Más Bancos que Bancas

Hace ya aproximadamente un año desde que tomaron auge los movimientos de indignados, prestos para ocupar las calles y las sedes de los principales mercados financieros del mundo. Desde Occupy Wall Street en Nueva York, hasta Occupy LSX en Paternoster Square junto a la Catedral de San Pablo de Londres[1], la consigna de protesta parecía ser la misma: la economía financiera debe estar al servicio de la economía real, y no viceversa. Esta es en esencia la misma conclusión a la que llegó el regulador financiero del Reino Unido, Lord Adair Turner, cuando denunció que los mercados financieros y sus productos deben agregar valor y brindar utilidad a la sociedad. (The Future of Finance: the LSE Report, 2010).

¿Cómo podemos lograr que los mercados financieros (banca, seguros y mercado de valores) funcionen para todos? De esto se ha ocupado gran parte del movimiento de inclusión financiera, que busca involucrar a las personas de menores ingresos y aquellas que por diversos motivos han sido excluidas tradicionalmente de los servicios financieros. Podemos clasificar la inclusión financiera bancaria en: inclusión activa (acceso al crédito, microfinanciación y a productos bancarios), la inclusión financiera pasiva (bancarización, acceso al ahorro y al sistema de pagos), y la inclusión financiera para invertir en el capital de las entidades de intermediación financiera (“EIF”) de carácter accionario (democratización del capital). También podemos hablar de inclusión financiera en el mercado de seguros y en el mercado de valores (a través de ofertas de inversión de poco valor nominal).

¿Por qué importa la inclusión financiera? Porque con los bajos niveles de ingresos que tenemos en la República Dominicana resulta difícil pensar que muchas personas dediquen altos porcentajes de sus entradas a comprar seguros o a invertir en valores negociables o a conformar ahorros en las entidades de intermediación financiera. Además existe una distribución asimétrica de los créditos bancarios, poco acceso al sistema de pagos y a la economía formal y altos niveles de marginalidad financiera para algunas personas y pequeñas y medianas firmas. En fin, hay más bancas (de apuestas) que bancos.

Sobre esto, la Constitución Dominicana declara en su Artículo 222 que: “[e]l Estado reconoce el aporte de las iniciativas económicas populares al desarrollo del país; fomenta las condiciones de integración del sector informal en la economía nacional; incentiva y protege el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, las cooperativas, las empresas familiares y otras formas de asociación comunitaria para el trabajo, la producción, el ahorro y el consumo, que generen condiciones que les permitan acceder a financiamiento, asistencia técnica y capacitación oportunos.” El jurista dominicano Omar Victoria ha llamado la problemática de la inclusión financiera y del acceso al crédito como “el gran tema del sistema financiero del siglo XXI.” Añadiendo que “Las políticas de acceso al crédito constituyen unas de las principales herramientas para la reducción de la exclusión económica y social.” (O. Victoria, Constitución Comentada de FINJUS, 2012).

Un buen punto de partida para lograr mayor inclusión es eliminando las barreras de acceso a los mercados financieros. Estas a menudo son barreras económicas, jurídicas (normativas), sociales o geográficas.

En cuanto a las barreras geográficas, cabe resaltar positivamente que la Junta Monetaria ha puesto en consulta pública el Reglamento de los Subagentes Bancarios. Como bien señaló recientemente el miembro de la Junta Monetaria, Ing. Ramón Núñez, la norma ayudaría a que “farmacias, ferreterías, colmados y otros comercios actúen en representación de los bancos”[2]. Esto podría generar mayor penetración de los servicios financieros en los lugares más remotos del país donde las EIF no tienen sucursales y donde existen pocos cajeros automáticos (“ATM”). El Mapa Bancario que publica la Superintendencia de Bancos denota cuáles son las provincias más bancarizadas y cuáles son aquellas que cuentan con menos sucursales y ATM. También refleja grandes desigualdades como que la tasa activa promedio en Pesos Dominicanos (tasa a la que los bancos prestan) en Independencia era de 43.8 puntos porcentuales (al 30 de junio de 2012), mientras que en la Provincia de Santo Domingo era de apenas 17.3 puntos porcentuales. Una brecha de 26.5 puntos porcentuales.

Como sureño, el Presidente Medina debe tomar nota de la grave exclusión financiera que afecta a la Región Sur del país. Por ejemplo, en esta región al 30 de junio de 2012 solamente habían 98 oficinas y 146 cajeros automáticos, comparados con 380 oficinas y 617 cajeros en la Región Norte. En Pedernales solamente había una oficina y 2 cajeros automáticos en la referida fecha. Es decir que el Presidente, quien recientemente tuvo dificultad de encontrar un baño en una visita por el Sur, estaría expuesto a tampoco poder encontrar un cajero bancario para hacer un retiro en esa zona.

La falta de educación financiera es otra barrera de acceso en la República Dominicana. Afecta tanto a las personas excluidas del sistema, como a otros que no sienten confianza de sus conocimientos en materia de finanzas. Por eso pueden existir clientes bancarizados que tienen lagunas o simplemente no conocen del todo el alcance de los productos financieros que regularmente consumen. Cabe señalar los esfuerzos que realiza la Superintendencia de Bancos para promover mayor información y educación financiera. Uno de los esfuerzos privados más notables para educar lo lleva a cabo el analista financiero Alejandro Fernández W., quien a través de su columna Argentarium escribe sobre estos temas, los explica y enseña de una manera sencilla y directa.

El propio Argentarium es uno de los que mejor explica las barreras económicas a la inclusión financiera. En una serie de artículos titulados “El Lado Oscuro del Ahorro” (I-IV), demuestra claramente los costos de transacción y las barricadas económicas que hacen que ciertos servicios bancarios sean simplemente prohibitivos para algunos de nosotros.

En el plano legal, ya nos hemos pronunciados respecto de algunas disposiciones de la Ley de Sociedades que sirven de barrera de acceso para la creación de empresas. El capital mínimo de las SRL (de DOP 100,000) y el capital suscrito y pagado mínimo de las sociedades anónimas (de DOP 3,000,000) son dos de estas políticas que esclerotizan la iniciativa privada económica y la formación de empresas. Esta última barrera dificulta la salida a bolsa de nuevas empresas y podrías estar contribuyendo con los reducidos niveles de operaciones sobre valores emitidos por empresas del sector privado en el mercado de valores.

En fin, aplaudimos esta primera iniciativa de la Junta Monetaria de promover la Sub-agencia Bancaria en nuestro país. Esperemos que la intención de gravar los intereses a las personas físicas no le mate el gallo en la funda a esta valiosa política. Quizás en el futuro cercano en la República Dominicana podamos contar con más bancos que bancas de apuestas.

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