Tocando Fondo: inconsistencia temporal y el SBA con el FMI

Esta semana hago un paréntesis a la serie sobre “El Futuro de la Regulación Financiera” para comentar sobre la decisión del Gobierno dominicano de suspender el arreglo stand-by (el “SBA”) con el Fondo Monetario Internacional (el “Fondo” o “FMI”). Esta decisión impacta directamente el panorama regulatorio monetario y financiero de la República Dominicana, porque como ya había comentado, la reforma de la Ley Monetaria y Financiera era una de las condiciones estructurales inconclusas bajo el SBA[1]. Como pretendo exponer, las excusas y justificaciones presentadas por el Gobierno no explican la totalidad del asunto con el Fondo, ni mucho menos el fondo del asunto.

El Asunto con el Fondo.

Resulta paradójico que una gran parte de la opinión pública y del empresariado estaba apoyando el SBA con el FMI. La impresión generalizada es que un compromiso con el Fondo presionaba al sector oficial para mantenerse fiscalmente responsable, manejando prudentemente el gasto público en la antesala de un año electoral. También el SBA enviaba un mensaje positivo a los obligacionistas nacionales e internacionales de la República Dominicana y a sus demás acreedores. Lo más importante era que mantenía a la población calmada.

Luego de anunciar la suspensión del SBA, el Gobierno demagógicamente declaró que las relaciones con el FMI continúan a través del Programa de Post Monitoreo (“PPM”, por sus siglas en inglés). Es obvio que las relaciones con el FMI no culminan porque RD haya decidido suspender el SBA. Todavía hay que pagar el dinero que hemos tomado prestado. Pero como han señalado algunos notables economistas, el PPM no garantiza disciplina económica. Mucho menos en un año electoral.

La oposición política, principalmente a cargo del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) argumenta que fue el Fondo que le sacó los pies al gobierno de RD. El Ministro de Economía en unas declaraciones resaltó que “El PRD firmó acuerdo con el FMI y no pasó una revisión. Nosotros vamos para ocho años en el Gobierno y hemos pasado 14 revisiones, [los perredeístas] fueron unos irresponsables […]”. Por su lado, el empresariado y algunos notables economistas, como Bernardo Fuentes, afirman que los agentes económicos ya habían modelado sus expectativas económicas porque sabían que el gobierno eventualmente iba a relevar sus verdaderas preferencias. Después de todo, ya se habían retrasado dos revisiones y hacia el 17 de noviembre de 2011 David Hawley, subdirector del Departamento de Relaciones Externas del FMI había dicho que el SBA estaba enchivado porque “las autoridades no habían cumplido con ciertos requisitos, particularmente en el sector energético”.[2] Para los dirigentes de campañas esto equivalía a un corto-circuito político: peligro, alto (precio) del voltaje electrocuta votos.

Durante las ruedas de prensa de Diciembre de 2011[3] y de Enero de 2012, el Director del Departamento de Relaciones Externas del FMI, Gerry Rice, había comentado que se mantenían las discusiones sobre políticas técnicas y que una misión especial del Departamento de Asuntos Fiscales había visitado la RD a principios de diciembre para analizar el régimen fiscal, en calidad de misión de asistencia técnica. Todo indicaba otra reforma fiscal.

Estas dilaciones y el impasse que existía denotaba que había algo detrás del asunto con el Fondo. El viejo dilema de la elección pública (public choice), la búsqueda de rentas (rent-seeking) y la reelección anatema. Sea el PLD, el PRD o cualquier otro partido, cuando los políticos están en el poder buscarán maximizar votos. Esto es un claro problema de agencia, porque deberían estar buscando maximizar el bienestar de sus electores y representados. Por el contrario, le cogen cariño al carguito y a los beneficios que emanan del poder público y deciden perpetuarse a toda costa y a cualquier precio. Es decir, un partido que busca reelegirse, no puede darse el lujo de eliminar subsidios populares, aumentar tarifas eléctricas ni seguir poniendo parches a un sistema fiscal ineficiente. Así como es difícil ver a un loco rompiendo papeletas de dinero, también  es improbable que usted vea a un político rompiendo votos, especialmente si podrían ser a su favor.

El Fondo del Asunto.

El fondo de todo esto es el problema de la inconsistencia temporal o dinámica. Esta teoría microeconómica intenta explicar cómo antes de períodos electorales las autoridades monetarias varían o manipulan la política económica para acomodar la reelección. Esta teoría es que justifica la independencia del Banco Central y de sus principales funcionarios. No obstante, en el caso que nos atañe, la inconsistencia emana del gobierno central y podría ser más peligrosa: es una inconsistencia dinámica de toda la política económica, no sólo de la monetaria.

La problemática se agudiza cuando pensamos en el veredicto de los principales economistas: el vencedor de las elecciones de Mayo de 2012 tendrá que retomar el SBA. Es decir, que existe la posibilidad de que la disciplina la tenga que asumir o el gobierno de Mejía (que encima tendrá que gobernar con un Feria Morada); o el gobierno de Medina que dará continuidad a las decisiones pato-cogistas del Presidente Fernández y un PLD dispuesto a hacer cualquier cosa por ganar las elecciones, pero también que hará lo que sea por recoger el desastre electoral y recuperar la estabilidad, incluyendo apretarle nuevamente los cinturones a los agentes económicos.   

Ellos se comen las uvas, pero nosotros sufrimos la dentera.

Los dominicanos estamos hartos de que nos tomen de bobos. Tal o cual gobierno/partido político siempre recurre a sus artimañas para trocarnos espejitos por oro. No sólo nos roban y engañan constantemente, enriqueciéndose con nuestro dinero cada cuatro años, sino que también nos toman el pelo (y los pesos) desde hace ya casi 168 años. Mientras ellos se comen las uvas, nuestros hijos y nosotros sufrimos la dentera.

Ayer, el editorial de un periódico rebosando de inusual optimismo anunciaba estoicamente que: “No hay, pues, que temer a nada”. Es cierto, no hay que temer a nada, porque “la nada” es una abstracción, igual que “todo”. Por eso, no hay que temer cuando el propio FMI anuncia que hay que manejarse con cautela porque la crisis europea podría impactar a Latinoamérica. Tampoco hay que tener miedo a un año electoral donde una reñida contienda perfila dispendio. No hay que tener miedo porque la capacidad de contribución ilimitada de los dominicanos brinda combustión al riesgo moral de los políticos. No hay nada que temer: esa paciencia, esos bolsillos sin fondo, esa tolerancia a la inflación y a la corrupción, ese analfabetismo miserable y funcional, esa desgraciada virtud de hacerse de la vista gorda y seguir trabajando sin quejarse, sumergidos en la pobreza: en fin todas estas virtudes que nos caracterizan, nos salvarán.

No hay nada que temer: la población pagará la factura cuando quebremos como Grecia.

Análisis Económico y la Estructura Política

El análisis económico es una herramienta poderosa. Puede servir para discernir algo de sentido entre la nebulosa euforia política. Así como existe el Análisis Económico del Derecho (que no es más que aplicar la teoría microeconómica a los problemas jurídicos), también existe el análisis económico aplicado a la política y el gobierno.  Esta metodología se conoce como la Teoría de Elección Pública (Public Choice Theory o “TEP”) y fue desarrollada por economistas y científicos políticos, incluyendo a James Buchanan (Nobel, 1986),  Elinor Ostrom (única mujer nobel de Economía, 2009),  Kenneth Arrow (Nobel, 1972) Gary Becker (Nobel, 1992), Gordon Tullock, entre muchos otros más.

Pero nada de esto es reciente. Según el Institute of Economic Affairs (IEA), desde finales del Siglo 18, pensadores como el Marqués de Condorcet y Jean-Charles de Borda analizaban las teorías de las decisiones electorales intentando desarrollar sistemas más elaborados de sufragio. Algunas de estas teorías fueron retomadas a partir de 1876 por el escritor y matemático Charles Dodgson (mejor conocido por su nombre de pluma, Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas).

Quiero enfocar esta reflexión para hacer un ejercicio de análisis económico de algunos aspectos de nuestro sistema político y electoral. Esta inquietud surge a partir de un análisis de lo que denominaré el Dilema Electoral Dominicano y de otras iniciativas importantes que han surgido desde el seno de la juventud civil (principalmente, el Proyecto-documental sobre Bipolítica).

  1. Los Políticos y Partidos como Firmas.

Según la TEP, los políticos son agentes económicos (no sólo porque algunos roban). Bajo un análisis microeconómico neoclásico, los políticos buscan optimizar votos. Según la TEP, un político racional buscará maximizar todos los votos que pueda para permanecer en su cargo público y seguir derivando utilidad del mismo. Esto no es necesariamente incorrecto, pero cuando añadimos el factor corrupción (intentar magnificar la utilidad del cargo a través de acciones ilegales o contrarias a la ética pública), entonces caemos en lo que los analistas han denominado la búsqueda de rentas (o rent-seeking). Entonces terminamos con unos zombis políticos y un gigantesco problema de agencia: funcionarios que se aferran al carguito como garrapatas a un perro.

Los políticos participan en el sistema electoral a través de asociaciones con apoyo del mandante: el electorado (el Pueblo). Estas asociaciones son los partidos políticos. Una vez incorporados y reconocidos por el regulador electoral, los partidos políticos se convierten en firmas, en el sentido económico. El objetivo del partido político es, nueva vez, maximizar votos (y miembros).

Como firma, el partido político es distinto a una empresa y a una ONG. Sin embargo, una mirada más cercana nos demuestra algunas de sus ventajas. Para iniciar una firma, según la teoría económica, se necesita combinar al menos dos insumos: capital (K) y trabajo (L). Sin embargo, para tener un partido político se requiere principalmente de membresía y simpatizantes (L). El Capital (K) de los partidos políticos lo asumen los contribuyentes dominicanos. Es decir, hay un problema distributivo que inicia con el subsidio de estas firmas intermediarias de la democracia, a través de una financiación directa con el dinero de los impuestos de los contribuyentes dominicanos.

Esta primera distorsión allana el camino para promover y magnificar el problema de agencia entre el electorado y los elegidos. Una vez los electos asumen sus cargos, suelen poner sus propios intereses personales por encima de los intereses de sus votantes. La democracia representativa funciona en base a un mandato (los economistas le llaman “agencia”). Sin embargo, cuando los mandatarios (el mandante siempre es el Pueblo) hacen lo que les viene en gana, se rompe el contrato de mandato y los gobernantes secuestran a los gobernados.

Como dice la Constitución en su Artículo 2: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes…”. El problema de agencia surge a partir del propio Artículo 2 que establece que estos poderes se ejercen indirectamente a través de la intermediación de los partidos políticos. Los partidos dominicanos deben cumplir con sus objetivos constitucionales, según el Artículo 216 de la Constitución Dominicana. Esto implica poner los intereses del Pueblo por encima de los intereses personales de los dirigentes políticos y los objetivos de las propias instituciones también.

En la curva de la Demanda democrática está el votante o consumidor electoral, que se supone que debe ser racional. Sin embargo, este ideal casi nunca se cumple, ya que como veremos más adelante, el Dupolio Partidario y el Dilema Electoral Dominicano (entre otras cosas[1]), hacen que la gente vote de manera táctica e incluso a veces irracional.

2. El Duopolio Partidario y la Captura Ciudadana.

El segundo “fallo de gobierno” surge durante el período de transición democrática de la República Dominicana. Pasamos del monopolio del Partido Dominicano a la apertura del mercado electoral. Sin embargo, hoy día la estructura del mercado electoral está dominada por un duopolio de dos grandes oferentes: el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Si analizamos las cuotas históricas del mercado de votos de cada partido en la República Dominicana a partir de 1962, veremos una alta concentración poco saludable para la democracia. Durante las Elecciones de 1962 se presentaron 8 partidos, pero el PRD liderado por don Juan Bosch arrasó con casi el 59% de los votos. El segundo contendor fue la Unión Cívica Nacional (UCN) con el Dr. Viriato Fiallo en la boleta, que obtuvo un 30% de los votos. La concentración total fue de aproximadamente un 89% entre dos partidos políticos de un total de 8 que se presentaron en dichas elecciones[2].

Lo mismo ocurrió en las Elecciones Presidenciales de 1966, cuando se presentaron 10 partidos a los comicios, pero dos partidos acumularon el 93.23% de los votos. El Partido Reformista obtuvo un 56.48% y el PRD un 36.75%[3].

Más recientemente, los comicios Presidenciales de 1994 (si, aquellos tan controvertidos) arrojaron resultados un poco menos concentrados. En estas elecciones, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y sus aliados constituyeron una tercera opción de considerable peso. La distribución de votos quedó en 13.12% para el PLD, 42.20% para el PRSC y aliados; y 41.55% para el PRD y aliados. Es decir, que el índice de concentración de los dos principales partidos y sus aliados (PRD y PLD) apenas sumó aproximadamente 83.75%. Aunque no es un estado idílico en cuanto a estructura de mercado, el duopolio cedió un poco para convertirse en un oligopolio, con la creciente participación del PLD y del Partido Revolucionario Independiente (PRI), que obtuvo un 2.29% de los votos[4].

En las últimas Elecciones Presidenciales de 2008, dos partidos y sus aliados  (PRD y PLD) concentraron el 94.31% de los votos válidos. En total, habían 7 candidatos presidenciales[5]. En cualquier mercado regulado, esto constituye evidentemente una estructura de mercado duopólica, completamente peligrosa para el consumidor de la democracia: el votante. Como política pública podríamos incluso proponer regular la competencia de los partidos políticos.

3. El Dilema Electoral Dominicano.

La Teoría de la Elección Pública se comprueba en la estructura política dominicana. El reeleccionismo anatema nos acosa y es una de las principales causas de nuestra voluble historia constitucional. Los funcionarios se quieren aferrar a los cargos porque derivan utilidad de ellos. Esto no necesariamente equivale a corrupción: usted no tiene que “robar” para derivar la utilidad que viene con el cargo. Yipetas, nombramientos, salarios, tickets de gasolina, son todos gajes del oficio y no constituyen corrupción por sí solos.

No obstante, los incentivos para acumular riquezas y magnificar la utilidad que se deriva del cargo nos lleva al terreno de la corrupción. Esto es lo que los economistas y analistas políticos llaman la “búsqueda de rentas”. Cuando sumamos estos nuevos incentivos al paquete de compensación de un agente político, nos damos cuenta dónde surge el problema de agencia y por qué nadie quiere renunciar al carguito.

Cuando enfocamos la estructura del mercado político y el duopolio en la curva de la oferta, nos damos cuenta que hemos caído en un verdadero dilema. Entre las acepciones etimológicas de esta palabra se esconde una ilustración adecuada: resulta en una verdadera disyuntiva política entre dos malas alternativas, por una de las cuales hay que optar.

Esto es lo que algunos jóvenes recientemente han denominado la bipolítica. Evidencia de un mercado electoral duopólico, donde hay que elegir entre dos malas opciones. Pero, ¿qué rol juegan los partidos minoritarios en fortalecer la democracia dominicana?

Durante las últimas elecciones presidenciales, ninguno. Los partidos pequeños se han convertido en pequeñas y medianas empresas (PyMES). Los partidos pequeños optan estratégicamente con cuál de los grandes partidos aliarse para garantizar la utilidad de sus miembros.

Piénselo. Tener un partido es más rentable que emprender un negocio porque está subsidiado con el dinero del electorado. Las decisiones recientes de la Junta Central Electoral (JCE) de no reconocer algunos partidos emergentes simplemente constituyó una barrera al mercado que: (1) consolida la posición dominante de los partidos que constituyen el duopolio (PLD y PRD); y (2) robustece y aumenta el poder de negociación de los partidos minoritarios ya existentes y les permite “amarrar” mejores cuotas dentro de un eventual gobierno. (Por estas razones me opongo a las alianzas políticas en primera vuelta electoral).

En fin, estas son sólo algunas reflexiones de los interesantes estudios que se pueden realizar de la estructura política y del gobierno utilizando el análisis económico.


[1] Como el sistema de Doble Vuelta Electoral.

[2] Fuentes: JCE y Gaceta Oficial.

[3] Fuentes: JCE y Gaceta Oficial.

[4] Luego de estas controvertidas elecciones, donde el ganador electoral fue despojado de su victoria, se establecieron dos políticas electorales: una favorable y otra desfavorable para la democracia. Primero, la favorable, en mi opinión fue desagregar las elecciones presidenciales de las elecciones municipales y congresuales. La otra regla, fue la Segunda Vuelta, que ha sido perjudicial para nuestra democracia.

[5] Fuentes: JCE y Gaceta Oficial.

Moscas en la SOPA

El pasado 18 de enero de 2012, la página principal de Wikipedia (en inglés) estaba de apagón. Algunoswikintelectuales temblaron. La razón era una protesta en contra de dos proyectos legislativos que se discutían simultáneamente en ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos de America: el Stop Online Piracy Act (“SOPA”) y elProtect IP Act (“PIPA”). Las redes sociales estaban repletas de comentarios respecto de SOPA y PIPA. Según un tuit del fundador de Wikipedia, Jimmy Wales, aproximadamente 162 millones de usuarios alrededor del mundo vieron el mensaje de protesta en contra de los controversiales anteproyectos legislativos[1]. En este artículo pretendo analizar sucintamente algunos de los puntos más controvertidos detrás de SOPA y PIPA, bajo la óptica del análisis económico del derecho, la teoría constitucional comparada y un poco de clasicismo civil. 

 

La PIPA de la discordia: comprendiendo la controversia 

Antes de criticar o apoyar a SOPA y/o PIPA necesitamos comprender qué exactamente es lo que pretenden regular y cómo proponen hacerlo. El objetivo detrás de ambas piezas es combatir la piratería-particularmente, las violaciones decopyright en la Internet[2]. SOPA y PIPA están enfocadas en proteger el uso indebido de multimedia: proyección de películas en línea, tráfico de música, texto, vídeos musicales e imágenes, entre otras. La amenaza contra estos derechos patrimoniales provendría principalmente de los llamados “ladrones de contenido”: páginas web con servidores ubicados en paraísos digitales, dedicadas a reproducir contenido protegido sin autorización de los autores-y por supuesto, sin que estos vean un centavo.

SOPA venía con dientes. Según la BBC, el proyecto proponía encarcelar a quienes fueran encontrados culpables de reproducir (streaming) multimedia protegida en más de diez ocasiones durante un plazo de 6 meses[3]. Esto era una respuesta de peso frente a lo que muchos venían clamando durante años: mayor protección a la propiedad intelectual en la Internet[4]. Sin embargo, la oposición repentina surgió porque ambas piezas imponían muchas responsabilidades en los intermediarios, como los buscadores de Internet (search engines), los agentes procesadores de pagos en línea, los anunciantes y hasta proveedores de servicios. Incluso, bajo SOPA se impondrían restricciones para prohibir que estos intermediarios basados en EEUU comercialicen con los supuestos ladrones de contenido ubicados en servidores extranjeros. Cualquier interesado hubiese podido demandar fácilmente a los violadores y a sus intermediarios como cómplices.

La problemática subyacente detrás de esta importante discusión de políticas públicas parece ser un choque de conflictos de intereses. Por un lado, los llamados “Grupos de Contenido” -pesos pesados como: Google, Wikipedia, Youtube, Twitter, Facebook, LinkedIn, etc.- pretenden bloquear los esfuerzos que quieren promover los ejecutivos de las industrias cinematográfica y fonográfica en EEUU. Sin embargo, el principal argumento para congelar la discusión de SOPA y PIPA fue la cantidad de cargas gravosas, costosas y hasta sofocantes que ambas piezas legislativas impondrían a firmas pequeñas que tendrían que mantener una minuciosa supervisión de su contenido, hasta niveles excesivos de aprobación de comentarios, por ejemplo, que incluyeran vínculos a violaciones de copyright.

¿Qué tiene de mala la SOPA? 

Según Richard Posner, desde la óptica del análisis económico del derecho (“AED”), la tensión tradicional respecto de la PI ha sido intentar lograr un balance entre incentivar la producción de obras y permitir el acceso de terceros[5]. Esto quiere decir, que la normativa (que no es más que una redistribución de derechos de Propiedad, como argumentaba el Nobel economista Ronald Coase), debe calibrar la tensión que existe entre un propietario (autor, inventor, etc.) que incurre un costo de producción elevado y espera derivar beneficios económicos de su creación frente a las expectativas de los potenciales consumidores de dicha PI, que desean obtener acceso a la misma.

Lo anterior puede parecer demasiado abstracto, pero si lo enfocamos en contexto práctico se comprende mejor. Un escritor escribe una novela e incurre un alto costo, muchas veces hundido (que no recupera nunca). Las farmacéuticas invierten millones en investigación y desarrollo de fármacos, los productores de películas y de álbumes musicales también gastan mucho. Sin embargo, una vez la novela, la patente del fármaco, el álbum o la película están disponibles, es muy fácil fotocopiar el libro, replicar la medicina, quemar el CD o reproducir la película mediante una página pirata por la Internet. Esto es lo que la doctrina se refiere como el alto costo fijo (a veces hundido) de producir la PI, vis-a-vis un costo marginal irrisorio o incluso, inexistente[6].

Pero la normativa debe tener cuidado de cómo distribuye cargas, obligaciones y “derechos de propiedad”. La principal acusación algunos promotores de mayor protección de la PI (como el semanario The Economist) realizan contra SOPA es que redistribuye ineficientemente derechos y obligaciones[7]. En el lenguaje jurídico, reparte el onus de manera desproporcionada al imponer demasiadas obligaciones en los intermediarios cibernéticos.

Para ilustrar mejor este punto, podemos desempolvar un viejo debate jurídico dentro de la tradición civilista francesa: Marcel Planiol y los personalistas contra el mundo. Si estudiamos introducción al Derecho utilizando textos de los hermanos Mazeaud recordaremos las duras criticas que estos dedicaron al pobre Marcel Planiol. Planiol había formulado una teoría que personalizaba los derechos reales (olvidemos la PI por el momento, porque en aquél tiempo no se sabía aún dónde encasillarla correctamente). La teoría proponía que como resultado de la convención social de reconocer la propiedad privada, cada individuo de la colectividad tiene en su patrimonio una obligación pasiva (de no hacer) de respetar los derechos reales de los demás. En resumida cuenta, Planiol y otros juristas argumentaban que todo derecho real es en realidad un vínculo personal. Es decir, los asemejaba a una obligación generalizada de no molestar el disfrute ajeno de sus cosas.

Para los civilistas clásicos, este argumento era fallido. Planiol intentó reformar su teoría con Georges Ripert, pero no fue aceptada con el mismo ímpetu con la que caló la teoría clásica, que desestimaba esta supuesta “obligación pasiva” universal como “absurda” y poco práctica. Sin embargo, podemos interpretar la teoría personalista como una concepción más comprensiva de lo que debemos entender como “Derechos de Propiedad” que equivaldría a lo que los clásicos llaman “Derechos Patrimoniales”. (en lo adelante, referidos simplemente como “Propiedad” sensu lato). Por supuesto, esta Propiedad incluye también la PI que pueda apreciarse en términos pecuniarios y forma parte del patrimonio.

La escasez es uno de los principales argumentos para explicar por qué la PI difiere de las otras formas de Propiedad[8]. En Economía, la optimización funciona partiendo del supuesto de que debemos ser eficientes con recursos limitados, restricciones y deseos ilimitados. Pero a diferencia de los derechos reales, las modalidades de PI son infinitas. Esto no implica que no se deba proteger de alguna manera la PI, porque como demuestra la doctrina convencionalmente aceptada, entonces no habrían incentivos para innovar y continuar produciendo obras, películas, producciones musicales, medicamentos, ordenadores, teléfonos inteligentes, etc.

No obstante, aunque estemos de acuerdo con proteger la Propiedad en cualquiera de sus formas, debemos proteger la libertad también. En esto fue que SOPA y PIPA aparentemente fracasaron. Algunos críticos han argumentado que resulta demasiado gravoso intentar perseguir a los “ladrones de contenido” imponiendo cargas y obligaciones onerosas a los intermediarios que comercializan de buena fe y en cumplimiento de las leyes. En el ámbito metafórico de los derechos reales y la discusión doctrinal personalista, equivaldría a intentar imponer una obligación pasiva universal con relación a la PI. Esta redistribución normativa de derechos de Propiedad equivaldría a lo que los economistas llaman una externalidad negativa. Es como si para combatir el robo en el barrio, al colmado de la esquina se le impusiera la obligación de asegurarse que los ladrones no estuvieran comprando en el negocio como clientes de buena fe.

Algunos constitucionalistas estadounidenses han argumentado que además SOPA es inconstitucional[9]. Particularmente, el Profesor Laurence Tribe de la Universidad de Harvard considera que algunas disposiciones del proyecto SOPA son inconsistentes con la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU que consagra la Libertad de Expresión porque, entre otras cosas, se precipita a “delegar a partes privadas la supresión de la libertad de expresión sin intervención judicial[10]. Esto porque cualquiera podría prevenir a un buscador o procesador de pagos online de que haga negocios con supuestos violadores de PI mediante una simple notificación y sin intervención judicial alguna.

El debate regulatorio alrededor del trasfondo de SOPA y PIPA incluso alcanzó la arena internacional. Algunos países que recientemente habían estado a punto de ratificar el Tratado Comercial Anti-Falsificación (en ingles, Anti-Counterfeit Trade Agreement o “ACTA”), se pronunciaron en contra o se retiraron de las negociaciones porque -en una época donde las negociaciones de la Ronda de Doha se encuentran paralizadas- entendían que “los países ricos estaban buscando promover su riqueza de PI”[11]. Esto significa que no existe consenso acerca de la protección que se debe brindar alcopyright y al derecho de autor en la Red. Esta situación es paradójica, porque la tecnología se ha desarrollado vertiginosamente alrededor de la explotación de la PI, y viceversa.

Por el momento, SOPA se ha enfriado y PIPA parece haberse apagado. Sin embargo, en algún lugar remoto, debe haber algun estudiante sudoroso, cruzando los dedos de que Wikipedia no vuelva a tener apagones permanentes durante períodos de entrega de trabajos.

enmanuelcedenobrea@yahoo.com 

Bibliografía 

Artículos Académicos 

Calandrillo, Steve, “An Economic Analysis of Intellectual Property Rights: Justifications and Problems of Exclusive Rights, Incentives to Generate Information and the Alternative of a Government Reward System”, 9 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 301.

Landes, William y Richard Posner, “An Economic Analysis of Copyright Law”, 18 J. Leg. Stud. 325, 325-33, 344-53 (1989). 

Posner, Richard, “Intellectual Property: the Law and Economics Approach”, Journal of Economic Perspectives—Volume 19, Number 2—Spring 2005—Pages 57–73.

Tribe, Lawrence, “The Stop Online Piracy Act (SOPA) Violates the First Amendment”. Disponible en:http://www.net-coalition.com/wp-content/uploads/2011/08/tribe-legis-memo-on-SOPA-12-6-11-1.pdf. 

Artículos Periodísticos 

BBC News. 2012. “Sopa and Pipa anti-piracy bills controversy explained”, 17 de enero 2012,http://www.bbc.co.uk/news/technology-16596577.

The Economist. 2012. “Stopping SOPA: A backlash from the internet community against attempts to rein in content thieves”. 21 de Enero de 2012,http://www.economist.com/node/21543173.

The Economist. 2012. “ACTA up: Protests across Europe may kill an anti-piracy treaty”. 11 de Febrero de 2012,http://www.economist.com/node/21547235.

The Economist. 2012. “Internet regulation: Black ops”. 17 de Enero de 2012,http://www.economist.com/blogs/babbage/2012/01/internet-regulation.

The Economist. 2012. “Accessories after the facts”. 26 de Noviembre de 2011,http://www.economist.com/node/21540281.

The Economist. 2012. “How many people saw the SOPA blackout”. 20 de Enero de 2012,http://www.economist.com/blogs/babbage/2012/01/web-statistics.


 

[1] The Economist. 2012. “How many people saw the SOPA blackout”. 20 de Enero de 2012,http://www.economist.com/blogs/babbage/2012/01/web-statistics.

[2] Por violaciones de copyright debemos entender lo que para fines funcionales referimos como “Derecho de Autor” en nuestro ordenamiento; Ver XALABARDER, Raquel (2005). «Copyright y derecho de autor: ¿convergencia internacional en un mundo digital?». En: «Copyright y derecho de autor: ¿convergencia internacional en un mundo digital?» [monográfico en línea]. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política. N.º 1. UOC. [Fecha de consulta: 20/FEB/2012] http://www.uoc.edu/idp/1/dt/esp/xalabarder02.pdf.

[5] Posner, Richard, “Intellectual Property: the Law and Economics Approach”, Journal of Economic Perspectives—Volume 19, Number 2—Spring 2005—Pages 57–73.

[7] The Economist. 2012. “Internet regulation: Black ops”. 17 de Enero de 2012,http://www.economist.com/blogs/babbage/2012/01/internet-regulation.

[8] Posner y Landes explican con mayor detalles otras diferencias: ver Landes, William y Richard Posner, “An Economic Analysis of Copyright Law”, 18 J. Leg. Stud. 325, 325-33, 344-53 (1989); y Posner, Richard, “Intellectual Property: the Law and Economics Approach”, Journal of Economic Perspectives—Volume 19, Number 2—Spring 2005—Pages 57–73.

[10] Tribe, Lawrence, “The Stop Online Piracy Act (SOPA) Violates the First Amendment”. Disponible en: http://www.net-coalition.com/wp-content/uploads/2011/08/tribe-legis-memo-on-SOPA-12-6-11-1.pdf.