El conglomerado brasileño de construcción Odebrecht S.A., admitió ante las autoridades de los EE.UU. que obtenía obras públicas sobornando a oficiales gubernamentales en distintas partes del mundo. Odebrecht reconoció haber pagado al menos USD $788 millones por concepto de sobornos relacionados con más de 100 proyectos de construcción en doce países – incluyendo: Angola, Argentina, Brasil, Perú, Venezuela, Colombia, Panamá y la República Dominicana (<https://www.justice.gov/opa/press-release/file/919911/download&gt;).

Según la propia confesión de Odebrecth, tan solo en la República Dominicana pagó al menos USD 92 millones entre 2001 y 2014. Estos sobornos generaron beneficios para ODEBRECHT por más de USD 163 millones (Ver DOJ – Odebrecht Information).

El caso de corrupción de ODEBRECHT es el segundo – en un período de apenas tres meses – donde las autoridades de los EE.UU. develan corrupción sistémica que involucra a una multinacional brasileña con oficiales de la República Dominicana. El otro caso, de la empresa EMBRAER S.A., donde dicha firma reconoció ante el Departamento de Justicia (DOJ) el pago de sobornos a oficiales dominicanos para obtener un contrato de compra de aviones Súper Tucano por el monto de USD $96.4 millones.

Otros casos domésticos de mucha notoriedad, como los casos de la OISOE, pusieron en evidencia las debilidades del sistema penal dominicano para enfrentar efectivamente la corrupción administrativa de alto nivel.

Esto necesariamente lleva a uno a preguntarse: ¿Es posible lavar más de USD 92 millones de dólares sin que una fracción de ese monto haya pasado por el sistema financiero dominicano? Y como pregunta relacionada: ¿cuáles son las potenciales implicaciones de estos casos para las entidades de intermediación financiera (EIF) y para los participantes del mercado de valores?

Este breve artículo argumenta que el manejo de clientes de alto riesgo – principalmente, de las personas expuestas políticamente (“PEP”) y de sus familiares y relacionados – constituye un reto importante para las entidades de intermediación financiera dominicanas y para los participantes del mercado de valores. Casos de alto perfil, como los de ODEBRECHT y EMBRAER, repercuten negativamente sobre el sistema financiero dominicano, desmejorando la reputación y la percepción de riesgo de delitos financieros del país.

Los intermediarios financieros y los participantes del mercado de valores deben reforzar sus políticas de prevención de lavado de dinero – acentuando mayormente el manejo de clientes de alto riesgo, como los PEP, y los familiares y asociados de PEP.

Las consecuencias de no robustecer estas políticas podrían implicar un rango de penalidades, que van desde un mayor escrutinio de las relaciones de corresponsalía de los bancos dominicanos con los bancos de los EE.UU., hasta la posibilidad de eventualmente ser declarados entidades (o hasta jurisdicción) dedicada al lavado de dinero (primary Money laundering concern), perdiendo la posibilidad de mantener relaciones de corresponsalía con bancos de los EE.UU., o excluyendo a ciertos bancos dominicanos de compensar y liquidar pagos en dólares (USD).

“Despepar” la cartera

los casos de soborno como ODEBRECHT y EMBRAER (Super Tucano) – y otros casos domésticos, como OISOE – ponen en evidencia potenciales brechas en la prevención y combate del lavado de dinero dentro del sistema financiero dominicano. Estas brechas están asociadas con la falta de controles efectivos de debida diligencia (CDD) y el manejo inadecuado de clientes de alto riesgo y beneficiarios finales – incluyendo a las personas expuestas políticamente o “PEP”.

Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (“GAFI” o “FATF”, por sus siglas en inglés) las PEP son “individuos que son o fueron confiados con una función pública prominente”. El artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción define a los PEP como “personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas prominentes y (…) sus familiares y estrechos colaboradores”.

Dada la posición o el ámbito de influencia de los PEP, estos pueden presentar un mayor riesgo de lavado de dinero (corrupción, soborno, etc.) y financiamiento del terrorismo que un cliente ordinario. Los PEP requieren de una debida diligencia (CDD) y de un monitoreo continuo mucho más riguroso que un cliente cualquiera. GAFI reconoce esto a través de sus Recomendaciones 10, 12 y 22 (de sus 40 Recomendaciones, actualizadas en octubre de 2016).

En los casos de EMBRAER y de ODEBRECHT, es altamente probable que parte del dinero asociado con los sobornos haya pasado por el sistema financiero dominicano. Peor aún, hay varios precedentes de EIF que prestan sumas exorbitantes a PEP y a sus relacionados, y que además le brindan servicios financieros sin un análisis adecuado de su fuente de riqueza. Esto denotaría la falta de controles creíbles, robustos y efectivos para lidiar con clientes de alto riesgo, particularmente con los PEP, sus familiares y asociados. En otras palabras, las EIF y los participantes del mercado de valores podrían tener controles y políticas deficientes para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

Mientras que históricamente, algunos bancos domésticos se apresuraban por financiar a los PEP (incluyendo a sus empresas) y a contratistas de obras del Estado, las potenciales repercusiones negativas –tanto reputacionales, como regulatorias – van en aumento. Es posible que esto lleve a muchas EIF a calibrar el tipo de cliente al que aspiran, motivándolas a sanear sus carteras de crédito y remediar clientes que están fuera de su apetito de riesgo. Por supuesto, el riesgo es más agudo para aquellos bancos propiedad del Estado que tienen cuentas abiertas para funcionarios y servidores públicos. El objetivo no es discriminar a los PEP, ni negarles el servicio, sino monitorearlos adecuadamente utilizando un marco de gestión de riesgos adecuado.

No cambiar estas prácticas podría tener serias repercusiones para todo el sistema financiero dominicano, como se explica a continuación.

Corresponsales co-reponsables

 La verdad incómoda que hay que enfrentar es que si los controles de gestión de riesgo en el sistema financiero dominicano evidencian ser insuficientes, habrán consecuencias severas. Esto va de la mano con una demostrada inhabilidad del sistema penal de procesar efectivamente casos de corrupción y lavado de activos. Casos emblemáticos, como el de ODEBRECHT y el de EMBRAER, son apenas la punta del iceberg, y han salido a la palestra por el hecho de ser perseguidos por EE.UU. Sin embargo, muchos casos domésticos de corrupción y de lavado de activos pasan inadvertidos o quedan impunes.

Por ejemplo, entre enero y junio de 2016, el Ministerio Público apenas persiguió seis casos de lavado de activos. Una cifra curiosamente reducida – considerando la incidencia de infracciones conexas al lavado de activos que se judicializan anualmente.

EE.UU. seguirá valiéndose de la amplia extraterritorialidad que se atribuye en base a sus propias leyes, para continuar extendiendo su “brazo largo” para perseguir la corrupción transnacional.

También aumentará el riesgo de sanciones y de puniciones emblemáticas a políticos y entidades financieras dominicanas. Si el sistema es incapaz de demostrar que funciona correctamente, los EE.UU. seguirá actuando para resaltar las debilidades institucionales existentes.

Ejercer presión sobre las relaciones de corresponsalía es el punto de inicio natural para los EE.UU. incentivar el cumplimiento “en cascada”. Pero existen otras medidas más drásticas, que podrían eventualmente ver a ciertas entidades perder su habilidad de compensar y liquidar dólares (USD).

El sistema financiero dominicano enfrenta estos retos. Hay mucho en juego. Las EIF, los supervisores y los demás participantes del mercado deben tomar cartas en el asunto. La prioridad debe ser coordinar su accionar – y sobre todo, demostrar que los controles existentes funcionan de manera efectiva.