Las Envasadoras de Gas Autorizadas son las que Explotan

Las recientes y desafortunadas explosiones de tres envasadoras de gas propano han tenido consecuencias en el ámbito de la formulación de políticas públicas. Más que nada, evocan la necesidad de reflexionar en torno a principios fundamentales de la regulación económica.

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) suspendió temporalmente el otorgamiento de nuevos permisos de envasadoras de gas hasta tanto “revisen la normativa” (ver ‘MIC Suspende Permisos Envasadoras’). A mi parecer, esto es una respuesta curiosa. Por un lado, se busca enviar el mensaje de que se está “tomando cartas en el asunto”. Pero las envasadoras de gas proyectadas no explosionan. Las envasadoras existentes son las que explotan.

Como analogía para entender mi crítica a estas medidas, tomemos el caso de los accidentes de tránsito. República Dominicana cuenta con una de las tasas de muerte por accidentes más alta del mundo (ver ‘RD registra tasa más alta en muertes de accidentes de tránsito’ y también: ‘RD ocupó segundo lugar mundial en muertes de accidentes de tránsito’). Ciertamente, para reducir el número de accidentes de tránsito, una solución efectiva no sería prohibir la emisión de nuevas licencias de conducir. Con esto no se resuelve el problema de los accidentes que ocurren con los conductores existentes.

Lo que es más, la suspensión de nuevos permisos constituye una medida anticompetitiva. Esto porque únicamente favorece a los propietarios de envasadoras de gas ya autorizadas al aumentar el valor económico de sus permisos. También crea barreras de entradas para nuevos competidores en ese mercado, en beneficio de los que ya disfrutan de su envasadora abierta. Por tanto, no sorprende la noticia de que las envasadoras apoyan la medida del MIC (ver ‘Envasadoras apoyan la resolución del MIC’). ¡El MIC está sofocando la competencia con esta medida y atrincherando a las envasadoras autorizadas!

Si PROCOMPETENCIA estuviera funcionando regularmente, estoy seguro de que su Director Ejecutivo tendría algo que decir sobre estas medidas del MIC.

Por tanto, las medidas del MIC no solucionan el problema de las externalidades negativas que existen en el mercado (envasadoras que explotan), sino que producen nuevas consecuencias negativas en detrimento de la competencia y del bienestar de los consumidores. Esto es un ejemplo para las aulas universitarias sobre regulaciones que no tienen efecto alguno, hacen más daño que bien – o peor, que tienen consecuencias indeseadas sobre un mercado. En otras palabras es un ejemplo de cómo no se debe regular una actividad económica.

La reacción social de preocupación ante el caso de las envasadoras de gas es común en el ámbito de la regulación de actividades riesgosas. La reacción del MIC también. Se pretende arreglar las puertas de la cárcel, luego de que los prisioneros han escapado. Todo esto ignorando además que los accidentes ocurren – y podrán ocurrir, sencillamente por un tema de riesgo y probabilidades. Esto lo digo objetivamente, sin intenciones cínicas ni con ánimo de pasar por insensible.

No existen regímenes de “cero fracaso” ni en el sector financiero, ni tampoco en sectores que conllevan actividades riesgosas. Esto significa que accidentes – como las explosiones – pueden ocurrir. Ahora, si las probabilidades de explosión aumentaron por un descuido de los trabajadores de las envasadoras, por un mecanismo defectuoso o por falta de supervisión adecuada, entonces esta es otra historia. Para estos casos están los tribunales, las pólizas de seguros, los despidos, los decretos de destitución y las urnas.

Se puede asociar este tipo de respuestas regulatorias a un fenómeno contemporáneo, señalado por Eduardo Jorge Prats y otros juristas, bajo el nombre de “populismo penal”. En el ámbito de la regulación el mismo concepto aplicaría: reguladores y supervisores que reaccionan ante hechos con regulaciones – carentes de razonamiento económico – y sólo enarboladas para responder al clamor popular o para enviar una señal de que “se está haciendo algo al respecto”. Cuando lo que debió hacerse, fue supervisar mejor las envasadoras existentes o ejercer los poderes de fiscalización durante el proceso de la autorización previa. Lo segundo mejor, revisar todas las envasadoras de gas luego de que explosionara la primera. No suspender las nuevas licencia cuando ya han explotado tres envasadoras.

Por tanto, en este caso uno se vería inclinado a concluir que se podría tratar de una medida anticompetitiva producto de una especie de “populismo regulatorio”.

Desde la perspectiva económica neoclásica la regulación se justifica ante la existencia de fallos del mercado. Estos son principalmente cuatro escenarios: externalidades, bienes públicos (problemas de coordinación), competencia (monopolios) y problemas de asimetría de información. En el caso de las envasadoras, estamos ante la presencia de posibles externalidades negativas – es decir, que cuando estas explotan afectan a terceros.

Regular cualquier actividad económica conlleva cierta responsabilidad. He escuchado a muchos analistas opinando sobre la necesidad de regular – desde los abogados, el agua, los notarios, a los locutores, hasta la cantidad de hombres que pueden montarse en una motocicleta. Toda intervención debe ser cautelosa porque implica necesariamente consecuencias (deseadas e indeseadas).

Por tanto hay que analizar cómo internalizar los costos sociales que impone la explosión de estas envasadoras y enfocarse en reducir la probabilidad de que ocurran accidentes en el futuro. Esto se logra con supervisión, no necesariamente con más reglas. No creo que la solución esté regulando por deporte – y mucho menos suspendiendo las envasadoras nuevas, cuando es evidente que las existentes pueden seguir explotando mientras el MIC revisa la normativa.

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