Análisis Económico y la Estructura Política

El análisis económico es una herramienta poderosa. Puede servir para discernir algo de sentido entre la nebulosa euforia política. Así como existe el Análisis Económico del Derecho (que no es más que aplicar la teoría microeconómica a los problemas jurídicos), también existe el análisis económico aplicado a la política y el gobierno.  Esta metodología se conoce como la Teoría de Elección Pública (Public Choice Theory o “TEP”) y fue desarrollada por economistas y científicos políticos, incluyendo a James Buchanan (Nobel, 1986),  Elinor Ostrom (única mujer nobel de Economía, 2009),  Kenneth Arrow (Nobel, 1972) Gary Becker (Nobel, 1992), Gordon Tullock, entre muchos otros más.

Pero nada de esto es reciente. Según el Institute of Economic Affairs (IEA), desde finales del Siglo 18, pensadores como el Marqués de Condorcet y Jean-Charles de Borda analizaban las teorías de las decisiones electorales intentando desarrollar sistemas más elaborados de sufragio. Algunas de estas teorías fueron retomadas a partir de 1876 por el escritor y matemático Charles Dodgson (mejor conocido por su nombre de pluma, Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas).

Quiero enfocar esta reflexión para hacer un ejercicio de análisis económico de algunos aspectos de nuestro sistema político y electoral. Esta inquietud surge a partir de un análisis de lo que denominaré el Dilema Electoral Dominicano y de otras iniciativas importantes que han surgido desde el seno de la juventud civil (principalmente, el Proyecto-documental sobre Bipolítica).

1. Los Políticos y Partidos como Firmas.

Según la TEP, los políticos son agentes económicos (no sólo porque algunos roban). Bajo un análisis microeconómico neoclásico, los políticos buscan optimizar votos. Según la TEP, un político racional buscará maximizar todos los votos que pueda para permanecer en su cargo público y seguir derivando utilidad del mismo. Esto no es necesariamente incorrecto, pero cuando añadimos el factor corrupción (intentar magnificar la utilidad del cargo a través de acciones ilegales o contrarias a la ética pública), entonces caemos en lo que los analistas han denominado la búsqueda de rentas (o rent-seeking). Entonces terminamos con unos zombis políticos y un gigantesco problema de agencia: funcionarios que se aferran al carguito como garrapatas a un perro.

Los políticos participan en el sistema electoral a través de asociaciones con apoyo del mandante: el electorado (el Pueblo). Estas asociaciones son los partidos políticos. Una vez incorporados y reconocidos por el regulador electoral, los partidos políticos se convierten en firmas, en el sentido económico. El objetivo del partido político es, nueva vez, maximizar votos (y miembros).

Como firma, el partido político es distinto a una empresa y a una ONG. Sin embargo, una mirada más cercana nos demuestra algunas de sus ventajas. Para iniciar una firma, según la teoría económica, se necesita combinar al menos dos insumos: capital (K) y trabajo (L). Sin embargo, para tener un partido político se requiere principalmente de membresía y simpatizantes (L). El Capital (K) de los partidos políticos lo asumen los contribuyentes dominicanos. Es decir, hay un problema distributivo que inicia con el subsidio de estas firmas intermediarias de la democracia, a través de una financiación directa con el dinero de los impuestos de los contribuyentes dominicanos.

Esta primera distorsión allana el camino para promover y magnificar el problema de agencia entre el electorado y los elegidos. Una vez los electos asumen sus cargos, suelen poner sus propios intereses personales por encima de los intereses de sus votantes. La democracia representativa funciona en base a un mandato (los economistas le llaman “agencia”). Sin embargo, cuando los mandatarios (el mandante siempre es el Pueblo) hacen lo que les viene en gana, se rompe el contrato de mandato y los gobernantes secuestran a los gobernados.

Como dice la Constitución en su Artículo 2: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes…”. El problema de agencia surge a partir del propio Artículo 2 que establece que estos poderes se ejercen indirectamente a través de la intermediación de los partidos políticos. Los partidos dominicanos deben cumplir con sus objetivos constitucionales, según el Artículo 216 de la Constitución Dominicana. Esto implica poner los intereses del Pueblo por encima de los intereses personales de los dirigentes políticos y los objetivos de las propias instituciones también.

En la curva de la Demanda democrática está el votante o consumidor electoral, que se supone que debe ser racional. Sin embargo, este ideal casi nunca se cumple, ya que como veremos más adelante, el Dupolio Partidario y el Dilema Electoral Dominicano (entre otras cosas[1]), hacen que la gente vote de manera táctica e incluso a veces irracional.

2. El Duopolio Partidario y la Captura Ciudadana.

El segundo “fallo de gobierno” surge durante el período de transición democrática de la República Dominicana. Pasamos del monopolio del Partido Dominicano a la apertura del mercado electoral. Sin embargo, hoy día la estructura del mercado electoral está dominada por un duopolio de dos grandes oferentes: el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Si analizamos las cuotas históricas del mercado de votos de cada partido en la República Dominicana a partir de 1962, veremos una alta concentración poco saludable para la democracia. Durante las Elecciones de 1962 se presentaron 8 partidos, pero el PRD liderado por don Juan Bosch arrasó con casi el 59% de los votos. El segundo contendor fue la Unión Cívica Nacional (UCN) con el Dr. Viriato Fiallo en la boleta, que obtuvo un 30% de los votos. La concentración total fue de aproximadamente un 89% entre dos partidos políticos de un total de 8 que se presentaron en dichas elecciones[2].

Lo mismo ocurrió en las Elecciones Presidenciales de 1966, cuando se presentaron 10 partidos a los comicios, pero dos partidos acumularon el 93.23% de los votos. El Partido Reformista obtuvo un 56.48% y el PRD un 36.75%[3].

Más recientemente, los comicios Presidenciales de 1994 (si, aquellos tan controvertidos) arrojaron resultados un poco menos concentrados. En estas elecciones, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y sus aliados constituyeron una tercera opción de considerable peso. La distribución de votos quedó en 13.12% para el PLD, 42.20% para el PRSC y aliados; y 41.55% para el PRD y aliados. Es decir, que el índice de concentración de los dos principales partidos y sus aliados (PRD y PLD) apenas sumó aproximadamente 83.75%. Aunque no es un estado idílico en cuanto a estructura de mercado, el duopolio cedió un poco para convertirse en un oligopolio, con la creciente participación del PLD y del Partido Revolucionario Independiente (PRI), que obtuvo un 2.29% de los votos[4].

En las últimas Elecciones Presidenciales de 2008, dos partidos y sus aliados  (PRD y PLD) concentraron el 94.31% de los votos válidos. En total, habían 7 candidatos presidenciales[5]. En cualquier mercado regulado, esto constituye evidentemente una estructura de mercado duopólica, completamente peligrosa para el consumidor de la democracia: el votante. Como política pública podríamos incluso proponer regular la competencia de los partidos políticos.

3. El Dilema Electoral Dominicano.

La Teoría de la Elección Pública se comprueba en la estructura política dominicana. El reeleccionismo anatema nos acosa y es una de las principales causas de nuestra voluble historia constitucional. Los funcionarios se quieren aferrar a los cargos porque derivan utilidad de ellos. Esto no necesariamente equivale a corrupción: usted no tiene que “robar” para derivar la utilidad que viene con el cargo. Yipetas, nombramientos, salarios, tickets de gasolina, son todos gajes del oficio y no constituyen corrupción por sí solos.

No obstante, los incentivos para acumular riquezas y magnificar la utilidad que se deriva del cargo nos lleva al terreno de la corrupción. Esto es lo que los economistas y analistas políticos llaman la “búsqueda de rentas”. Cuando sumamos estos nuevos incentivos al paquete de compensación de un agente político, nos damos cuenta dónde surge el problema de agencia y por qué nadie quiere renunciar al carguito.

Cuando enfocamos la estructura del mercado político y el duopolio en la curva de la oferta, nos damos cuenta que hemos caído en un verdadero dilema. Entre las acepciones etimológicas de esta palabra se esconde una ilustración adecuada: resulta en una verdadera disyuntiva política entre dos malas alternativas, por una de las cuales hay que optar.

Esto es lo que algunos jóvenes recientemente han denominado la bipolítica. Evidencia de un mercado electoral duopólico, donde hay que elegir entre dos malas opciones. Pero, ¿qué rol juegan los partidos minoritarios en fortalecer la democracia dominicana?

Durante las últimas elecciones presidenciales, ninguno. Los partidos pequeños se han convertido en pequeñas y medianas empresas (PyMES). Los partidos pequeños optan estratégicamente con cuál de los grandes partidos aliarse para garantizar la utilidad de sus miembros.

Piénselo. Tener un partido es más rentable que emprender un negocio porque está subsidiado con el dinero del electorado. Las decisiones recientes de la Junta Central Electoral (JCE) de no reconocer algunos partidos emergentes simplemente constituyó una barrera al mercado que: (1) consolida la posición dominante de los partidos que constituyen el duopolio (PLD y PRD); y (2) robustece y aumenta el poder de negociación de los partidos minoritarios ya existentes y les permite “amarrar” mejores cuotas dentro de un eventual gobierno. (Por estas razones me opongo a las alianzas políticas en primera vuelta electoral).

En fin, estas son sólo algunas reflexiones de los interesantes estudios que se pueden realizar de la estructura política y del gobierno utilizando el análisis económico.