STRIPPED SECURITIES IN THE DOMINICAN REPUBLIC (Part 1/3)

This week’s post is on “stripping” in the Dominican Republic. But don’t get too excited. Nobody will drop his or her trousers. I am referring to the segregation of coupons or dividend payments from securities. This practice is commonly called (bond, securities) “stripping”. The resulting financial products are often called “strips”. Stripping is one of the novel practices included in the new Securities Market Regulations (Reglamento del Mercado de Valores) in the Dominican Republic.

In this brief series of posts I will explain what stripped securities are. I will discuss the business side of striped securities using an example from a leading textbook. I will then review the legal underpinnings that might stifle this practice from emerging with complete legal certainty.

1. Stripped Securities.  

 The first paragraph of Article 345 of the new Securities Regulations defines securities stripping as the ability to segregate coupons or other ancillary economic rights from securities. Warrants, interests, dividend payments, are all examples of the economic rights that can be “stripped” from a main security and traded independently as new securities in their own right.

Securities and interests in securities (like bonds or stocks) are bundled economic rights. These baskets of economic rights include principal repayment, and very often, a right to perceive regular streams of interest payments (in the case of bonds and preferred shares) or dividends (when they exist), in the case of common shares. Not too long ago, these economic rights were contained in a written document or certificate. These certificates often had small coupons attached, which allowed the proprietor of the security to demand payment of the corresponding economic rights whenever they were due.

Looked at from a business perspective, each coupon or dividend payment could be considered as an independent right to payment against the issuer of the security. Soon enough, some owners of securities sought to assign these coupons or pledge them for a different number of reasons: including temporary liquidity needs or simply because of business opportunities. The possibility of segregating coupons from the security allowed owners to tap into credit without necessarily assigning or trading the security.  However, because the coupons were associated with a main security and were mostly in paper form, their independent assignability was impaired.

This would later be resolved through technological advancements as we will discuss in the next post.

STRIPPING DE VALORES EN RD

Esta semana voy a hablar del “stripping”. Pero no sea mal pensado: nadie se desvestirá. Me refiero a la separación de cupones y otros accesorios de los valores negociables. Esta práctica que también se conoce como “stripping”, es una de las novedades que incorpora el artículo 345 nuevo Reglamento del Mercado de Valores.

En este breve artículo de opinión propongo explicar en qué consiste el “stripping”. Incluyo un ejemplo cuantitativo. Luego, analizo algunos de las posibles obstáculos legales que entiendo deben esclarecerse para poder desarrollar esta práctica con mayor seguridad comercial.

1. ¿En qué consiste?

El Párrafo I del artículo 345 define el “stripping” como la práctica que “consiste en designar como propietario de los cupones y accesorios, tales como los pagos de intereses, warrants, dividendos y otros derechos separables de los valores objeto de oferta pública, a un depositante distinto del propietario original del instrumento.” Si esto le parece un poco confuso, se lo explico más claro.

Los valores negociables (bonos, acciones) tienen derechos económicos relacionados. Estos incluyen: el repago de la inversión inicial y muy a menudo, el pago de intereses periódicos (en el caso de algunos bonos y las acciones preferentes) o dividendos (en el caso de las acciones comunes). Hace pocos años, la mayoría de estos derechos económicos estaban escritos en un documento. Este papel tenía unos “cupones” que le daban al titular el derecho de cobrar los intereses de un período o los dividendos correspondientes.

Cada cupón era prácticamente un derecho de crédito más o menos “independiente” contra el emisor de los valores. Pronto, algunos dueños de estos valores buscaron la manera de ceder o pignorar los cupones como valores en sí mismo. Esto se hacía por distintas razones. Algunas veces por una simple oportunidad de negocios. Otras, porque quizás el dueño necesitaba liquidez momentánea y no quería recurrir a vender el valor negociable completo.

Sin embargo, había un riesgo significativo que entorpecía la libre comercialización de estos cupones de manera independiente: la representación mediante títulos físicos y el régimen jurídico que los regía.

2. Un ejemplo puntual.

En su popular libro Financial Markets and Institutions, F. Mishkin y S. Eakins (2009, Pág. 467-468) brindan un ejemplo cuantificable para explicar una de las tantas oportunidades de negocios que puede presentar la posibilidad de segregar cupones o dividendos.

Según estos autores que ya cité, la práctica del stripping se popularizó en el 1982, producto de la innovación financiera anclada en la tecnología y promovida por los bancos de inversión Salomon Brothers y Merrill Lynch. Mishkin & Eakins utilizan un ejemplo sencillo valiéndose del concepto de valor presente. Lo explico mejor a continuación con un ejemplo derivado del texto.

Imagínese que el Banco Central de Ruritanía está ofreciendo bonos o letras con vencimiento a diez años, a una tasa de un 10% anual. El emisor paga sus cupones anualmente.

Algunos inversionistas (no profesionales) están dudosos de querer asumir un compromiso a tan largo plazo. Se preguntan: ¿Quién gobernará Ruritanía en el 2023? ¿Cuáles serán las condiciones económicas de Ruritanía? ¿Qué ocurre si el inversionista necesita su capital en caso de emergencia? ¿Si las tasas aumentan o si el banco central quiebra?

Unos intermediarios de valores entonces utilizan la tecnología de la información y la desmaterialización[1] (también se puede utilizar la titularización) para realizar la segregación de cupones. Supongamos que invierten un total de DOP 10 Millones. Con una tasa anual de 10%, el intermediario espera recibir DOP 1,000,000 cada año, durante diez años. Al final del vencimiento también recibirá de vuelta su inversión inicial de DOP 10 Millones. La Tabla 1 presenta el calendario de pagos de la inversión hipotética.  Cada año, el intermediario recibe un cupón por un millón de pesos (porque la tasa es de 10% anual). El décimo año el intermediario inversionista recibe el cupón anual correspondiente más el principal que invirtió (DOP 10,000,000).

Tabla 1

Calendario de Pagos de Inversión Hipotética de

 Bonos del Banco Central de Ruritanía

Año

Monto

1

Cupón anual de DOP 1,000,000

2

Cupón anual de DOP 1,000,000

3

Cupón anual de DOP 1,000,000

4

Cupón anual de DOP 1,000,000

5

Cupón anual de DOP 1,000,000

6

Cupón anual de DOP 1,000,000

7

Cupón anual de DOP 1,000,000

8

Cupón anual de DOP 1,000,000

9

Cupón anual de DOP 1,000,000

10

Cupón anual de DOP 1,000,000

Más

Capital de DOP 10,000,000

A través del “stripping”, el intermediario o el titular convierte cada cupón anual que espera recibir del Banco Central de Ruritanía en un bono independiente, cupón cero. Los bonos cupón cero se venden a descuento y no pagan intereses periódicos, sino que su dueño recibe un retorno en la forma de una ganancia de capital cuando el bono se redime. El intermediario que hace el “stripping” mantiene su inversión de DOP 10MM por 10 años en la letra, pero luego comercializaría sus cupones como valores negociables independientes.

Mediante este proceso es donde se percibe el razonamiento del negocio. En vez de emitir bonos con los mismos términos que la inversión original, el intermediario ajusta la tasa de interés, porque está ofreciendo títulos por un plazo menor al plazo de vencimiento de 10 años del Banco Central de Ruritanía. Asumamos que por esto ofrecerá los strips de cupones segregados a una tasa de 9.50% (50 puntos base menos que la tasa de 10% anual que recibe).

Cada cupón segregado ahora se vende en función de su valor presente o descontado. Este valor se deriva descontando cada cupón por la tasa ofertada (9.5%) y el tiempo de vencimiento (medido en años en este caso). La Tabla 2 muestra el valor presente de cada cupón y el principal segregado.

Tabla 2

Valor de Mercado de Bonos Cupón Cero Segregados de un Bono Subyacente de DOP 10,000,000 con una Tasa Anual de un 10%

 

(1)

Año

(2)

Pago de Efectivo

(3)

Tasa de Bonos Cero Cupón

(4)

Valor presente de los Bonos Cero Cupón

1

DOP 1,000,000

9.50%

DOP 913,242.01

2

DOP 1,000,000

9.50%

DOP 834,010.97

3

DOP 1,000,000

9.50%

DOP 761,653.85

4

DOP 1,000,000

9.50%

DOP 695,574.29

5

DOP 1,000,000

9.50%

DOP 635,227.67

6

DOP 1,000,000

9.50%

DOP 580,116.59

7

DOP 1,000,000

9.50%

DOP 529,786.84

8

DOP 1,000,000

9.50%

DOP 483,823.60

9

DOP 1,000,000

9.50%

DOP 441,848.03

10

DOP 1,000,000

9.50%

DOP 403,514.19

10

DOP 10,000,000

9.50%

DOP 4,035,141.87

TOTAL

DOP 10,313,939.90

GANANCIA

DOP 313,939.90

El intermediario luego procede a vender todos los strips cero cupón en función de su valor presente. Cuando sumamos el valor presente de todos los cupones segregados  y del principal (la columna 4), vemos que arroja un total de DOP 10,313,939.90. Vemos que existe una diferencia de DOP 313,939.90 respecto de la inversión inicial de DOP 10,000,000.00. Esta es la ganancia del negocio.

3. Reflexiones sobre el aspecto legal.

Finalmente, quiero compartir una reflexión de la configuración legal del “stripping” en el Reglamento del Mercado de Valores dominicano. El artículo 345 que ya cité dice que “(l)a separación de cupones y otros accesorios de los valores en depósito (stripping) serán libre y no requiere de la autorización del emisor ni del depósito centralizado de valores.” (Subrayado añadido)

Esto se traduce en términos llanos a que el reglamento le brinda un derecho a los propietarios de separar cupones y otros accesorios de sus valores sin contar con la autorización del emisor ni del depósitos centralizados de valores (“DCV”). Por su parte, el reglamento encarga a los propios DVC de preparar las reglas que reglamenten la práctica de stripping. Pero la verdadera novedad es que el reglamento parecería derogar una práctica del Código Civil Dominicano que requiere poner a todo deudor en conocimiento de una cesión de crédito mediante una notificación por acto de alguacil o el reconocimiento mediante un acto auténtico.

Esto no debe ser una sorpresa, ya que el régimen de propiedad y transferencia en el mercado de valores es puramente registral, como señala el Artículo 340 del propio Reglamento del Mercado de Valores. Pero la validez de la transferencia de un valor no es la cuestión en duda: la transferencia es una cosa muy distinta a la publicidad y los efectos jurídicos de la misma respecto de terceros (incluyendo al propio emisor deudor). Esto es lo que prescriben una serie de reglas que se desprenden de las disposiciones que establecen los Artículos 1690, 1691 y 1692 de nuestro Código Civil decimonónico.

El art. 1690 requiere que el comprador cesionario obtenga un reconocimiento ante notario del deudor o notifique la cesión del cupón o del accesorio al emisor, para “curarse en salud” frente a los terceros. No como un requisito de validez de la transferencia.[2] Este requerimiento legal subsiste a pesar de que existe un régimen registral seguro a través del DCV. Asimismo, el art. 1691 reconoce la validez del pago del emisor al propietario original si no se produce la notificación. Finalmente, el art. 1692 dice que “(l)a venta o cesión de un crédito, comprende los accesorios del mismo…”. Todo esto podría añadir una capa de complejidad legal y de riesgos al stripping.

No obstante, reconocemos que algunos de estos riesgos (principalmente, los primeros dos) se mitigan enormemente con la intervención del depósito centralizado de valores y el sistema registral que promueve el reglamento. El DCV provee las funciones esenciales de publicidad, transferencia y registro, que eliminan completamente los primeros dos riesgos señalados y revisten las operaciones del mercado de valores de mayor seguridad jurídica y comercial. Cuando el DCV funge como agente de pago en nombre del emisor, se mitiga el riesgo de que se paguen los intereses o accesorios a personas que no figuren como propietarios de los mismos en sus registros de propiedad.

En cuanto al Art. 1692, recomendamos que se modifique para coordinar mejor su contenido con el Reglamento del Mercado de Valores, y robustecer el régimen legal de segregación de accesorios de los créditos y valores negociables.

No podemos dejar de mencionar que el Reglamento del Mercado de Valores es un decreto y el Código Civil es una ley (tiene mayor jerarquía). Valoramos positivamente la disponibilidad del stripping en el mercado de valores dominicano, pero dada las preocupaciones legales que señalamos, nos parece que tanto la Ley de Mercado de Valores No. 19-00 y el Código Civil (que actualmente se está modificando) ameritan de modernización para calibrar mejor sus disposiciones y eliminar toda sombra de incertidumbre legal que pueda afectar el sano desenvolvimiento del mercado de valores dominicano.

 


[1] Esto no es más que la representación de los valores mediante anotaciones en cuenta. El artículo 45 del Reglamento del Mercado de Valores lo define como: “Depositar valores mediante el sistema de anotación en cuenta es poner valores bajo la custodia o guarda de un depósito centralizado de valores, constituido por ley en el registrador a cargo de crear y llevar el libro contable, que conforma el registro de propiedad de los valores entregados en depósito al depósito centralizado de valores.”

[2] Ver el artículo “La Notificación y la Aceptación en las Cesiones de Crédito” del fenecido jurista, Dr. Jottin Cury. Disponible en: http://jottincury.com/eng/publicaciones/PDF/Comercial/CO_02.pdf

Image

Comentarios al Reglamento de Subagentes Bancarios

Comentarios al Proyecto de Reglamento de Subagentes Bancarios

Enmanuel Cedeño-Brea

A continuación presentamos nuestros comentarios y sugerencias que hicimos el año pasado al nuevo  Reglamento de Subagentes Bancarios (cuando aún era “Proyecto de Reglamento” o el “Anteproyecto”), elaborado por el Banco Central de la República Dominicana. El Reglamento fue recientemente aprobado. El texto completo se encuentra disponible aquí: http://www.bancentral.gov.do/noticias/avisos/bc2013-03-12_Subagentes_Bancarios.pdf

1. Constitución Económica. Dentro de su preámbulo, el Proyecto de Reglamento debería hacer mención expresa de los artículos 217 y 222 de la Constitución Dominicana. Particularmente, el Artículo 222 que contempla que: “(e)l Estado reconoce el aporte de las iniciativas económicas populares al desarrollo del país; fomenta las condiciones de integración del sector informal en la economía nacional; incentiva y protege el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, las cooperativas, las empresas familiares y otras formas de asociación comunitaria para el trabajo, la producción, el ahorro y el consumo, que generen condiciones que les permitan acceder a financiamiento, asistencia técnica y capacitación oportunos.” (subrayado añadido)

2. Soporte Documental y Sistemas Informáticos. Recomendamos incluir que conjuntamente con el soporte registral y documental que deben llevar los subagentes bancarios de las operaciones que realizan, los documentos originales de las operaciones realizadas deban ser transferidos o enviados a las entidades de intermediación financiera contratantes. Esto sería para coordinar el soporte documental de los Subagentes con aquellos que tienen las entidades de intermediación financiera (EIF) bajo el Artículo 51 de la Ley Monetaria y Financiera No. 182-03 (LMF).

a. El Proyecto de Reglamento no hace mención de los requerimientos informáticos (mínimos) con los que deberán contar los subagentes bancarios para realizar sus operaciones.

3. Límites a las Operaciones. Para mayor claridad de interpretación, se debería especificar que el límite cuantitativo establecido (límite máximo) no aplique para las solicitudes de préstamos tramitadas con el Subagente Bancario, según el Artículo 9 (g) del Proyecto de Reglamento.

4. Inelegibilidades. El literal (h) del Artículo 13 establece como causal de inelegibilidad que: “el establecimiento comercial o su propietario haya incumplido con normas establecidas en este Reglamento o al contrato de Subagente Bancario con otra entidad de intermediación financiera.” Recomendamos especificar que dicho incumplimiento contractual sería reconocido por alguna autoridad jurisdiccional competente, y que no resultaría de la discreción de las EIF. De lo contrario, esto podrías tener repercusiones anticompetitivas significativas en detrimento de la Libertad de Empresa y la Iniciativa Privada. Lo mismo aplicaría para el Artículo 19, literal (k) y para el Artículo 27 del Anteproyecto.

5. Localización de Subagentes Bancarios. El requisito de que las EIF “predominantemente deberá seleccionar localidades urbanas o rurales en las que no tenga agencias o sucursales” establecido en el Artículo 15 del Proyecto de Reglamento, debería ser suprimido. Aunque podría servir para promover que la contratación de subagentes bancarios se focalice en las áreas dónde existen menos sucursales y/o cajeros automáticos, resulta poco razonable prohibir que proliferen los agentes por lo beneficiosa que podría resultar la expansión inicial de la sub-agencia. No deberían restringirse ni la penetración bancaria, ni la expansión geográfica de la red de bancarización.

6. Manejo de Datos Personales y Confidencialidad. Consideramos que el Anteproyecto debe contener más reglas y obligaciones expresas del tratamiento confidencial que deben dar los Subagentes a los datos personales y las transacciones de los clientes. Esta obligación debe reforzarse considerando que se trata de un derecho fundamental protegido constitucionalmente. El cumplimiento de estas obligaciones debería contener una parte sancionadora disuasiva que se encuentre normativamente vinculada con tipos penales existentes en otras legislaciones (ver punto 10, debajo).

7. Subagencia y Vías de Ejecución. Una parte importante de la introducción de la figura del subagente bancario es determinar cómo se verá afectada por el régimen jurídico aplicable a las vías de ejecución y los embargos. Si bien es cierto, que difícilmente podría modificarse el régimen sin una legislación especial, debe por lo menos llevarse a cabo un estudio de factibilidad normativa. Existen varias dimensiones a esta problemática que el regulador puede intentar esclarecer:

a. Insolvencia del subagente o embargos efectuados sobre el Subagente. ¿Qué ocurre si el Subagente entra en estado de cesación de pagos? ¿Qué ocurre con los bienes en efectivo que el subagente tiene (como detentador) en caso de un embargo efectuado por uno de sus acreedores? Quizás el reglamento pueda ofrecer mayor claridad respecto de estas cuestiones, sobre todo tratándose de entidades que manejaran dinero del público. Los mecanismos de pago entre la EIF y el subagente deben quedar operativamente blindados para que los usuarios no se vean afectados por estas situaciones. (A pesar de que el reglamento ordena que las EIF se hagan completamente responsables de las actuaciones de los subagentes bancarios, en el comercio cotidiano nadie se libra de ser embargado).

b. Embargos retentivos trabados en manos de los Subagentes. ¿Qué ocurre si los potenciales clientes reciben embargos retentivos u oposiciones en mano de los subagentes? ¿Cuál sería el rol de los subagentes? La relación entre el subagente y el cliente del banco debe ser definida mejor a nivel reglamentario para evitar que este tipo de prácticas ocurra en manos del subagente y provoque consecuencias litigiosas que (eventualmente) lo puedan llevar a enfrentar problemas de solvencia o liquidez, o que impidan que cumpla efectivamente con sus obligaciones contractuales con el público en general.

c. Insolvencia/resolución de las EIF. Debe eximirse a los subagentes de cualquier responsabilidad frente a los clientes por la resolución o insolvencia de las EIF que representan. Asimismo, si se está regulando el inicio de operaciones de los Subagentes, se debería regular su salida del mercado también.

d. Manejos de conflictos de interés. El manejo de conflictos de intereses entre el subagente y los clientes deber ser regulado con mayor detalle. Por ejemplo, en el Artículo 12 debe preverse (por ejemplo) la posibilidad de que los clientes eventualmente entablen líneas de crédito con los subagentes (popularmente, conocidos como “fiao”) con cargo a remesas futuras que pueden recibir, o contra desembolsos de préstamos. La posible proliferación de estos conflictos de intereses podrían llevar a que los subagentes “cautiven” a los clientes o compensen deudas contra los flujos de efectivo que manejen por cuenta de estos, etc. Por lo tanto, reglas claras sobre el manejo de conflictos de intereses serían deseables.

8. Exclusividad de la Sub-agencia. Aunque la exclusividad de la Sub-agencia parecería eliminar potenciales conflictos de intereses y oportunidades de competencia desleal, también podría ser perniciosa. Por ejemplo, en localidades geográficas donde no existan muchos candidatos idóneos para servir como Subagentes, se incentiva el potencial de monopolizar a los escasos candidatos elegibles para servir como sub-agentes. También la exclusividad podría atentar contra la libre competencia. Igualmente, podría reducir la oportunidad de realizar redes de corresponsalías entre distintas EIF (más común entre las cooperativas y mutuales). Recomendamos que esta política se escudriñe más y en el mejor de los casos, quede a la voluntad de las partes.

9. Resolución de Controversias entre EIF y Subagentes. Por la asimetría de poder de negociación y de recursos que existe entre las EIF y los Subagentes, recomendamos que se supervisen con mayor detalle los mecanismos de resolución de disputa entre los contratantes. Los Procedimientos que no queden debidamente monitoreados podrían contener cláusulas abusivas o procedimientos que beneficien mayormente los intereses de las EIF. También interesa que el procedimiento de resolución de disputas esté más claro, porque el Anteproyecto incluye disposiciones que podrían significar la revocación de la licencia para operar de los Subagentes por determinación privada (como advertimos en el Punto 4, arriba en base al literal (h) del Artículo 13).

10. Infracciones y Sanciones. La parte sancionadora del Proyecto de Reglamento está prácticamente “sin dientes”. De la redacción del Proyecto, las sanciones que se tipifican parecerían no existir todavía en la LMF y por ende, podría incumplirse con el Principio de Legalidad. Tampoco parece que el régimen sancionador aplique a las EIF. Más que nada, nuestra recomendación es que el Proyecto de Reglamento se podría enfocar en robustecer el régimen sancionador del Anteproyecto con aquellos tipos penales que ya se encuentran caracterizados en otros cuerpos legislativos, como: (a) el Código Penal (aunque resulta a la vez desfasado, pero contiene: abuso de confianza, fraude, etc.); (b) infracciones ya tipificadas en la LMF (como secreto bancario, obligatoriedad de las inspecciones, etc.; infracciones tipificadas en la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, entre otras más. La configuración normativa de estos tipos requerirá de una correcta referencia a los mismos, y como ya existen las debidas tipificaciones, entendemos que no se violaría el principio de legalidad que requiere el Derecho Penal.

11. Administración del Riesgo Moral. Las EIF deben crear un marco contractual de subagencia que les permita alinear efectivamente los incentivos de sus subagentes con los suyos. De no ser así, y con el manejo de cantidades agregadas significativas de dinero en efectivo se podría generar riesgo moral que incentive a los subagentes a incumplir con sus obligaciones. Las EIF deben diseñar esquemas contractuales-y sobre todo- operativos, que mitiguen la posibilidad de riesgo moral en las actuaciones cotidianas de los subagentes. El riesgo moral podría agravarse ante la ausencia de un régimen sancionador efectivo y la aparente dispersión de tipos penales aplicables para guiar la conducta de los subagentes por buen camino. Es por esto que tanto esta recomendación, como la anterior resultan de importancia fundamental para tratar de incentivar (y disuadir) los comportamientos de los subagentes durante la ejecución de sus obligaciones contractuales.

Inclusión financiera: comparación constitucional entre Italia y la República Dominicana (2/2)

II. Análisis Comparativo.

“El Estado reconoce la contribución de los populares iniciativas de desarrollo económico en el país, promueve las condiciones para la integración del sector informal en la economía nacional, estimula y protege el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas, empresas familiares y otras formas de asociación comunitaria para el trabajo, la producción, el ahorro y el consumo, lo que crea las condiciones que les permitan acceder a financiamiento, asistencia técnica y capacitación adecuada. “

Art. 222, Constitución de la República Dominicana (2010)

El italiano (1948) y las Constituciones dominicanas (2010) tienen una “brecha de promulgación” de unos 62 años. No obstante, la Constitución Económica italiano tiene muchas declaraciones progresistas dentro de su contenido. El Título 3 de la Parte I de la Constitución italiana (en adelante, “CI”) está enteramente dedicado a los derechos y deberes fundamentales que tienen los ciudadanos en sus relaciones económicas (Rapporti economici). El artículo 47 de la CI afirma que la República Italiana “alienta y protegerá el ahorro en todas sus formas“. Esto puede ser interpretado como una declaración de la importancia de la bancarización y del acceso a los depósitos bancarios y al sistema general de pagos.

El citado artículo 47 de la CI también afirma que la República (italiana): “regula, coordina y supervisa la operación de crédito“. Esto reflejaría una fuerte inclinación por la inclusión activa financiera y el acceso a los préstamos.

Por último, el párrafo segundo del artículo 47 establece que la “República (italiana) promueve … la participación directa e indirecta en las principales empresas nacionales a través del uso de ahorro privado“. Esto implica el tercer aspecto de la inclusión financiera que hemos destacado en la sección anterior. Su importancia es a menudo descuidada en otros sistemas. Se trata de una habilitación constitucional de los ciudadanos a invertir (directa o indirectamente)  en el patrimonio o el capital social de sus entidades de intermediación financiera nacionales. Esto simboliza la democratización de la propiedad, que es muy diferente de las ayudas estatales y los salvamentos en tiempos de crisis.

Si bien la Constitución Dominicana (“CRD”) es más reciente (2010), no contiene  excactamente esta última cláusula que conceda acceso de los ciudadanos a la propiedad del capital social dentro de las entidades de intermediación financieras de carácter accionario. El párrafo único del Artículo 219 si establece que: “Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, podrá tomar las medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la materia“.

Además, el artículo 222 de la CRD (citado al principio de esta sección) contiene declaraciones expresas sobre la importancia del ahorro, la asignación de créditos y asistencia técnica (educación financiera) para el empoderamiento económico de sus ciudadanos.

A modo de conclusión, podemos apreciar que tanto la Constitución Dominicana como la Constitución Italiana tienen disposiciones relativas a la inclusión financiera. Ambas constituciones parecen priorizar el ahorro (la inclusión financiera pasiva) y la asignación de crédito (inclusión financiera activa).

No obstante, la Constitución italiana incluye el elemento importante de acceso a la participación dentro del capital social de las empresas nacionales. Esto podría ser interpretado como la posibilidad y el empoderamiento de los ciudadanos a adquirir acciones dentro de las entidades de intermediación financiera (de naturaleza “societaria o accionaria”) como una forma de inversión y ahorro. La Constitución dominicana incluye un tipo similar de disposición, pero sólo aplica: (a) de manera preferente a los trabajadores (de la empresa) y a las organizaciones solidarias y de trabajadores: y (b) cuando el Estado decide enajenar su participación accionaria.