismo en otras jurisdicciones. Esto podría tener implicaciones sistémicas contra la estabilidad financiera.

Para muestra, aquí va un botón.

EL CASO DE ABLV

ABLV es un banco de Letonia – un país báltico con 1.96 millones de habitantes. Para 2016, Letonia tenía un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita que duplicaba el de la República Dominicana. Además, es un país miembro de la Unión Europea (mayo 2004), donde circula el Euro desde enero de 2014.

ABLV era el tercer banco más grande de Letonia (medido por activos). Esto lo convertía en un banco de importancia sistémica bajo supervisión directa del Banco Central Europeo.

El pasado 13 de febrero, el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los EE.UU. declaró al ABLV como un banco extranjero de interés primario de lavado de dinero. FinCEN considera que ABLV había “institucionalizado el lavado de activos como pilar de sus negocios”.

Las acusaciones contra el ABLV incluyen: amplia comercialización con algunos conocidos proveedores de misiles balísticos a Corea del Norte (un país sancionado), así como haber lavado miles de millones de dólares de personas expuestas políticamente (PEP) y empresas de fachada. También se le acusa de permitir que a través de sus cuentas se realizaran transacciones ilícitas que involucran a Rusia, Ucrania y Azerbaiyán.

Suena como un banco criminal. Pero, ¿cuáles son las consecuencias?

Cuando FinCEN declara un banco extranjero como un negocio eminentemente de lavado de activos, es como diagnosticarlo como un leproso bancario internacional (valga el guiño a Argentarium – Alejandro Fernández W., quien acuñó el término) o como un banco zombi: un muerto-en-vida.

Lo primero que ocurre es que se prohíbe a los bancos estadounidenses mantener relaciones de corresponsalía bancaria con estos bancos zombis extranjeros.

Automáticamente, estas instituciones quedan excluidas de la liquidación y compensación de pagos internacionales en dólares (USD) a través del sistema financiero de los EE.UU.

Esta es la primera complicación. Esto podría afectar el correcto funcionamiento del sistema de pagos de un país – pero también afecta a los clientes de estos bancos, y a los clientes de sus clientes, cuyos pagos y transacciones en dólares (USD) quedan suspendidas.

El riesgo de contagio se extiende, y los bancos de otras jurisdicciones prominentes también aíslan aún más al banco señalado. Esto desata una reacción en cadena – porque ningún banco quiere contagiarse por asociación, arriesgando perder la facultad de compensar y liquidar dólares (USD). Esta es la segunda complicación, porque las operaciones del banco acusado se van esclerotizando.

Las consecuencias no terminan con el aislamiento. En algunos casos, también se imponen multas a los bancos sancionados – que incluso pueden eliminar de un golpe la solvencia del banco. Es decir, que el banco puede pasar a tener un valor negativo – imposibilitando pagar las obligaciones adeudadas a sus acreedores que incluyen a depositantes, obligacionistas, reguladores, etc.

Sólo hay que recordar las multas de HSBC por USD 1.9 mil millones (2012), y de BNP Paribas de USD 8.9 mil millones (2014). Estas son cantidades enormes que sobrepasan el capital de muchos bancos domésticos que tienen importancia sistémica.

Otro efecto secundario de la declaratoria de lepra es que puede generar una “corrida bancaria”. Esto fue lo que ocurrió con ABLV. Tan pronto se enteraron de la noticia, los letones comenzaron a retirar sus depósitos. A sacar su dinero huyendo, para no correr el riesgo de “perderlo”.

Esto empeora la situación del zombi. Como el sistema bancario moderno está basado en el principio de reserva fraccionaria, si una parte considerable de los depositantes retiran su dinero al mismo tiempo se acelera la quiebra de una institución. Esto es lo que se conoce como una corrida bancaria – literalmente, ir corriendo a la sucursal del banco para hacer fila y retirar rápidamente los depósitos.

Las corridas generan una espiral de retiros, que sólo desangran la liquidez del banco moribundo.

Cuando se trata de un banco de importancia sistémica doméstica o internacional, todo lo anterior puede devenir en un salvamento con fondos públicos – o hasta en una crisis sistémica que repercute con su efecto dominó sobre todo el sistema financiero y la economía real.

En el caso de ABLV, el Banco Central Europeo – su supervisor directo – ordenó la suspensión de sus pagos el 19 de febrero de 2018, exacerbando la situación del banco moribundo. No hubo salvamento.

El resultado fue una muerte agonizante, pero segura. Con una reputación destruida y con los pagos suspendidos, los propietarios de ABLV decidieron liquidarlo voluntariamente. Esto a pesar de que, según ellos, el banco tenía suficiente solvencia y liquidez como para responder a todos sus compromisos.

Esto puso fin a la agonía – pero sin antes destruir muchísimo valor, porque se pierden activos, la marca, empleos, relaciones, etc.

Un banco con 25 años de operación que murió en apenas 10 días.

Esto puede pasarle a cualquier banco del mundo – que tenga controles pobres de PLAFT. Todavía resuena el caso del Lebanese Canadian Bank SAL, un banco libanés, declarado empresa de lavado en el 2011. El caso de ABLV es curioso porque operaba en el mercado común europeo bajo las obligaciones normativas de la Cuarta Directiva europea de prevención del blanqueo de capitales  – uno de los marcos más actualizados del mundo, y bajo la supervisión directa del Banco Central Europeo.

Está de más decir que las entidades financieras dominicanas no están exentas de correr la misma suerte, si no se cuidan, y cumplen con las más altas normas y principios, tal y cómo se consagran en la Ley PLAFT.

Quienes están pataleando contra de la Ley PLAFT deben tener esto en cuenta.

El sistema normativo e institucional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo tiene dientes… y muerde.